Piden 180 años de cárcel a los procesados de la Caja de Crédito Popular de Cataluña
Ciento ochenta años de prisión y 630 millones de pesetas de indemnización, solicita el fiscal para el conjunto de los once presuntos implicados en el crack de la Caja de Crédito Popular de Cataluña. El sumario 199/1967 se está ultimando en la secretaría de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, y será visto el próximo mes de diciembre.
Instruido por el Juzgado Especial número 20 de Barcelona, el sumario se puso en marcha a raíz de las presuntas irregularidades financieras detectadas en la Caja de Crédito Popular de Cataluña.Las primeras investigaciones se dirigieron hacia los miembros de la Junta Rectora de la citada entidad bancaria, pero pronto las anomalías salpicaron a algunos responsables del sindicalismo vertical. Se levantó entonces un muro de silencio en torno al affaire de la Caja de Crédito Popular, y la situación se ha prolongado durante 15 años. Los próximos días 16 y 17 de diciembre se desbloqueará con la presencia en el banquillo de los acusados de los once procesados.
No se esperan revelaciones deslumbrantes del juicio oral, pues cinco de los procesados han fallecido durante los últimos años. Con ellos han desaparecido también importantes documentos referentes a la actividad de la Caja de Crédito Popular y al papel tutelar de la Organización Sindical.
El inicio del escándalo se remonta a 1957, cuando el delegado provincial, de Sindicatos de la provincia de Gerona, Juan Manuel de Santistebán y Bernaldo de Quirós, creó, con ayuda estatal y bajo la tutela del sindicato vertical, la Cooperativa de Crédito de Gerona. Dos años más tarde la Cooperativa de Crédito se trasladó a Barcelona, adoptando entonces el nombre de Caja de Crédito Popular de Cataluña. Coincidiendo con este traslado la entidad financiera empezó a actuar como una central bancaria, abrió y empezó a realizar operaciones comerciales para las que no tenía autorización.
Todas estas irregularidades han sido calificadas, por el ministerio fiscal, como constitutivas de cuatro delitos de estafa y dos de falsedad. El fiscal, en el escrito de acusación provisional, asegura que además se cometieron otros delitos de insolvencia y desobediencia.
Por si todo ello no fuera suficiente, mientras se estaba tramitando el citado sumario fue instada la quiebra contra la Caja de Crédito Popular de Cataluña, pero esta quiebra se declaró fraudulenta y dejó desamparados a 12.000 inversionistas. Además, sobre los responsables de la citada entidad bancaria recayó un expediente -instruido por el Juzgado de Delitos Monetarios- por el que fueron sancionados con una multa de veinte millones de pesetas.
El ministerio fiscal asegura que todas estas irregularidades se cometieron con la aquiescencia del que en aquella época era jefe provincial de la Obra Sindical de Cooperación, el organismo encargado de: tutelar la entidad. A raíz de esta hipótesis la Audiencia decretó el procesamiento del jefe sindical y señaló que el citado organismo debía responder con sus fondos ante los perjuicios de los inversionistas.
Se extingue la responsabilidad de sindicatos
Hace pocos días la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, al ultimar los detalles de la causa judicial, declaró extinta la responsabilidad de la Obra Sindical de Cooperación. Al tomar esta decisión tuvo en cuenta que había fallecido el sindicalista procesado, que ya no existe el sindicato vertical y que han desaparecido todos los organismos que dependían de él.La responsabilidad penal del affaire recae, después de estas modificaciones, sobre algunos miembros del consejo de administración y altos empleados de la Caja Rural: Vicente Fisas Comella, Jose María Casadejust Codina, Juan Manuel Santiesteban, Antonio Rubio Fresneda, Pedro de Pablo Zancada y Juan Carranza Calmarza.
También comparecerán ante los magistrados otros cinco procesados que se vieron implicados en el caso por razones profesionales. Entre éstos se encuentra el abogado Joan Antón Sardá -para el que se piden 14 años de prisión-, y Juan Fábregas Basagaña, a la sazón provincial de los Padres Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, para quien se reclaman 6 años de prisión.
