La lucha contra la corrupción se convierte en la tarea más urgente de la nueva Administración mexicana

"O se gobierna o se hacen negocios". En un país donde las mayores fortunas se han amasado al abrigo de los presupuestos generales del Estado, este enunciado del presidente Miguel de la Madrid, en su primer discurso a la Nación encierra más contenido revolucionario que toda la fogosa oratoria de sus predecesores. Si se cumpliera, habría introducido en la sociedad mexicana, el mayor cambio desde la revolución de los años diez.

Los mexicanos son gente escéptica, que está de vuelta de muchas promesas. No es tarea fácil restablecer la fe en sus dirigentes. Por eso sólo unos pocos miles siguieron en la calle la liturgia de la trasferencia presidencial y la mayoría reaccionó ante el discurso con la escasa emoción que motivaría una lección oída cada seis años."Es una historia que nos sabemos de memoria", decía una funcionaria pública. "El nuevo critica al que le eligió y promete acabar con todos los males de la nación. Como si él no hubiera salido de la misma canasta".

Es cierto que seis años atrás José López Portillo también enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción, sin que ello le haya impedido retirarse ahora con un enorme patrimonio personal, que la revista francesa Paris Match situó entre los mayores del mundo.

Ninguno de sus predecesores puso, sin embargo, tanto énfasis en esta cuestión, opinó Enrique Tierno Galván, que por tercera vez asistía a un relevo presidencial en México. "Pero la honestidad no se impone por decreto", añadió, .es algo que debe ganarse con los hechos día a día".

Apenas 48 horas después, en la Cámara de Diputados entraba un paquete legislativo para reformar la Constitución y el Código Penal en materia de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Se crean seis nuevas figuras delictivas: uso indebido de atribuciones, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, deslealtad y enriquecimiento ilícito. Las penas de prisión pueden llegar hasta los doce años y las sanciones económicas tendrán un valor muy superior a los ingresos obtenidos de forma ilegal.

El nuevo Gobierno entiende que esta filosofía penal, aplicada desde hace más de medio siglo, "en vez de prevenir el lucro con el patrimonio del pueblo, lo fomenta". Para corregirlo, se establecerá la aplicación del máximo rigor para este tipo de delitos. La benignidad penal, todavía vigente, permitió hace un año al gobernador de San Luis Potosí, Oscar Flórez Tapia, evadir la prisión mediante la devolución de una mínima parte de su fortuna. Aunque los periódicos mostraron pruebas evidentes de enriquecimiento ilícito.

A la dureza de la ley que propone Miguel de la Madrid, debe sumarse también una reforma administrativa a fondo, de manera que se reduzcan los ámbitos de discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. "Más importante aún que sancionar al culpable es impedir que el delito se cometa", declaró De la Madrid a este periódico, en su gira electoral.

En una administración de corte moderno, hubiera sido inconcebible el escándalo del ex diputado priista, Miguel Lerma Candelaria, que en el curso de siete años como subdirector del Banco Rural, logró desviar hacia sus 24 cuentas corrientes una cantidad que según el primer informe del fiscal oscila entre los 3.000 y los 6.000 millones de pesetas. El hecho de que se informe del caso con tan poca concreción, ya habla por sí solo sobre el descontrol de la entidad. Al valor que entonces tenía el peso sería como decir que alguien cometió un fraude que oscila entre los 12.000 y los 24.000 millones de pesetas.

La revista Proceso acaba de publicar un detallado informe sobre sus negocios millonarios y sus múltiples sobornos. Un soplo a tiempo le permitió escapar a la justicia y refugiarse en EE UU, sin que todavía se hayan iniciado los trámites para su extradición. Dos subdirectores de PEMEX siguieron los pasos del ex diputado. Se fugaron también a Estados Unidos al conocerse que habían estado inflando durante años los precios de la maquinaria que compraba la empresa estatal. Por este procedimiento, habían ingresado unos 12.000 millones de pesetas. Por un soborno diez veces menor el gerente de la sociedad americana que realizaba estas ventas deberá cumplir seis años de prisión en California.

Las denuncias por utilización indebida de bienes públicos alcanzan también a funcionarios del más alto nivel. La Prensa se ha hecho eco de acusaciones contra el ex presidente Luis Echeverría, el ex director de PEMEX y actual senador Jorge Díaz Serrano, el ex jefe policial Arturo Durazo y el hasta hace unos días alcalde de la ciudad de México, Carlos Hank.

La mayor corrupción en la historia mexicana

En otras ocasiones, los escándalos financieros no tuvieron nombre, como si los fantasmas pudieran provocar la desaparición de 300.000 barriles de petróleo o transportar crudos mexicanos ilegalmente al mercado libre de Rotterdam. Después de todo esto, parece natural que el mandato de López Portillo se haya calificado como el más corrupto en la moderna historia mexicana.Un diputado opositor, Jorge Cruishank, llegó a decir sin que mereciera ninguna corrección que una cuarta parte del presupuesto iba a manos particulares. En 1981 esto suponía unos 2,8 billones de pesetas, lo que equivalía a casi todo el presupuesto español.

Eliminar esta realidad cuando miles de funcionarios se han habituado ya a mejorar sus salarios con el hábito de la "mordida", sobornos en pequeña o gran escala, exigirá toda la autoridad del presidente, sobre todo en tres ámbitos en los que el cohecho se ha convertido en moneda corriente: policía, justicia y gobiernos estatales.

A título de ejemplo, baste decir que cuando uno trata de obtener el carné de conducir, el policía de turno le explica que con exámenes cuesta 500 pesos y sin ellos, 1.200. Es obvio que nadie se examina.

En el caso de los gobernadores, varios de ellos han alimentado repetidas veces las crónicas de la corrupción. Aunque todos ellos juraron el viernes apoyo al programa del nuevo presidente, resulta dificil de creer una conversión instantánea y masiva.

Pero quienes no se acomoden al plan de renovación moral del presidente, Miguel de la Madrid ha anunciado ya su receta: "usaré toda mi autoridad. Haré cumplir a todos y cada uno de mis colaboradores con los más elevados niveles de honestidad pública. En esto no habrá transacción ni tolerancia".

Con esto no hace sino interpretar el sentir del pueblo mexicano, empobrecido por la rapiña de sus políticos, que convirtió la lucha contra la corrupción en la exigencia prioritaria durante la campaña electoral, hasta convertirse en un clamor popular, según reconoció el nuevo presidente.

En épocas de crisis como ésta, sería, por lo demás, imposible, convencer al pueblo de nuevos sacrificios si la clase gobernante sigue enriqueciéndose con el presupuesto. Ya no parece válida la tesis que sostenían algunos estudiosos para quienes la corrupción fue el lubricante que perinitió al PRI sostenerse en el poder durante más de cincuenta años. Con la administración de López Portillo, el escándalo ha sido tan notorio, que de no cambiar el rumbo podría peligrar el sistema mexicano en su conjunto.