Galicia acusa de mano blanda a las autoridades pesqueras españolas

SEGUNDO MARIÑO, La amenaza de paralización de la flota pesa sobre los armadores gallegos, para cuyos barcos se han cerrado las aguas portuguesas y las que están bajo la jurisdicción de la Comunidad Económica Europea. Si tal cosa llega a ocurrir, resultará muy difícil poner nuevamente los barcos en servicio a causa de la acumulación de costes, ha advertido el director gerente de la Cooperativa de Armadores.

En aguas de la CEE faenan habitualmente 80 arrastreros con base en La Coruña y otros 65 de Vigo, además de 35 palangreros vigueses y 15 más de La Coruña. Se dedican fundamentalmente a la pesca de gallo, pescadilla y sapo.

En las costas portuguesas son 309 los barcos gallegos que echan sus redes. Capturan sobre todo cigala, además de langosta, bogavante, merluza, rape y gallo. Estimaciones hechas por los propios armadores señalan que las pérdidas diarias por falta de acuerdos con las autoridades portuguesas y comunitarias son del orden de los 35 millones de pesetas! Esta situación afecta a unos 5.500 marineros y a otras 50.000 personas que trabajan en la tierra, datos que reflejan el alcance social de la situación creada.

Contrapartidas

En el sector se hace evidente la preocupación y se extiende la duda sobre la capacidad de reacción del Gobierno, que puede verse seriamente condicionado por su interés en mantener abiertos los mercados para otras exportaciones españolas. La balanza de pagos francesa, al igual que ocurre con la -portuguesa, es claramente favorable a España y los armadores entienden que ellos pueden resultar los sacrificados por las cautelas que la Administración española mantendría para no romper su ventajosa situación e indican que, si bien es cierto que el conjunto de la economía española sale ganando en el intercambio con los dos países, esta posición no repercute en ningún sector productivo gallego. Temen, en suma, pagar con su ruina el auge de otros sectores y otras regiones españolas.

Los armadores gallegos intentaron, sin éxito, que se les autorizase a pescar en los caladeros de Galicia una vez que se retiraron de ellos los pesqueros portugueses. La Administración no accede a esta petición por entender que supondría arrasar los propios caladeros.

Hay acusaciones concretas de blandura hacia los responsables de la política pesquera española y los armadores se muestran partidarios de un endurecimiento. "Hay que ser un poco más duros y dar algún capón a algún país para despabilarlo", declaró el director gerente de la Cooperativa de Armadores, Enrique López Beiga. Se trataría de exigir el cumplimiento del convenio firmado en 1969 por ambos países, con veinte años de vigencia, que permite que los pesqueros de España y Portugal faenen entra las seis y doce millas de las respectivas jurisdicciones. Esta medida, entienden, sería irreprochable desde el punto de vista del derecho internacional, pero produciría sin duda un serio enfrentamiento de imprevisibles consecuencias.

Por otra parte, los armadores entienden que caben fórmulas diversas para presionar sobre nuestros vecinos y lograr una reapertura de sus mares. Piden en concreto que España cierre sus fronteras al pescado procedente de la CEE y Portugal porque, al faltar el español, se vende a precios más altos de lo normal. Se estima que Portugal exporta a nuestro país 1.230 toneladas diarias de pescado, parte del cual entra de forma fraudulenta, ya que pagan aranceles por las especies más baratas, como la sardina y el jurel y el contenido de las cajas es de especies nobles.