Sueldos de 59 pesetas por hora entre los obreros negros de los campos del Maresme

Los ochocientos trabajadores negros que declararon ayer al mediodía en los juzgados de Mataró y Arenys de Mar, han desvelado la existencia de situaciones laborales próximas a la esclavitud, según el juez Rafael Gimeno, promotor del espectacular proceso abierto para esclarecer y legalizar la situación de cerca de 4.000 personas de color empleadas en los campos de cultivo de la comarca barcelonesa del Maresme. Jornadas laborales de once horas, con salarios de sólo 59 pesetas a la hora, son algunas de las situaciones denunciadas hasta el momento por los afectados, de los que aún quedan más de 1.200 por declarar.

La reacción de los propietarios de las explotaciones agrícolas, que se niegan a opinar sobre la denuncia de la que son objeto, se ha concretado en el despido de doce de los trabajadores que prestaron declaración el lunes. El inesperado movimiento de negros en dirección a Mataró y Arenys despertó entre la población toda clase de rumores. En Arenys de Mar, voces populares anunciaban el asesinato de un trabajador negro, y que sus colegas querían asaltar el Juzgado.El juez Rafael Gimeno, confirmo a este periódico que se está investigando la actuación del propietario de una de las grandes plantaciones de la comarca, por el despedido fulminante mente de doce trabajadores de color que se presentaron a declarar el lunes. Explicó también que un número considerable de los trabajadores que aceptaron pasar por los juzgados, para legalizar su situación, están interesados en regresar a sus países de origen.

Dos factores han impedido, hasta el momento, el retorno a su hogar de quienes se sienten frustrados de su experiencia en España: la falta de dinero, situación que podría superarse en caso de conseguir indemnizaciones gracias a las diligencias que se están practicando, y el temor a ser detenidos al llegar a la frontera. Los trámites de repatriación suelen durar un año, período durante el cual los extranjeros van pasando de cárcel en cárcel, a la espera de un barco que los devuelva a su país de origen.

Régimen especial de repatriación

Una posible solución, apuntada tanto por el juez como por los abogados laboralistas que llevan el caso, podría conseguirse forzando un acuerdo con la Admimnistración, para que ésta contemple un régimen especial de repatriación que permita la libertad de los trabajadores ilegales hasta que se flete un barco para su traslado.

Rafael Gimeno cree que este acuerdo debería subordinarse al estudio de cada situación. Los casados con hijos pueden permanecer en España como ciudadanos de pleno derecho. El juez piensa que la Administración debería tomar medidas especiales de nacionalización, a las que pudieran acogerse la mayoría de los trabajadores que están legalizando su situación. Los abogados Josep María Manté, Emilio Viader y Josep Peña, que se encargan del asesoramiento jurídico de los trabajadores, al igual que el sindicato agrario Unió de Pagesos, afirman que la Administración es la culpable de la situación, al perinnitir, en su día, que éstos 4.000 negros entraran como turistas en España.

Abogados y sindicato piden a la Administración que dicte medidas especiales para agilizar la legalización de estas personas como ciudadanos españoles y permita una rápida equiparación de sus derechos laborales.

La Unió de Pagesos celebró anoche una reunión de urgencia y los abogados se muestran abiertos a una negociación con los empresarios en la que defendiendo los derechos de los trabajadores no se colapse la producción agrícola de la comarca.