La familia Echeverría había sufrido extorsión económica por ETA Militar

La noticia, indirectamente confirmada ayer por una fuente del Ministerio del Interior, según la cual la familia Echeverría estaría pagando desde hace tiempo a ETA Militar el denominado impuesto revolucionario, parece abonar la hipótesis de la responsabilidad de los poli-milis de la VIII Asamblea en el secuestro de Miguel Ignacio Echeverría. La familia, mientras tanto, continuaba ayer sin recibir comunicación alguna procedente de los secuestradores.

La posibilidad de que los Echeverría estuviesen pagando el impuesto a los milis -que ayer no fue ni confirmada ni desmentida por la familia-, es desde luego verosímil, y el secuestro no podría citarse como prueba en contrario: no sería la primera vez que los sistemas de recaudación de milis y poli-milis se interfieren mutuamente. Estos últimos renunciaron oficialmente al impuesto revolucionario hace cuatro años por considerar que su práctica, resultaba "desestabilizadora para el proceso democrático y autonómico". Por aquella época, el principal reproche que ETA (pm) dirigía a los milis era precisamente el de "carecer de proyecto político alternativo al estatuto" y de practicar en consecuencia "una política de mera desestabilización global ( ... ) que debilita al conjunto de la izquierda en lugar de reforzarlo".Basándose en "lo inusual del comportamiento y lo extraño de algunas palabras que los secuestradores habrían intercambiado con la familia", el diario Egin avanzaba ayer la hipótesis de que "el secuestro podría ser obía de la extrema derecha, que buscaría así enfrentar al Gobierno con sus propias y recientes promesas de cortar las fuentes de financiación de los grupos armados". Admite Egin, sin embargo, que la opinión más generalizada señala a ETApm como autora del secuestro.

De hecho, éste se produjo apenas 48 horas después de que los octavos reiterasen su negativa a negociar una tregua y su voluntad de "organizar una importante campaña de recuperación de la plusvalía que el sistema capitalista arranca a la clase obrera". A mediados de diciembre, cuando se cumplía un mes del secuestro de Saturnino Orbegozo, la revista nacionalista Euzkadi informaba de la recepción por algunos industriales guipuzcoanos de cartas reclamando el pago del impuesto firmadas indistintamente por ETA Militar y los polimilis de la VIII Asamblea.

Los recientes pronunciamientos de estos últimos, así como sus acciones, parecen tener poco que ver con la pretensión, flirmemente mantenida hasta fecha reciente por sus ideólogos, de la existencia de un hilo político conductor de su estrategia. En la ponencia de los octavos que sirvió, ahora hace un año, para teorizar la ruptura de la tregua acordada en febrero de 1981 y la escisión con el sector séptima asamblea, puede encontrarse abundantes argumentos contra lo que ha acabado por convertirse en línea de actuación del grupo.

Autocrítica

Así, en una autocrítica sobre el pasado de la organización, se reconoce que el error había consistido en la "separación de la lucha armada de la dinámica popular, entrando en otra sustituista". Y también que "es importante realizar una autocrítica sobre las limitaciones de la práctica armada" ya que ésta no puede darse "al margen de la lucha de masas o institucional que en cada coyuntura se produce". Tales reproches -referidos al propio pasado o proyectados contra la práctica de los milis- no impedían a los octavos propugnar para el futuro "una intervención armada que tenga un carácter verdaderamente participativo y de masas" y que sirva para "potenciar una alternativa progresista al estancamiento autonómíco y democrático".

El fracaso de la operación Orbegozo habría sido determinante en esta especie de huida hacia adelante en que parecen haberse empeñado los poli-milis. Olvidadas de momento las hasta hace poco habituales referencias a las "relaciones dialécticas entre teoría y praxis", la necesidad de, a la vez, conseguir dinero rápidamente, y hacer olvidar el para ellos poco glorioso desenlace del anterior secuestro, se ha traducido en la realización de una de las más antipopulares acciones emprendidas hasta la fecha por los polimilis y en la publicación de un panfleto en el que explican aquél desenlace por la "traición" de sus antiguos compañeros del sector VII Asamblea.

Precisiones

Fuentes de los octavos desmintieron ayer al diario Deia la información, aparecida la vispera en algunos periódicos locales, según la cual un sector de la organización estaría dispuesto a integrarse en ETA Militar. Los milis, por su parte, dejaron claro hace ya algunas semanas que no tenían ningún interés en esa eventual fusión, precisando que "si quieren entrar, tendrán que hacerlo de uno en uno". Las fuentes citadas por Deia finalizan asegurando estar, en el terreno político, "a la expectativa de lo que resulte de grupos como Nueva Izquierda -sector escindido de Euskadiko Ezkerra-, LAIA e independientes próximos a HB".

Sin embargo, las recientes declaraciones de los principales dirigentes de Nueva Izquierda -verdaderos impulsores de esa "tercera vía" intermedia entre HB y EE- desmarcándose de los polimilis y pronunciándose expresamente "en contra de la lucha armada", parecen dejar a los octavos huérfanos de cualquier referencia política a la que acogerse, al menos de inmediato.

Es ese carácter incontrolado de la actual actividad polimili -en el sentido de no sometida a una lógica política cualquiera- lo que hace más imprevisible su comportamiento en el desenlace del secuestro. La dureza del Ministerio del Interior respecto a la posibilidad de negociar el rescate ha suscitado, por ello mismo, reacciones encontradas en los medios empresariales vascos.

Así, si tales medidas parecen estar en línea con algunas de las sugerencias avanzadas en su día por el empresario vizcaíno Luis Olarra -bloqueo de las cuentas bancarias-, la "complejidad misma del problema" hace que tales medidas le parezcan "precipitadas y más bien irreflexivas" a José María Vizcaíno, presidente de la patronal guipuzcoana ADEGUI, que se pronunció ayer en tal sentido en el programa informativo regional de TVE.

Por su parte, Gonzalo Artiach, presidente del Centro Empresarial Vizcaíno -que agrupa al sector de la patronal de dicha provincia enfrentado a la línea representada por Olarra- tuvo interés en dejar bien claro que "si es cierto que los empresarios debemos colaborar con la Administración, no lo es menos que el monopolio de la Justicia corresponde en exclusiva a los poderes políticos, por lo que toda tentación de sustituir a estos solo puede traer desastrosas consecuencias".

El industrial Juan Félix Eriz, que actuó como intermediario, por razones humanitarias, en el secuestro de Orbegozo y en otros anteriores y que fue por dicho motivo detenido el pasado día 31 y posteriormente puesto en libertad por el juez, declaró ayer que "si el secuestrado fuera mi hijo, no haría caso del ministro, porque ni él ni nadie me iban a decir lo que tengo que hacer en un caso así".