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Tribuna:

Gobierno y partido

Sobre el sorprendente triunfo socialista -quién lo iba a decir hace un año y, si me apuran, al comienzo del verano- se ha repetido hasta la saciedad un tópico no por manido menos verdadero: frente a la incapacidad y oportunismo de una buena parte de la clase política, qué sapiencia la de nuestro pueblo a la hora de votar. En 1977 votó la reforma, pero mostrando bien a las claras que los que querían la ruptura no eran unos cuantos. En 1979, la reforma pactada recibió su ratificación definitiva. En 1982, una mayoría aplastante ha optado claramente por el cambio que ofrecen los socialistas. Nadie en sus cabales interpretará este vuelco del electorado como prueba de volubilidad inmadura. Todo lo contrario: la situación había llegado a pudrirse de tal forma que ya no cabía otro dilema que perecer o cambiar. El 28 de octubre ha sido simplemente un grito a la vida. El pueblo español ha expresado sin ambages su voluntad inquebrantable de vivir en paz y en libertad, lo que en la actual circunstancia española supone llevar adelante no pocos cambios. Una cosa debe estar clara, sin admitirse al respecto interpelaciones tortuosas: la inmensa mayoría de los españoles quiere tantos cambios, y tan profundos, como los que sean necesarios para que la convivencia pacífica y en libertad de todos los ciudadanos arraigue de manera irreversible.No hace falta traer por los pelos sutiles doctrinas para dar cuenta de la victoria socialista. Por una vez, la explicación resulta meridiana: ante la alternativa de congelar la transición en su actual etapa, poniendo la marcha atrás cada vez que uno de los distintos frentes antidemocráticos resoplase con fuerza, el pueblo español, con excelente instinto político, ha votado mayoritariamente la consolidación de la democracia por la única vía posible de su constante desarrollo, asumiendo los cambios necesarios para conseguir este fin. En una situación de fragilidad suma y de amenazas crecientes a las instituciones democráticas, el pueblo español ha votado democracia.

Tres factores decisivos convergen en este resultado: 1. La política de responsabilidad del PSOE, anteponiendo en todo momento la defensa del Estado democrático a cualquier consideración partidista. 2. La debilidad del Gobierno, frente a la amenaza golpista. 3. La disolución del partido en el poder, como azucarillo en el café, abandonando su espacio político a la vieja derecha autoritaria.

Después de la noche triste del 23 de febrero, la única salida razonable desde la perspectiva de la consolidación de la democracia era un Gobierno de coalición UCD-PSOE capaz, por un lado, de controlar, el cáncer golpista, y, por otro, de llevar adelante el desarrollo de la Constitución, realizando las reformas más urgentes. Los socialistas a sabiendas de los altos costos que esta coalición tendría para su partido, la propusieron repetida e insistentemente. Tal vez algún día el presidente saliente explique los motivos que tuvo para oponerse tercamente a la única solución que en aquellas circunstancias parecía razonable. El señor Calvo Sotelo, en vez de ponerse a la cabeza de un Gobierno amplio de fortalecimiento de la democracia, optó por una política ambigua y titubeante, pero en el fondo encaminada a fusionarse con la vieja derecha, como si estuviera convencido de que el golpe fallido había marcado los límites infranqueables, del proceso de democratización y no cupiese otra política que la de repliegue y contención para salvar, aunque no fuese más que formalmente, el orden constitucional. Consciente o inconscientemente, nadie ha trabajado con tanto ardor y constancia por el fortalecimiento del señor Fraga como el señor Calvo Sotelo. Tratándose del presidente de un Gobierno de UCD, y muy pronto también del presidente ¡de este partido, se comprende que esta política culminase en la autodisolución del centro.

La izquierda y la mayoría

La victoria socialista es, por tanto, expresión clara de que el pueblo español mayoritariamente se identifica con la democracia y quiere su consolidación. Ante las vacilaciones y ambigüedades suicidas del centro, no quedó otra opción válida que la socialista: el volo democrático de UCD y el voto democrátido del PCE se pasaron en bloque al PSOE. La sociedad española de los ochenta ha alcanzado la complejidad y madurez suficientes para que en este país ya no quepa concebir otro régimen político que el democrático. Síntoma claro de la desconexión social e incompetencia de buena parte de la clase política desplazada es que aceptasen sin el menor distanciamiento los enfoques minoritarios, casi residuales, de algunos grupos profesionales de dentro y fuera del aparato estatal, como si se tratase de la opinión mayoritaria de los españoles, sin prestar la más mínima atención a los datos objetivos de nuestro desarrollo económico y social. Cabe la esperanza de que el próximo Gobierno contemple por fin la realidad española sin los anteojos ennegrecidos de los distintos cuerpos y corporaciones.

