El Gobierno investiga supuestas irregularidades en las ayudas a los afectados por las inundaciones

El delegado del Gobierno en la región, Eduardo Ferrera, ha ordenado la apertura de una investigación para aclarar supuestas irregularidades en el reparto de ayudas a los damnificados por el desbordamiento del río Segura el pasado mes de octubre.

La denuncia fue formulada el pasado martes por damnificados del municipio de Molina de Segura, que elevaron un escrito a través del alcalde de esa localidad, Francisco Vivas. Los denunciantes aseguran que "la falta de una investigación real", por parte de los organismos oficiales, para averiguar cuáles son los datos auténticos originados en las viviendas ha dado lugar a algunas irregularidades en el reparto de ayudas. Al respecto, señalan que funcionarios del Patronato de Protección a la Vivienda Rural les presentaron para la firma varios impresos en blanco. Por otra parte, estos perjudicados consideran que las ayudas establecidas son de todo punto "desproporcionadas e insuficientes" consideran que algunos vecinos reciben grandes cantidades de dinero por pequeños desperfectos, mientras que otros, más perjudicados, "no han recibido más que miserias".En la delegación del Gobierno se espera aclarar el asunto antes de que finalice la semana; mientras tanto, se considera que, en cualquier caso, los hechos denunciados pueden obedecer a cierta imprudencia, descartando cualquier posibilidad de fraude. En realidad, en la sede de dicho organismo se han recibido cerca de 2.000 peticiones de ayudas para subvencionar el arreglo de las viviendas afectadas por la riada, asi como para la reparación del mobiliario casero. Sin embargo, la delegación sólo ha atendido a la mitad de los solicitantes, con el reparto de un total de 60 millones de pesetas, cantidad que aún no ha terminado de distribuir. Al parecer, la delegación del Gobierno reclamará una ampliación de estos fondos, ya que reconoce que son insuficientes. En concreto, se espera la llegada de otros cerca de cuarenta millones de pesetas.

Las ayudas a fondo perdido denunciadas corresponden a una partida que el Gobierno destinó para aliviar, "como un primer auxilio", a los afectados en sus bienes personales. No afecta, por tanto, a la cuantificación y posterior reparto de ayudas y subvenciones en concepto de daños en la agricultura o instalaciones industriales, daños que el Gobierno de la comunidad autónoma estimó en su día alrededor de los 2.000 millones de pesetas.

Los damnificados de Molina de Segura, finalmente, se quejan del retraso en hacer efectivas las ayudas, así como en la falta de rigor en su reparto. Recuerdan que su objetivo era ayudar inmediatamente a solucionar los primeros problemas familiares de los hogares cercanos al río.