El fiscal solicita ocho años de prisión para Ignacio Irazoqui, ex consejero delegado de FASA

Tras siete horas y media de sesión, quedó visto para sentencia en la Audiencia Territorial de Pamplona el juicio por presunta estafa de 81 millones de pesetas a la Diputación Foral de Navarra, promovido contra el ex consejero delegado de la empresa Fundiciones Alsasua, SA (FASA), Ignacio Irazoqui. Al término de la vista, el fiscal elevó a definitivas sus conclusiones, solicitando para Irazoqui ocho años de prisión mayor y una indemnización de 81 millones de pesetas, petición ésta que también solicitó la acusación particular. La defensa, por su parte, que destacó el trasfondo político del caso, pidió la libre absolución de su patrocinado por entender que en la actuación de su defendido no hubo delito alguno.Lo que se denomina affaire FASA, asunto éste que trajo consigo la destitución del entonces presidente de la Diputación Foral de Navarra, Jaime Ignacio del Burgo, por su supuesta implicación en los hechos, comenzó en junio de 1979, cuando la Diputación acordó conceder un crédito-puente de 81 millones de pesetas a FASA, condicionado a que la Caja de Ahorros de Navarra otorgase nuevos créditos a la empresa. El dinero de la Diputación recogido por el, en aquel entonces, consejero delegado de FASA, se destinó a cancelar dos créditos anteriores, en uno de los cuales figuraba como avalista Jaime Ignacio del Burgo.

Esta actuación originó el que los 81 millones de pesetas no se reintegrasen a la hacienda foral, al no haberse formalizado los nuevos créditos ante la Caja de Ahorros de Navarra y declararse, posteriormente, la empresa en suspensión de pagos. En noviembre de 1980, la Diputación, al no haber recuperado estos 81 millones de pesetas, acusó de "estafa" a Irazoqui. La vista oral del juicio se inició con la declaración del único procesado, quien, después de explicar los hechos, recalcó el que no se habían llegado a formalizar los nuevos créditos porque la Caja no le avisó en ningún momento para que así lo hiciera. A lo largo del juicio, esto motivó numerosas declaraciones contradictorias entre los testigos.

"Mi objetivo fue", según dijo Irazoqui, "formalizar los créditos concedidos (lo que hubiese significado el reintegro de los 81 millones de pesetas a la Diputación), pero esto no fue posible, al presentarse en el mes de septiembre una solicitud de quiebra contra FASA que llevó a la suspensión e pagos de la empresa". Durante la vista oral del juicio, testificaron un total de diecisiete personas, entre ellas cinco diputados forales. Excusé su asistencia, en su calidad de presidente del gobierno de Navarra, Juan Manuel Arza, por medio de una carta en la que precisaba que él no se había sentido engañado por la actuación de Irazoqui.

Uno de los diputados forales que prestaron declaración, Jaime Ignacio del Burgo, manifestó que, en su opinión, la Diputación se había equivocado al conceder el crédito de 81 millones de pesetas a FASA. Del Burgo, incluso dijo que la Diputación no había requerido a la empresa para que formalizase los nuevos créditos con la Caja.

Por su parte, el resto de los diputados forales que testificaron, Jesús Malón, Pedro Sánchez de Muñiain y Angel Lasunción, coincidieron en afirmar que, de haber conocido el destino que se iba a dar al dinero concedido a FASA, no habrían aprobado esta concesión.

La defensa de Irazoqui, representada por Jesús Iribarren, calificó en su informe final de "incomprensible" el que se mantuviera la acusación de estafa, habida cuenta de las declaraciones de los diputados, en las que coincidieron en señalar que, no se habían sentido engañados por la actuación de Irazoqui, y también hizo hincapié en el trasfondo político del caso.