Los 'siete grandes' estudian la posibilidad de limitar solidariamente la remumeración de los depósitos bancarios

En la próxima reunión que los consejeros delegados de los principales bancos nacionales mantengan la próxima semana se volverá a estudiar la proposición que uno de ellos realizó hace apenas diez días para lograr un pacto entre caballeros por el cual se comprometan todos los bancos a no pagar por los depósitos de clientes por encima de unos máximos fijados entre todos. Aunque en el momento en que se hizo tal propuesta algunos de los presentes consideraron poco menos que imposible su materialización a la luz de situaciones similares anteriores, en la actualidad se ha despejado bastante el camino y es probable que se formalice algún tipo de acuerdo.

Las razones que se aducen para pensar en la posibilidad de un acuerdo duradero, y no como los alcanzados anteriormente, que tenían eficacia durante un período de tiempo y luego eran olvidados, se centran especialmente en la propia situación del sector financiero, a la luz del análisis de los resultados logrados en los nueve primeros meses del año y de las consecuencias sacadas por los presidentes de los ocho grandes bancos tras la comida con el ministro de Economía y Hacienda.Del estudio de los resultados de los tres primeros trimestres del año para el conjunto de la banca se observa un estrechamiento importante en el margen financiero de las entidades, consecuencia de una caída importante en el nivel de solvencia de los préstamos concedidos y de un encarecimiento sustancial de la remuneración del pasivo. Así, se afirma en círculos bancarios, no sólo se ha producido una traslación de depósitos desde cuentas a la vista o de ahorro a imposiciones a plazos sino que, también, ha crecido el precio del pasivo en cada plazo en relación al año anterior.

Ello produce, en consecuencia, un estrechamiento del margen financiero que está siendo solapado mediante una provisión para morosos y fallidos por debajo de la realizada en el mismo período de hace un año para presentar unos resultados antes de impuestos más altos que los de 1981. Por ello, la AEB, patronal del sector, al tiempo que negaba mediante un comunicado público que hubieran hecho cualquier tipo de petición al Gobierno para que se Iimitaran por decreto los dividendos a repartir por el ejercicio actual, recordaba la necesidad de actuar con prudencia y el poder del Banco de España para establecer topes de los mismos.

En círculos financieros se espera que en el cuarto trimestre del año los bancos se pongan al día en cuanto al nivel de provisiones para morosos y fallidos en relación a las efectuadas el año pasado y al agravamiento de la crisis habida durante 1982, lo que debería producir como consecuencia que los resultados generales del sector financiero, con las excepciones pertinentes, fueran inferiores a los de 1981. "No hay que olvidar, se dice en estos círculos, que este año ha sido peor que el anterior y ello debe reflejarse en los resultados".

La financiación del déficit

Ello no quiere decir, continúan estas mismas fuentes, que los dividendos -parte de los resultados que se reparte entre los accionistas- tengan que ser menores que los del año pasado ya que se puede destinar una menor cantidad de lo ganado a reservas para así mantener el nivel de dividendos. Pero, en cualquier caso, se estima, marcará el primer aviso de la banca a la sociedad sobre el cambio de tendencia en el negocio bancario que puede ampliarse en el próximo ejercicio.Las fórmulas que el Estado adopte para financiar el déficit del sector público constituyen la piedra de toque para que el pacto entre caballeros sobre el coste del pasivo tenga alguna virtualidad. Los bancos consideran prácticamente imprescindible para defender el margen financiero lograr este compromiso y no creen que tenga posibilidad de funcionar si la Administración no introduce mecanismos que hagan más barata esta financiación del déficit.

La primera de las adoptadas por el Gobierno, la elevación del coeficiente de caja de bancos y cajas de ahorro, significa para el Estado un ahorro cifrado en 25.000 millones de pesetas, que es lo que tendría que pagar el Tesoro por los intereses de la deuda pública o los certificados de regulación monetaria (CRM) para obtener esos 150.000 millones que ha drenado del sistema financiero sin coste. Pero, medidas de este tipo, se dice en círculos financieros, no pueden tener continuidad a menos que se quiera reducir a cero los beneficios de la banca.

En principio, parece que se ha aceptado la elevación del coeficiente como la contribución de la banca al reconocimiento del empobrecimiento de la economía española. Pero, seguir por esta vía sería aceptar que sólo este sector pagaría la crisis. Como quiera que el ministro de Economía y Hacienda dejó claro que no habría contrapartidas a la decisión tomada, aunque se sigue afirmando que se está estudiando toda la política de coeficientes y que es posible que dentro del coeficiente de inversión de la banca se computen inversiones realizadas dentro del sector privado, se considera que la repercusión deberá ir por otro lado.

Esta nueva vía podría ir por el reconocimiento por parte del Estado de que las emisiones de pagarés del Tesoro, o deuda a corto plazo, se han ído colocando mal y a unos tipos de interés demasiado elevados que lo único que han hecho ha sido presionar al alza en los tipos de pasivo de la banca y cajas de ahorro. Así, si el Gobierno se decidiera por salir durante 1983 al mercado en busca de recursos a tipos de interés más bajos que los de 1982 -lo que viene ayudado por la caída de los tipos en los mercados internacionales-, se daría el primer paso para que la banca pudiera intentar recuperar parte de su margen financiero a través del pacto para no remunerar los depósitos por encima de cantidades prefijadas.

Esta reducción en los tipos de la deuda y de los pagarés, incluso de los CRM, podría venir acompafíada de algún tipo de gesto por parte de la banca en el sentido de comprometerse a asegurar las emisiones, como lo hizo en ejercicios anteriores, práctica que se rompió en 1982 ante los enfrentamientos políticos que se produjeron entre la Administración y la banca.