Normalidad en el transporte escolar, excepto en Cantabria

Ayer se reanudó en todo el territorio nacional el servicio de transporte escolar, a excepción de Cantabria, donde el conflicto afecta a unos 12.000 estudiantes, tras el acuerdo al que llegaron con la Administración los representantes de las federaciones de transporte. Dichos acuerdos se han tomado con respecto al real decreto de 28 de junio de 1982 sobre seguridad en el transporte escolar, a cuya inmediata aplicación se oponían los transportistas.Las asociaciones de transporte y los ministerios de Educación, Industria y Transportes, Turismo y Comunicaciones acordaron el pasado viernes el aplazamiento hasta el próximo curso académico de dos requisitos: que cada viajero disponga de un asíento (por tanto, tres escolares podrán ocupar dos asientos), y la obligatoriedad de utilizar el tacógrafo. También se fijó que, antes del 30 del presente mes, los autobuses con más de dieciséis años de antigüedad solicitarán fecha para la realización de la inspección extraordinaria, y que las estaciones ITV (inspección de transporte de viajeros) difundirán un boletín programando los trabajos, que servirán como autorización en sustítución del certificado del que se hacía eco el citado decreto.

No obstante el acuerdo nacional alcanzado entre la Administración y las asociaciones de transportistas escolares, un tercio de la población en edad escolar de Cantabria continuaba ayer sin poder acudir a los centros, debido a la negativa de los transportistas de la región a iniciar su actividad. Estos, que en un primer momento rechazaron los acuerdos nacionales, aceptaron su contenido tras la reunión mantenida con el director del Ministerio de Educación y Ciencia en la región, Miguel Sanz Aranda, según informa Víctor Gijón.

Disculpas

Sin embargo, y en el curso de la asamblea de transportistas cántabros, celebrada en la tarde del pasado sábado, se decidió no iniciar el servicio de transporte escolar, tal como estaba previsto, aduciendo la necesidad de regularizar la situación legal de los autobuses. Esta actitud es considerada por fuentes cercanas a la delegación ministerial como "una disculpa que es en definitiva una forma de presión para obtener mayores beneficios en el terreno económico".A juicio del presidente del Iilstituto Nacional de Asistencia y Promoción al Estudiante, Fernando Hipólito Lancha, estas exigencias de los empresarios "son desmesuradas. Habría que situar a estos señores, que no acatan decisiones mayoritarias, de cara a sus responsabilidades ante la sociedad", y añadió que el Ministerio de Educación y Ciencia no tiene previstas acciones sobre esta actitud.