Al denuncia malos tratos a detenidos y recortes al ejercicio de la libertad de expresión en España

Malos tratos a detenidos y limitaciones de la libertad de expresión son las mayores preocupaciones de Amnistía Internacional (Al) en el apartado sobre España de su informe anual publicado hoy en Londres. La ausencia de una actuación judicial independiente y eficaz en la aplicación de las leyes antiterroristas y la detención de personas incomunicadas han llevado a torturas y malos tratos. La organización internacional pro derechos humanos apunta también a los procesos "por expresiones antimonárquicas y nacionalistas de naturaleza en absoluto violenta".El informe anual, publicado ayer, dedica tres páginas a la situación de los derechos humanos en España a lo largo del año 1981. Este apartado termina con la mención de la declaración española, en julio de 1981, sobre la posibilidad para los particulares de acceder a la Comisión Europea de Derechos Humanos, bajo la convención europea durante dos años.

Amnistía Internacional señala que la violencia política se prosiguió durante 1981, con enfrentamientos entre grupos de izquierda y derecha, autonomistas, policía y Guardia Civil, especialmente en el País Vasco. "Las cifras oficiales muestran que el número de muertos cayó de 126 en 1980 a 49 en 1981", indica el informe.

El informe señala que en 1981 se produjo por vez primera la participación de las Fuerzas Arrnadas en la lucha antiterrorista. Los cambios en las leyes antiterroristas no han mermado la anterior preocupación de Amnistía Internacional sobre el arresto de personas, incomunicadas hasta diez días y derecho a la asistencia de un abogado. Amnistía Internacional "piensa que esta práctica y la falta de supervisión judicial eficaz (a pesar de las disposiciones legales para esta supervisión) condujo a la práctica de los malos tratos".

El informe anual cita el caso de José Arregui, supuesto miembro de ETA ("un grupo autonomista", según Amnistía internacional) que murió en custodia tras permanecer nueve días incomunicado. También recoge los casos de Tomás Linaza y del padre Juan José Camarero Núñez Goenaga. El primero, arrestado el 14 de mayo de 1981, fue puesto tras nueve días en libertad por el juez que vio el caso.

Linaza alegó tortura y malos tratos a manos de la Guardia Civil, en Bilbao y en Madrid. Junto a él fue detenido Camarero Núñez, que planteó similares alegaciones.

En abril de 19861 Amnistía Internacional hizo una campaña para que las autoridades aplicaran las recomendaciones de su informe de 1979. El 23 de octubre de 1981 el presidente del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía, José Zalaquet, se entrevistó con el ministro del Interior, Juan José Rosón, para replantear el tema.

Amnistía Internacional se muestra preocupada por los enjuiciamíentos a personas que publican "declaraciones o artículos que critican al Estado, a sus representantes o a sus instituciones". En este contexto sitúa el informe el juicio contra cinco concejales de Larrabetzu miembros de Herribatasuna. Fueron acusados de insultar públicamente al Jefe del Estado. Un observador, de Amnistía Internacional, presente en la vista de este caso en diciembre en la Audiencia Nacional, "no criticó el modo en que se llevó la vista, sino la argumentación del fiscal". Para Amnistía, "los acusados no querían insultar al Rey como Jefe del Estado, sino criticar en términos políticos las instituciones de la Monarquía. Parecía que la acusación estaba aplicando el código penal de modo a penar a los concejales por haber expresado una opinión política en contira de la Monarquía".

Amnistía Internacional menciona el caso del historiador y sacerdote Francisco Carballo, condenado en julio de 1981 a seis meses de cárcel y una multa por su libro Historia de Galicia, en el que se refería a "una ola de terror" en Galicia en 1975, que culminó en el asesinato de Xosé Ramón Reboiras Noia, un líder de la Unión do Pobo Galego. El autor atribuyó el asesinato a la policía española. El 23 de abril de 1981 entró en vigor la ley de la Defensa de la Constitución, y en este contexto el informe tiene tres líneas sobre el 23 de febrero. Amnistía teme que esta ley sea utilizada para encarcelar a personas "por el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, al informar o comentar sobre acontecimientos".