El Ministerio de Industria y el Gobierno vasco negocian el conflicto de la importación de motos

El Ministerio de Industria, el Ministerio del Interior y el Gobierno vasco han iniciado una ronda negociadora para lograr un acuerdo en el polémico asunto de la importación de motos BMW para la Policía Autónoma del País Vasco. El conflicto ha puesto sobre el tapete un problema de descoordinación entre la política de compras de las diversas Administraciones, y su resolución definitiva, en la que intervendrá ya el nuevo Gobierno socialista, supondrá una piedra de toque sobre su actitud en torno al fomento y grado de protección que quiera dar a la industria española.

La historia arranca de la pasada primavera, en que el departamento del Interior del Gobierno vasco cerró la compra de una partida de motos de la marca alemana BMW para los servicios de tráfico de su Policía Autónoma. Recientemente, el Ministerio de Industria tramitó un expediente invalidando esta importación e impidiendo así que se matriculasen los vehículos. Esta acción fue apoyada por el departamento de Industria de la Generalitat, interesada en evitar importaciones que perjudicasen la industria española, en gran parte radicada en Cataluña: las motocicletas habitualmente adquiridas por la Guardia Civil y los ayuntamientos venían siendo las Sanglas 400, fabricadas en Barcelona por la firma del mismo nombre, que ha sido integrada en la nueva empresa Sociedad Española de Motocicletas (SEMSA), propiedad de la japonesa Yamaha y del grupo Banesto, a partes iguales. El consejero vasco del Interior, Luis Retolaza, respondió anunciando que presentaría un recurso contra la inmovilización de las motos BMW adquiridas, argumentando que otros organismos tenían también motos extranjeras.El argumento del Gobierno central para frenar estas importaciones estriba en que todas las compras de bienes y servicios que realice la Administración deben ajustarse al artículo 10 de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria, dictada en 1939, y heredera de otras anteriores. Según esta norma, los organismos oficiales, sean centrales, locales o provinciales -y, por extensión, autonómicos- deben efectuar sus compras a la industria española, salvo en los casos excepcionales en que no se encuentren en el mercado productos de fabricación española. Estos casos excepcionales son determinados en última instancia por el Ministerio de Industria, que los autoriza mediante un certificado de excepción, requisito indispensable para efectuar cada importación.

De igual forma, la ley obliga a los organismos oficiales a que no incluyan en sus pedidos condiciones arbitrarias que excluyan de antemano las posibilidades de la industria española para servirlos

En el caso concreto de las motocicletas BMW, el Ministerio entiende que "para la regulación del tráfico es suficiente un cubicaje de 400 centímetros cúbicos". La compra del Gobierno vasco se realizó en principio para tal objetivo. Las actuales negociaciones van encaminadas a deslindar exactamente las funciones para las que se requieren estos vehículos, existiendo una buena disposición del Gobierno central a autorizar unos cupos limitados para servicios especiales que requieran motos de mayor cubicaje, como los servicios en zonas montañosas o de representación y escolta, aunque la última palabra la tendrá seguramente el Gobierno entrante.

Apoyo de Tráfico

Significativamente, la Dirección General de Tráfico, del Ministerio del Interior, apoya, en contra de Industria, la postura del Gobierno vasco, quizá en el deseo de dotarse en el futuro de motocicletas más flamantes y de cubicaje más Potente. Es una actitud bastante común a la de diversos organismos: existen crecientes peticiones de ayuntamientos para la adquisición de autobuses fabricados en otros países, o de la Subsecretaría de Aviación Civil para la compra de vehículos especiales contra incendios, fenómeno diferente al que sucede, por ejemplo, en Francia, donde se tiene más confianza en los productos de fabricación nacional."Hay que analizar no sólo las posibilidades inmediatas de las industrias españolas, sino también sus capacidades potenciales", manifestó el subdirector general de Automoción del Ministerio de Industria, Antonio Farré. "Lo conveniente sería", añadió, "que se normalizaran definitivamente los tipos de productos, en este caso motos de tráfico, que necesitan los organismos oficiales, para que así la industria española supiera de antemano a qué atenerse y pudiera organizarse para ello, porque actualmente se halla desorientada por falta de programación previa".