El Gobierno Civil de Burgos descarta la repatriación de súbditos portugueses asentados en Miranda de Ebro

El Gobierno Civil de Burgos, mediante una nota pública, ha denegado de forma contundente unas peticiones sobre temas de orden público planteadas por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Entre otras cosas el municipio pedía el destierro de algunos miembros de la comunidad gitana y la repatriación o, desalojo de familias de portugueses establecidas de forma ilegal en dicha localidad burgalesa.

La petición de que sean repatriados súbditos portugueses, que según el concejal socialista, Simón Romanillos, no tiene en absoluto el carácter generalizado que parece desprenderse de la nota emitida por el Gobierno Civil, fue acordada en una reunión llevada a cabo en el Ayuntamiento mirandés para estudiar los problemas de orden público y seguridad ciudadana que padece esta localidad y que se han visto agudizados en los últimos meses con sucesos como la violación de una, niña por dos gitanos.Los temas acordados en esta reunión fueron presentados al gobernador civil el pasado día 14. En el comunicado se pedía la intensificación de los servicios policiales, la creación de una oficina municipal encargada de recoger testimonios o informaciones no denunciadas, el destierro de los dos gitanos autores de la violación y que fuesen desalojadas las familias portugueses instaladas en Miranda que no cumpliesen las normativas legales. "Pero no pedimos que se produzca un desalojo indiscriminado", dice el concejal, "en Miranda hay una comunidad portuguesa que lleva años instalada y se encuentra perfectamente integrada. Lo que queremos es que se estudie la situación de más de cincuenta familias de portugueses que en los últimos veinte días han llegado a Miranda, pensamos que rebotadas del País Vasco, La Rioja, u otras localidades, y se han instalado en condiciones precarias en campos próximos a la carretera nacional'.

No obstante, según el concejal socialista, no puede hablarse en modo alguno de xenofobia por parte del ayuntamiento o la población mirandesa. Precisamente el ayuntamiento ha llevado a cabo una campaña de integración de las comunidades marginales y no hace mucho varias familias portuguesas que vivían en malas condiciones fueron trasladadas a unas viviendas prefabricadas. Sin embargo, Simón Romanillos, reconoce que hay un cierto malestar en la población, sobre todo a raíz de la violación de la mencionada niña.

El comunicado del ayuntamiento ha sido duramente contestado por el Gobierno Civil, que entiende que de él pudiera deducirse una cierta desatención por su parte hacia los temas de orden público y seguridad ciudadana en Miranda de Ebro, localidad con mayoría socialista en el ayuntamiento.

Según el Gobierno civil, estas competencias son exclusivas del Estado a través de los cuerpos de seguridad. Por otra parte, la nota difundida por dicho organismo añade que "ese deseo del Ayuntamiento de Miranda de continuar el proceso de integración de los sectores marginales contrasta con las peticiones de desalojo o repatriación de la población que él mismo tacha de marginal".