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EDUCACIÓN

Cesado el director del INBAD, por presunta malversación de fondos

La Dirección General de Enseñanzas Medias ha decidido destituir al director del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD), Pedro Arranz, y nombrar como director en funciones al actual vicedirector. La decisión se ha producido después de un estudio sobre el funcionamiento contable y administrativo de este organismo, del que se desprenden indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos.

Según fuentes oficiales, un estudio exhaustivo realizado por la Inspección General de Servicios revela "la falta de soportes fiables para los registros de anotaciones relacionadas con el importe económico de matrículas y tasas, así como administrativos y académicos".Dicho estudio observa, siempre según las fuentes oficiales, la falta de control efectivo sobre el almacén de publicaciones e impresos y de los movimientos de entradas y salidas de existencias. "También se detectan anomalías de tesorería relativas a libretas de imposición a plazo fijo y sus intereses consecuentes, deudas pendientes, devolución de dinero por matrículas anuladas por diversos motivos desde hace bastante tiempo y nóminas por valor de diez millones de pesetas sin ninguna base legal de justificación, y la exanción incorrectamente denominada 'cuota de material didáctico' que, según dicho informe, pudiera implicar la comisión de actos supuestamente calificados como infracciones de tipo penal. El informe de la inspección señala gastos en torno a 98 millones de pesetas en partidas no reglamentarias que pudieran constituir un delito de malversación de caudales públicos".

Por otra parte, se ha ordenado la comparecencia ante la Inspección de Educación del actual director del centro nacional de formación profesional Instituto Politécnico de Palomeras-Vallecas, Volpini Rueda, junto con su antecesor en el cargo, Eduardo Acero, en relación con la investigación en curso sobre presuntas irregularidades denunciadas por un grupo de profesores. Los dos directores deberán responder sobre su pertenencia al consejo de administración de una entidad inmobiliaria que suministra distinto material al centro desde hace varios años, así como sobre el cobro de tarifas abusivas a los alumnos por reserva de plaza y matrícula y sobre la expedición, supuestamente irregular, de un título académico.

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