Contradicciones entre la Audiencia de Valencia y Hacienda sobre la ampliación de la terminal del aeropuerto de Manises

La Audiencia Provincial de Valencia ha dictado una sentencia por la que anula dos decretos de la alcaldía de Manises que suspendían las obras de ampliación de la terminal del aeropuerto de Valencia, enclavado en el término municipal de la citada localidad, por no haber abonado la compañía adjudicataria -Dragados y Construcciones- la licencia municipal de obras. La sentencia, que ha sido recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo, está en contradicción con un dictamen emitido a finales de noviembre por la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que se señala que el contratista adjudicatario está obligado al pago de la tasa municipal.

Todo ello se enmarca en un largo contencioso entre el Ayuntamiento de Manises, presidido por el socialista Antoni Asunción, y el aeropuerto sobre las licencias de las obras que se llevan a cabo para ampliar la terminal de pasajeros y las licencias de apertura de local de los servicios establecidos en el aeropuerto. El Ayuntamiento intentó paralizar las obras, sin éxito, y también intentó precintar servicios como el aparcamiento y el bar-restaurante, lo que le fue impedido en este último caso por la Policía Nacional.Relacionada con este contencioso, que ha dado lugar a varias actuaciones judiciales, está la presencia, en las proximidades del aeropuerto, de una planta embotelladora de gas butano que, a juicio del alcalde, entraña un gran peligro para la población y por la posibilidad de una catástrofe de enormes dimensiones si un aparato se estrellase en las instalaciones de la planta. Asunción ha intentado negociar sin éxito con el Ministerio de Transportes, y Comunicaciones el traslado de la planta a cambio de facilitar las obras de ampliación del aeropuerto. El alcalde manifestó ayer a EL PAIS que pedirá al presidente de la Generalitat valenciana, Joan Lerma, que solicite del Gobierno que la planta sea trasladada.

Los decretos en contra de los que ha fallado la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial se emitieron el 19 de diciembre de 1980 y el 13 de enero de 1981 para paralizar las obras de ampliación de la terminal. Con anterioridad, el organismo autónomo Aeropuertos Nacionales había planteado la posibilidad, luego descartada, de aumentar también las pistas, a lo que se opuso la Corporación Administrativa Gran Valencia, que integra a varios municipios, por entender que la ubicación del aeropuerto era inadecuada y la ampliación de pistas correspondería a una frecuencia de un vuelo cada cuatro minutos, lo que era considerado especialmente molesto para los. habitantes de la zona.

La sentencia de la Audiencia Provincial señala que la Constitución diferencia entre ordenación del territorio y urbanismo. "Partiendo de esta diferenciación, la planificiación de una gran obra pública como, por ejemplo, un aeropuerto forma parte de la ordenación territorial". En función de ello, "dado que la construcción de la termi nal del aeropuerto de Manises no afecta al propio término municipal exclusivamente, sino que, antes al contrario, afecta a un ámbito territorial que excede a dicho término, debe entenderse que no existe por parte de dicho ayuntamiento competencia para otorgar o denegar licencia y, en consecuencia, procede la estima ción del recurso". IguaImente se indica que "cabe considerar la zona del aeropuerto civil, por su proximidad e inmediatez con la militar, como zona de seguridad".

Por su parte, el dictamen de la Intervención General de la Administración del Estado cita el artículo 68 del Reglamento General de Contratación del Estado para establecer que, "habida cuenta del carácter imperativo, no potestativo, del precepto el importe de la tasa por licencia de obras ha debido tenerse en cuenta (...), y de ello se deduce que el contratista adjudicatario está obligado a su pago, ya que, en otro caso, la Administración haría efectivo el importe de la tasa dos veces: una, al incluirla en el porcentaje de gastos, y otra, al satisfacerla a la entidad local correspondiente".

No se solicitó la licencia

El alcalde de Manises señalaba ayer que no sólo se trata de que Dragados y Construcciones no haya satisfecho la tasa, que se puede estimar en unos cincuenta millones de pesetas, sino que en ningún momento solicitó la licencia de obras, por lo que, al no haber cumplimentado ese trámite, el Ayuntamiento procedió a intentar la paralización, único medio con el que cuenta para poder cobrar.En aquella ocasión, al negarse la empresa y el aeropuerto a paralizar las obras, el alcalde pidió al Gobierno Civil que enviase a la Policía Nacional, lo que no hizo.

En función de ello, presentó una querella contra el director general de Infraestructura y Fomento del Transporte, Dragados y Construcciones y el gobernador civil de Valencia, por desacato en los dos primeros casos y por denegación de auxilio en el último, que fue desestimada.

Por su parte, el director del aeropuerto de Manises, Miguel Morlán, indicaba a este periódico que su conducta en todo el contencioso esta guiada porque "intento que el aeropuerto funcione y para ello procuro que siempre haya en él seguridad y orden en función de las normas internacionales de aviación civil". Morlán señala que si llegase a haber un dictamen judicial para paralizar las obras o precintar los servicios sería diferente, "pero eso no ha ocurrido hasta el momento".

Entre las actuaciones judiciales que están en marcha por iniciativa del Ayuntamiento de Manises figura una reclamación contra Dragados y Construcciones por competencia ilícita ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, al considerar irregular la conducta de la empresa por no haber solicitado ni abonado la licencia de obras.