Ruiz-Giménez pide que los asaltantes del Banco Central sean acusados tambien de sedición

El abogado Joaquín Ruiz-Giménez ha solicitado que a los acusados por el asalto al Banco Central de Barcelona se les juzgue no sólo por delitos de robo, detención ilegal y depósito de armas de fuego, y se les imponga una pena total de más de 45 siglos de cárcel, como pidió el fiscal el pasado 13 de octubre, sino que se les acuse también de un delito de sedición y se les imponga además, por esta última figura delictiva, veintiséis años y ocho meses de prisión para cada uno de los responsables directos del hecho. Para la cómplice María Julia Cabrera se piden catorce años, y para Carmen Dedeu, ocho.

Esta petición del letrado Joaquín Ruiz Giménez, planteada en nombre de los empleados del Banco Central de Barcelona, esta incluida en la calificación provisional de la causa, que ha sido entregada en la secretaría de la sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional en Madrid. Esta calificación provisional complementa la del ministerio Fiscal.Joaquín Ruiz-Gimenez, como abogado querellante, realiza en su escrito una valoración política del hecho y asegura que los procesados actuaron en estrecha conexión con organizaciones de carácter extremista reaccionaria, con evidente: intencionalidad desestabilizadora de las instituciones democráticas ". Estas valoraciones difieren de las realizadas por el Ministerio Fiscal con anterioridad, ya que este evitó cualquier consideración política al analizar jurídicamente el asalto. Por otra parte la versión de Ruiz Giménez coincide también con la planteada por la Generalitat y por la explicación que se dió al principio en relación al hecho.

En el escrito de conclusiones del abogado querellante se aceptan todas las teorías jurídicas del fiscal, pero asegura que a las mismas se les debe añadir la presunta realización de un delito de sedición, con las agravantes de premeditación, astucia y disfraz, auxilio de gente armada y ofensa de la autoridad.

A raíz de este delito de sedición, además de las penas de privación de libertad, el acusador reclama una indemnización de diez millones de pesetas, que "serán distribuidas igualitariamente entre todos los damnificados". El mismo letrado asume igualmente las indenmizaciones que por los otros delitos fueron reclamadas por el Fiscal.

El abogado acusador solicita que comparezcan como testigos a la vista el ex presidente Calvo Stelo, y los ex ministros de defensa Alberto Oliart y del interior Juan José Rosón. También reclama el testimonio del Director General de la Guardia Civil, del Capitán General de Cataluña, así como de los lideres ultraderechistas Jorge Mota, Alberto Royuela, y Roberto Ferruz, entre otros. Con estos testigos el letrado acusador se reafirma en la intención de realizar un análisis político de los hechos.

Después de que Ruiz Gimenez cumplimentara el requisito de la calificación provisional, la causa del Banco Central ha pasado a manos del abogado penalista barcelonés José María Cánovas, quien tiene cinco días para cumplimentar su calificación.