Se agrava la situación política y social en Ecuador

Sometido a un verdadero acoso por la crisis política y económica, el Gobierno ecuatoriano debe enfrentarse a un agudizamiento de los conflictos sociales.Sólo veinticuatro horas después de que concluyera la huelga general de dos días, convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que reúne a 300.000 afiliados, la poderosa Federación de Chóferes ha anunciado la paralización indefinida de sus actividades a partir de hoy.

Esta decisión de los transportistas, que exigen un aumento de un cincuenta por ciento en las tarifas constituye el clímax del que se ha calificado como septiembre negro para el régimen del democristiano Osvaldo Hurtado. En el plano político, el presidente ha debido superar en este mes una crisis parcial de Gobierno, precipitada por la desintegración de su alianza con el partido Concentración de Fuerzas Populares (CFP).

La retirada del CFP determinó la dimisión de dos de sus ministros, el naufragio de la mayoría parlamentaria y la censura y destitución legislativa del ministro de Recursos Naturales, Eduardo Ortega.

Esta ruptura de alianzas obligó a Hurtado a llenar las vacantes en el Gobierno con técnicos y catedráticos sin militancia política.

En el plano económico continúa gravitando la enorme presión de una elevada deuda externa y gran déficit fiscal. El pago, en 1983, de 850 millones de dólares (más de 96.000 millones de pesetas) de la deuda exterior, que asciende a 6.000 millones de dólares (unos 684.000 millones de pesetas), se ha convertido en el principal problema para las autoridades, que tratan de refinanciarla en el Fondo Monetario Internacional y la banca privada.

En el plano social, el régimen de Hurtado acaba de superar la huelga general de dos días convocada para exigir al Gobierno y al Congreso que decreten un incremento general de salarios y una serie de mejoras laborales.

La tregua con los sindicalistas, después de la huelga, expirará el próximo día 12 de octubre, en que se celebrará una convención nacional, que adoptará nuevas medidas de presión si el Gobierno no acepta sus peticiones. El Gobierno, que ha reiterado su voluntad de diálogo, ha declarado, sin embargo, que es imposible atender a una elevación generalizada de los salarios, por sus eventuales repercusiones sobre el costo de la vida.