La Diputación de Navarra intenta recuperar por vía civil 81 millones prestados a FASA

La Diputación Foral de Navarra, que decidió ayer, por unanimidad, no interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona, según la cual se absuelve a Ignacio Irazoqui, ex consejero delegado de Fundiciones Alsasua, SA (FASA), del delito de estafa que se le imputaba, ejercitará, sin embargo, las correspondientes acciones civiles para la recuperación y devolución a la Hacienda de Navarra de los 81 millones de pesetas de anticipo concedidos a FASA.

Con el fin de determinar contra quienes han de dirigirse y cuáles han de ser las acciones civiles a las que se refiere el acuerdo de la Diputación, adoptado ayer en sesión extraordinaria convocada por el presidente de esta institución foral, Juan Manuel Arza, nada más conocerse el fallo de la sentencia, la corporación acordó encargar a los vocales de su tribunal administrativo y a la dirección letrada, un dictamen jurídico conjunto.Este dictamen, según pudo saber EL PAIS; de fuentes solventes, podría conocerse en un plazo de veinte días y, en él, se exigirá la devolución de los 81 millones de pesetas a la Hacienda de Navarra por parte de los consejeros avalistas de FASA, entre los que se encontraba Jaime Ignacio del Burgo, actual presidente de UCD de Navarra, quien, precisamente, por su supuesta implicación en los hechos que motivaron el procesamiento de Irazoqui, fue destituido de su cargo de presidente de la Diputación navarra por el resto de los compañeros de corporación.

A pesar de ello, Del Burgo -cuya actuación en el caso fue calificada de "malversación de fondos" por el catedrático de Derecho Foral José María Stampa- fue posteriormente exculpado penalmente por los tribunales, por le, que únicamente Ignacio Irazoqui se encontraba implicado en los hechos.

En su sesión extraordinaria, la Diputación Foral de Navarra conoció el contenido exacto de la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Pamplona, así como un informe elaborado por el abogado Juan María Zuza, que ha llevado la dirección letrada de los intereses de la Diputación en esta causa. En este informa de Zuza, después de realizarse una valoración jurídica de la resolución absolutoria de la audiencia, se concluye afirmando que "es altamente improbable que el Tribunal Supremo anule o rectifique la sentencia de la audiencia".

El procesamiento del ex consejero delegado de FASA, estuvo motivado por las denuncias presentadas en noviembre de 1980 por la Diputación Foral al apercibirse esta institución de que los créditos-puente concedidos a Fundiciones Alsasua no iban a reintegrarse a la hacienda navarra, al presentar la empresa suspensión de pagos en septiembre de 1979.

"Terrorismo político"

Ante la sentencia absolutoria de la Audiencia provincial y el consiguiente acuerdo de la Diputación, el ex presidente de este organismo, Jaime Ignacio del Burgo, manifestó ayer durante el transcurso de una conferencia de prensa que "durante estos tres últimos años, he sido objeto de algo que ya califiqué en su día como "terrorismo político", porque terrorismo político es acusar en falso a una persona, sin dar la cara y formular denuncias falsas. Afortunadamente, la verdad siempre sale adelante".Del Burgo consideró que si la Diputación hubiese seguido el proceso de acciones civiles por él propuesto, los 81 millones de pesetas habrían sido devueltos en estos momentos a la Hacienda de Navarra. "Conmigo", añadió, "se ha cometido un atentado y un atropello, el mayor que se puede cometer contra una persona". El actual presidente de UCD de Navarra se preguntó después, en esta conferencia de prensa, quien le reparaba los daños de que había sido objeto.

Jaime Ignacio del Burgo criticó, por último, duramente el proceso que originó su destitución del cargo de presidente de la diputación navarra. Incluso llegó a señalar que la corporación en la sesión de ayer debía haber considerado oportuno reconocer que "ha cometido un error con Del Burgo".

El presidente de la diputación navarra, Juan Manuel Arza, ante las declaraciones de Del Burgo, ha manifestado a través de una nota oficial hecha pública ayer tarde, que "la sentencia absolutoria de la sala de lo penal no afecta para nada a las responsabilidades civiles de este caso que están por esclarecer, entre las que se encuentran, las de los avalistas -uno de ellos es Del Burgo- que con dinero público se han visto libres de responder a unos créditos privados".

"Del Burgo", agrega la nota de Juan Manuel Arza, "fue destituido por la misma corporación que le nombró al perder la confianza que en él se había depositado. Esta destitución fue confirmada por la Audiencia Territorial de Pamplona, que en sentencia de 27 de junio de 1981, consideró que la actuación de Del Burgo podía ser racionalmente considerada por los demás componentes de la Diputación Foral como vulneración de la confianza que le otorgaron, lo que jurídicamente implicaba una infracción del principio de buena fe".