Varios municipios critican la distribución del canon por producción eléctrica

Los representantes de los ayuntamientos de Gijón, Langreo, Cabrales, Luarca, Soto del Barco y Morfín han expresado su desacuerdo con los criterios de reparto de los recursos procedentes del canon por producción de energía eléctrica adoptados por el Gobierno autonómico asturiano, integrado por consejeros socialistas y uno comunista. Estos ayuntamientos tienen alcalde del PSOE o de UCD y no todos son productores de energía eléctrica.Bernardo Fernández, consejero de la Presidencia del Consejo de Gobierno y militante socialista, manifestó ayer a este periódico que se mantendrán los criterios utilizados en el reparto, a menos que los municipios descontentos sean capaces de presentar un contramodelo más objetivo. "En cualquier caso", añadió el consejero, cuando un alcalde pide más de lo que nosotros le ofrecemos, le advertimos que para conseguirlo hay que restar lo que solicita a otro municipio".

El alcalde de Langreo, Maximino Felgueroso, del PSOE, es partidario de recurrir el reparto acordado por el Gobierno regional, y el de Gijón, José Manuel Palatio, del PSOE, también expresó su desacuerdo con el Gobierno autónomo. La oposición gijonesa se verá agravada con la solución en su contra del contencioso que mantiene con Carreño sobre la ubicación de la central térmica de Aboño. El acta levantada por la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral sitúa la central térmica en el concejo de Carreño, según pudo saber EL PAÍS. Esta circunstancia priva a Gijón de su condición de productor de energía eléctrica y le reduce su participación en el canon eléctrico en unos siete millones de pesetas respecto de los 120 millones que inicialmente le habían sido asignados.

Plan de solidaridad

El Consejo de Gobierno autonómico acordó abordar en Asturias, la segunda provincia española productora de energía eléctrica, después de Cáceres, un plan de solidaridad regional basado en la asignación de un 30% del canon al carácter preferencial que la ley concede a las zonas directamente afectadas por la contaminación y otros daños causados por las centrales térmicas e hidroeléctricas y en el destino del 70% restante al conjunto de la región, mediante una distribución por concejos similar a la aplicada en el ámbito nacional para el Fondo de Compensación Interterritorial. El Consejo de Gobierno aplicó una cláusula de cierre, según la cual la denominada comarca eléctrica, de la que forman parte 45 de los 78 municipios asturianos, recibirá, en total, algo más del 70% de los recursos.Rafael Fernández, presidente del Gobierno autonómico, manifestó al respecto que en el ejecutivo asturiano había prevalecido el criterio de solidaridad, que será aplicado con firmeza frente a cualquier conato de egoísmo localista. Una política socialista, agregó, exige que, además de los municipios productores de energía eléctrica, se beneficien del canon los más pobres, puesto que en la producción se movilizan recursos regionales, a través del Fondo de Compensación Intermunicipal.