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El secuestro de Miguel Ignacio Echeverría

"Euskadi no necesita redentores", afirma el Gobierno autónomo vasco

El Gobierno explicó ayer la postura que adoptará en torno al secuestro del joven guipuzcoano Miguel Ignacio Echeverría, perpetrado el pasado lunes en San Sebastián. Según manifestó el vicepresidente Alfonso Guerra, después de una larga entrevista mantenida con Felipe González, el Gabinete no favorecerá el pago de rescates, "pero tampoco prohibirá la utilización de medios humanitarios para salvar una vida humana". Guerra, que confirmó implícitamente que la familia Echeverría ha pagado el impuesto revolucionario, destacó la importancia de la colaboración ciudadana para resolver estos casos y acuso de gangsters a los secuestradores. Mientras, en Legazpia y en San Sebastián se anuncian manifestaciones de condena del hecho, que se atribuye a la organización terrorista ETA Político militar-VIII Asamblea.

EL Gobierno autónomo vasco condenó ayer severamente el secuestro del joven Miguel Echeverría, señalando que "Euskadi no necesita redentores; ni de un color ni de otro, y mucho menos de. origen terrorista". El portavoz del ejecutivo autónomo, Ramón Labáyen, aunque dijo -en el curso de una conferencia de Prensa celebrada en Vitoria- que el Gobierno autónomo vasco estaba de acuerdo con las medidas preconizadas por el Gobierno socialista tendentes a dificultar el libre mercado de los secuestros, fue muy explícito en relación al papel del mediador: "Es lógico que se entorpezca el tráfico monetario, pero no se puede condenar a priori la figura del intermediario".Después de establecer una notable diferencia que, a su juicio, existe entre el papel desempeñado por una persona que media en un secuestro por intereses lucrativos y la que lo hace desinteradamente, el portavoz del Gobierno vasco declaraba que "todo el mundo tiene derecho a defender su propia vida y, por tanto, no pensamos que la intermediación como principio pueda ser condenada sin matizaciones".

Mostraba el Gobierno vasco su acuerdo genérico con las medidas anunciadas por el Gobierno socialista "para dificultar este tráfico indecente", pero no ocultaba sus discrepancias con la persecución del intermediario, por entender que su papel puede llegar a ser eficaz si se trata de salvar una vida en peligro. En este sentido Labayen insistía en que "el Gobierno vasco no considera propio que este tipo de intermediaciones se condene".

Actuaciones negativas

Al referirse a las repercusiones económicas que puedan tener extorsiones de este tipo, el portavoz del Gobierno autónomo calificaba estas actuaciones de "negativas", ya que provocarán, a su juicio, un retraso en la recuperación económica, "que se está ya sintiendo en Euskadi". Por esta razón, estos secuestros, en opinión del Gobierno vasco, constituyen "un atentado a la nación vasca y a sus ansias de normalizar su situación presente y su futuro".

Tras descartar rotundamente. que el Gobierno autónomo vasco estuviera interviniendo en la investigación de las últimas acciones terroristas -"porque actualmente dependen exclusivamente del Gobierno central"-, Ramón Labayen lanzaba un SOS desesperado. Como si, consciente del nerviosismo político que no ha ocultado ETA Político-militar en sus últimos secuestros, temiera -en consecuencia- un desenlace trágico, señaló: "Sería imperdonable que le ocurriera algo a este chico. La inmensa mayoría de este pueblo no lo podría perdonar. Las personas que han cometido este rapto no tienen otra salida que la de soltar al secuestrado y reconocer que han cometido un disparate".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de enero de 1983