Gratificaciones y contrataciones masivas de funcionarios antes del traspaso de poderes

El sistema de gratificaciones y las contrataciones masivas de personal son algunas de las presuntas irregularidades, basadas muchas veces en unas prácticas legales difícilmente justificables, con las que la nueva Administración socialista habrá de enfrentarse. Todas estas prácticas, permitidas en unos casos y fomentadas en otros, se han visto incrementadas en los últimos meses, ante el próximo traspaso de poderes, según fuentes sindicales. Desde abril de 1982, fecha en la que los sindicatos representativos han tenido acceso a las juntas de retribuciones, hasta el mes de julio pasado se han repartido más de ochocientos millones de pesetas en concepto de gratificaciones y complementos. Es una práctica legal y son conceptos que corresponden a cantidades recogidas en los presupuestos de cada organismo.

Sin embargo, diversos medios que reconocen la legalidad de las retribuciones así concedidas niegan la justificación de las mismas. En principio, de acuerdo con estimaciones sindicales, las retribuciones aprobadas por las juntas de retribuciones, no suelen presentar argumentaciones suficientes o, cuando menos, son argumentos que no convencen a nadie.Por lo que se refiere exclusivamente a gratificaciones, el Ministerio de Justicia, que encabeza la lista, repartió 397 millones de pesetas, el de Hacienda, 64 millones, y Economía, 46 millones. Mención aparte merece el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que de una tacada propuso una gratificación de doscientos millones.

El 28 de mayo de 1982, la Junta Central de Retribuciones, que preside el subsecretario del Presupuesto y Gasto Público, recibía una propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo sobre reconocimiento de determinadas remuneraciones "como consecuencia del incremento de la carga de trabajo que representa la ejecución del programa extraordinario de Inversiones Públicas". La justificación de la medida, como se recogía en la propuesta, se basaba en que la mayor inversión correspondiente al citado ministerio aumentaba "considerablemente la carga de trabajo de este departamento". Esta carga de trabajo se concretaba en la realización de 864 proyectos y obras por un importe de 20.000 millones de pesetas.

"Es preciso", decía la propuesta, "remunerar la carga adicional que representan estas inversiones" y señalaba que el citado ministerio entendía que la forma más idónea de hacerlo era "asignar un crédito de 200 millones de pesetas destinado al pago de gratificaciones". Aunque en medios sindicales se subraya que la medida podía ser absolutamente legal, se insiste en que no parece el método más adecuado, sobre todo cuando se proponía que la financiación de los doscientos millones se realizara mediante una transferencia de inversiones de otros conceptos, fórmula de financiación que fue rechazada por la Junta Central.

Incrementos retributivos

Hace escasamente unos días una nota de CC OO alertaba sobre ciertos rumores concernientes a la distribución de cantidades que suponían incrementos retributivos para algunos colectivos de la Administración. Se trataba en este caso, de un acuerdo del Consejo de Ministros mediante el que se aprobaba la equiparación de la cuantía media del incentivo de productividad de los cuerpos especiales de Hacienda de índice 10.La medida suponía que a los abogados del Estado, ingenieros de minas, interventores, inspectores de aduanas, arquitectos e inspectores de seguros, se les reconocería un incentivo de producividad de igual cuantía que el que tiene fijado en la actualidad el cuerpo de inspectores financieros (1.712.160 pesetas).

En la citada nota se calificaba de irresponsable la medida, aprobada en el Consejo de Ministros del mes de agosto, argumentando que la misma Administración que se había negado a incrementar los salarios de los funcionarios con la revisión salarial del Acuerdo Nacional sobre Empleo, proponía un aumento de las retribuciones de determinados cuerpos basándose en la caída del poder adquisitivo y además incumpliendo la Ley de Presupuestos y sin aprobación de la Junta Central de Retribuciones.

Las fuentes consultadas coinciden en señalar que no son casos aislados, aunque puede haber un incremento de esta práctica como consecuencia del traspaso de poderes. Tampoco son nuevas las bufandas, gratificaciones por trabajos extraordinarios, dificilmente controlables. Son famosas las que se conceden en el Ministerio de Hacienda coincidiendo con la elaboración de los Presupuestos Generales. En este caso los criterios son, si cabe, mucho más libres y responden a gustos, simpatías y fobias personales.

En lo que sí están de acuerdo diversos medios es en la necesidad de que una Administración socialista termine con figuras y órganos incompatibles con un sistema democrático. A este respecto se menciona el caso de los Consejos Consultivos de los distintos ministerios. Los citados Consejos, calificados como "verdaderos cementerios de elefantes", se considera que constituyen una figura que debe ser eliminada o cuando menos transformada en una Administración democrática.

Los Consejos están formados, según asegura Pilar Arroyo, secretaria de la Federación de la Administración Pública de CC OO, por ex ministros, ex subsecretarios y ex directores generales a los que no se ha encontrado acomodo en otras áreas de la Administración. Su función es confusa: emitir algún informe, "aconsejar", etcétera. Y el número de sus miembros es variable "para que siempre haya posibilidad de incluir alguno más". En las últimas semanas los rumores sobre contrataciones masivas han circulado por todos los ministerios. En la Administración niegan rotundamente estas acusaciones y afirman que en algunos organismos ha habido un menor número de contrataciones que en años anteriores. Por otra parte, y en ésto coinciden defensores y detractores, el número de funcionarios (500.000) es relativamente bajo en relación con otros países europeos pero resultan suficientes.

No obstante, según fuentes sindicales, en diferentes organismos se ha dado un incremento de contrataciones evidente que nadie se atreve a cuantificar. Los sindicatos aseguran que el número de contratos administrativos en lo que va de año alcanza los 65.000.

CC OO denunció recientemente un acuerdo del Consejo de Ministros sobre prórroga de los contratos administrativos existentes, hasta que se aprobara el Estatuto de la Función Pública. Para CC OO el acuerdo permitía la instalación definitiva de miles de personas contratadas en el úlimo año, "en función del clientelismo ejercido por los altos cargos de la Administración actual".