Colombia promulga la amnistía para los grupos que acepten deponer las armas
El presidente colombiano, Belisario Betancur, suscribió en la madrugada de ayer la ley de amnistía para los delitos políticos, que otorga el perdón gubernamental a los miembros de las organizaciones guerrilleras colombianas que acepten deponer las armas. Con ello, Colombia da un paso hacia la pacificación de las zonas afectadas desde hace casi treinta años por la violencia de la guerrilla.
Esta medida de clemencia, que entró en vigor ayer mismo en todo el territorio nacional y durante un período indeterminado de tiempo, concede la amnistía a los autores o cómplices de "actos constitutivos de delitos políticos", como la rebelión, la sedición o la sublevación, pero no incluye otros delitos, como los homicidios fuera de combate y los asesinatos perpetrados con torturas o cuando la víctima estaba indefensa.
De cinco a seis mil guerrilleros que actualmente se encuentran en la clandestinidad y reagrupados en torno a seis organizaciones revolucionarias podrán beneficiarse de esta ley, así como los 350 prisioneros políticos que deberán ser liberados próximamente.
Aprobada por el Congreso tras dos meses de animados debates parlamentarios, la medida de clemencia es la tercera presentada por el Gobierno colombiano, tras los dos sucesivos fracasos intentados por el ex presidente Julio César Turbay, y ha sido considerada como la decisión más importante adoptada por el presidente Betancur desde su llegada al poder el pasado día 7 de agosto.
Una puerta abierta
En una alocución de quince minutos dirigida a la nación, Betancur declaró que la ley de amnistía abre "una puerta grande para que el pueblo entre en la plenitud democrática que desea y que ha esperado durante tanto tiempo". Pronunciando en 34 ocasiones la palabra paz, Betancur lanzó una apasionada arenga en favor de la amnistía que, según señaló, no constituye una "arrogancia del poder", sino "una medida para consolidar la libertad".El jefe del Estado anunció que presentaría una serie de decretos complementarios en los dominios político, jurídico, económico y social, con el fin de "combatir los agentes ocultos de la subversión", que son el paro, el analfabetismo, la falta de viviendas y las carencias sanitarias.
Betancur agregó que el Gobierno ha querido tratar a fondo "las causas estructurales" que han conducido a los insurgentes a tomar las armas, y precisó que lo que necesita el país "no es preservar privilegios caducos, sino sentar una nueva democracia que establezca un pacto histórico y no una estrategia equívoca".
El presidente colombiano reconoció que, adoptando esta medida de clemencia, lanzaba "un verdadero desafío" contra él mismo, proponiendo un tratamiento de la violencia "diferente del método tradicional", pero señaló que "los colombianos están cansados, descorazonados y saturados de violencia", y agregó que su mandato se caracterizará por cuatro años de trabajo al servicio de la paz, "con el fin de reducir los niveles de pobreza, las desigualdades sociales y la dependencia exterior del país".
Concluyendo su alocución, Betancur afirmó: "porto el estandarte de la paz y quiero mantenerlo bien alto con la ayuda de mi pueblo", señaló en medio de los aplausos de más de setecientos invitados representantes de todos los sectores de la vida política, económica, social, religiosa y militar del país.
Dos de las principales organizaciones guerrilleras colombianas, el Movimiento del 19 de Abril (M-19, de extrema izquierda) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, prosoviéticas), han anunciado su intención de "deponer las armas sin rendirse", a la espera de las reformas económicas y sociales anunciadas por el Gobierno. Los otros movimientos guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional (ILN, filocastrista), el Ejército Popular de Liberación (EPL, prochino) y dos grupos maoístas -los denominados Pedro León Arboleda y Acción de Defensa Obrera- han rechazado la propuesta pacificadora y anunciaron que proseguirán la lucha armada.
Mientras el presidente Betancur ratificaba la ley de amnistía, cinco indígenas, considerados colaboradores del Ejército, eran asesinados en el sur del país por grupos de las FARC.
