La FAT denuncia la inminente destrucción del estuario del Miño

La Federación de Amigos de la Tierra (FAT) dirigió ayer un comunicado al ministro de Agricultura, al director general de ICONA, a la directora general de Medio Ambiente, al presidente de la Xunta de Galicia y a diversas instituciones internacionales con la petición de que impidan "la inminente destrucción de la riqueza ecológica del estuario del Miño".Los ecologistas solicitan la detención de las obras de construcción de un complejo turístico en la margen norte de este río gallego, la declaración urgente del estuario como parque natural y su integración entre las zonas húmedas acogidas al Convenio de Ramsar, que auspició la ONU a finales de los años sesenta y que fue firmado y ratificado por España en 1981.

El estuario del Miño alberga unas 72 especies de aves ligadas al medio acuático, de las que 42 están protegidas legalmente debido a su importancia y al riesgo de extinción. También viven en el estuario diversos mamíferos silvestres, como la nutria, y anfibios y reptiles también protegidos: el tritón ibérico, el sapillo pintojo, la ranita de San Antonio, la rana patilarga, el lagarto verdinegro y distintas culebras y lagartijas. La destrucción de este paraje, "el de mayor riqueza ecológica de Pontevedra supone según la FAT, "un atentado ecológico de gran envergadura" y representa "un contrasentido económico turístico, ya que la creación de infraestructuras recreativas en las zonas costeras cercanas no sólo no representaría ninguna merma de atractivo respecto a su enclave en el mismo estuario".

La pretensión, que se hará realidad en breve, de construir un complejo turístico de más de 100.000 metros cuadrados conduciría al aterramiento continuo de las marismas del Miño. Provocaría también la masificación de visitantes en la zona de anidamiento y cría de las especies protegidas, que se verían obligadas a abandonar su territorio; el vertido de residuos sólidos y líquidos al estuario, y el retroceso de una de las escasas zonas húmedas de relevancia internacional que restan en el territorio peninsular. Asimismo, se ocuparían unos terrenos públicos pendientes de tramitación por la Ley de Montes Vecinales en Mano Común. La FAT sospecha que la inesperada aceleración de la autorización oficial del complejo se produjo aprovechando el paréntesis político de las recientes elecciones.