Aquí yace, amigo lector, una cuestión clave que nos va a ocupar los próximos meses. Cada vez que el nuevo Parlamento legisle desde la perspectiva de la mayoría de nuestro pueblo, cercenando privilegios de los distintos cuerpos y corporaciones, oiremos la misma cantinela: el pueblo español habría votado a Felipe, a la democracia, a la reconciliación, pero desde luego no al programa socialista. La opinión pública institucionalizada hace una sutil diferencia entre la voluntad que expresa el voto de derechas y el de izquierdas. Si hubiera ganado AP, nadie pondría en duda que sus votantes apoyarían íntegro el programa electoral propuesto. El señor Calvo Sotelo justificó la única decisión que tomó en año y medio de gestión -la entrada de Espafía en la OTAN- como realización de un punto programático que contaba con seis millones de votos. Nadie dirá ahora que casi diez apoyan la salida de España de la organización atlántica.

La derecha se considera por esencia mayoritaria -mayoría natural- y la izquierda sería necesariamente minoritaria. Y aunque la mayoría natural recoja cuatro millones de votos y la minoría no menos natural se acerque a diez, las cuentas salen porque una buena parte de la mayoría natural, por las razones que fueran, ha votado en esta ocasión con la minoría. Si en los últimos años nadie se ha parado a distinguir entre el voto de UCD y el número de sus afiliados, ahora labemos que en España hay únicamente 150.000 socialistas, el número exacto de los militantes, como corresponde a su esencia minoritaria, y que el resto, hasta los diez millones, son tránsfugas momentáneos de la mayoría natural. Si ganan las derechas, se confirma que España, de acuerdo con sus esencias más íntimas, es de derecha. Si excepcionalmente ganan las izquierdas, pobre del que se atreva a decir que España es de izquierdas. El pueblo español ha pagado muy caro en otras ocasiones históricas esta querencia por la izquierda que lo embarga en cuanto le dejan un poco de libertad.

Gobierno y partido gobernante

Identificar los intereses de la clase dominante con los de la nación es lo que, en último término, constituye a la derecha. En consecuencia, se niega rotundamente a diferenciar intereses particulares -es la mejor forma de protegerlos- que pudieran resultar opuestos a los de la mayoría de los ciudadanos. "Lo que es bueno para la General Motors lo es también para Estados Unidos". Desde esta identificación, no tiene por qué pararse a distinguir entre Gobiemo y partido gobernante, entre Administración pública y grupos sociales dominantes, unidos todos en la defensa de unos mismos intereses que previamente se han, definido como los de la inmensa mayoría, la mayoría natural.

Los socialistas, en cambio, parten de reconocer el carácter conflictivo de nuestra sociedad. En cada cuestión litigiosa -y en política lo son todas- se paran a distinguir entre los intereses mayoritarios y los minoritarios, sin por ello resucitar ningún modelo simplista de antagonismo de clases. La complejidad de la moderna sociedad industrial nos lleva a compartir diferentes intereses: en una cuestión pueden confundirse con los de la mayoría; en otra, pueden ser francamente minoritarios. Ambigüedad de ningún modo típica de la pequeña burguesía. En la clase alta o en la obrera, la colisión de intereses no es menos frecuente: los obreros de una fábrica que piden subvenciones para mantener su puesto de trabajo pueden defender intereses particulares en pugna con los mayoritarios.

Una política que parta de una diferenciación nítida de los intereses encontrados ha de distinguir muy bien entre Gobiemo y partido mayoritario, entre la Administración pública y grupos sociales. La derecha, al no conocer más que el interés general, vincula Gobierno, partidos de derecha y grupos sociales dominantes como expresión de una misma mayoría natural. La izquierda, en cambio, al diferenciar distintos niveles de conflícto, se esfuerza en mantener separados, cada uno en su órbita propia, los sujetos institucionales y sociales portadores de intereses diferentes y aún contrapuestos. Los socialistas ya han insistido repetidamente en que no confundirán Gobierno y partido gobemante, distinción que, con la mayoría absoluta conseguida, se hace más imperiosa si cabe. Cuánto no echamos de menos esta distinción en los años de UCD, empefiada siempre en hacer pasar por la criba de sus intereses partidarios cualquier decisión gubemamental. Una cosa son las responsabilidades del Gobiemo -que lo es de todos los españoles- y otra muy diferente las de un partido político que, en cuanto tal, no e s más que parte de un todo.

En un momento en que el secretario general del PSOE va a ser investido presidente del Gobierno, tal vez tenga sentido recordar lo que los socialistas han repetido hasta la saciedad: los cambios que puedan realizar desde el Estado son aquellos que cuenten con un amplio consenso social. El socialismo con,temporáneo se ha librado ya de cualquier tentación estatista. Conseguir un Estado moderno que funcione es ciertamente un reto difícil por el que vale la pena luchar, pero no es un obietivo específicamente socialista. Sólo en la sociedad y desde la sociedad cabe llevar adelante transformaciones realmente socialistas. Importa que las nuevas responsabilidades que en el Estado van a caer sobre algunos compañeros no aparten al partido de su tarea propia: "penetrar en el tejido social", creando nuevas formas de convivencia democrática.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de noviembre de 1982