El estado de la nación

El Ministerio de Justicia, en cuyo seno se encuentra la Comísión General de Codificación, juega un papel relevante en la iniciativa legislativa del Gobierno, al ser el órgano técnico-jurídico que elabora los proyectos de ley. Dentro de esta iniciativa, la que se refiere al desarrollo legal de la Constitución ha ocupado un lugar preferente en los años de la actúal legislatura.Esta tarea fue compartida por el Ministerio de Justicia y por Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, que desde el área del Ministerio de la Presidencia coordinó la iniciativa del Gobierno en materia de desarrollo, constitucional.

La iniciativa legislativa normal, referente a leyes ordinarias, se centró en estos años en la reforma de las leyes penales bajo la presión del aumento de la delincuencia de la campaña alarmista desencadenada en torno a este hecho desde ciertos sectores. La frase: "Entran por una puerta y salen por otra", referente a los detenidos puestos a disposición judicial por la policía, está detrás de ciertos proyectos de ley presentados por el Gobierno y aprobados por el Parlamento. Así, la ley de 22 de abril de 1980, que reformó los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la libertad y prisión provisionales, recortando el arbitrio judicial en esta materia. Esta ley ha sido uno de los factores que han incidido en el aumento de la población reclusa en estos años. Otra ley elaborada y aprobada bajo la presión del aumento de la delincuencia fue la de enjuiciamiento oral de delitos dolosos menos graves y flagrantes, que entró en vigor el 11 de noviembre de 1980. Con esta ley se pretendió dar rapidez al enjuiciamiento de los delitos menores, tan abundantes en las grandes aglomeraciones urbanas, pero a costa de reducir las garantías procesales del detenido. Mientras las reformas parciales de los códigos se multiplican un esta legislatura (las últimas con el actual ministro Pío Cabanillas), el proyecto de nuevo Código Penal, que aborda de manera global y sistemática la problemática penal de la sociedad moderna, duerme el sueño de los justos en el Congreso desde finales de 1979.

Junto a la reforma penal, parcial y coyuntural, esta legislatura se ha planteado en profundidad la reforma del Código Civil en materia de derecho de familia, en concreto la filiación, la patria potestad y el régimen económico matrimonial. Con esta ley, que entró en vigor en mayo de 1981, se puso fin al vetusto derecho de familia vigente hasta entonces.

Pero en esta área del derecho de familia, la reforma políticamente más polémica fue la del Título IV del Código Civil sobre regulación del matrimonio, conocida como ley de divorcio. Elaborado en el mandato de Iñigo Cavero, el proyecto de ley de divorcio fue modificado por el equipo de Fernández Ordóñez hasta el límite de lo tolerable por UCD. En la discusión del proyecto en el Congreso de los Diputados, el sector ucedista de origen democristiano planteó una permanente batalla al texto de Fernández Ordóñez, pero finalmente éste fue aprobado con la ayuda de los votos de la oposición en junio de 1981. La autonomía del Poder Judicial Con la constitución del Consejo General del Poder Judicial el 23 de octubre de 1980 se producía un hecho que, aparte su indudable trascendencia política general, incidía de una manera sustancial en la estructura del Ministerio de Justicia, al sustraer del ámbito de sus competencias el gobierno de la magistratura. Este hecho, cuya singularidad en la historia política española y en el Derecho Comparado fue resaltada por el propio rey don Juan Carlos en el acto constitutivo del Consejo, dio origen desde el primer momento a ciertas discrepancias entre el recién constituido órgano y el Ministerio de Justicia.

Aparte de su esfuerzo en refozar su imagen institucional independiente de los otros poderes del Estado (el ministro de Justicia no ha acudido este año, por primera vez, al acto de apertura de los tribunales, celebrado el pasado día 15), el Consejo General del Poder Judicial reivindicó de inmediato una participación en la elaboración de los presupuestos destinados a la Administración de Justicia y el derecho a evaluar los medios materiales y de personal que han de ser suministrados por el Ejecutivo para el correcto funcionamiento de la justicia.

La ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, que entró en vigor el 10 de enero de 1980, mantiene las competencias del Ministerio de Justicia en la dotación de medios a la administración judicial, al establecer en su artículo sexto que "corresponde al Gobier no, a través del Ministerio de Justicia, proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia".

A esta ley debería haber seguido inmediatamente en el, tiempo la aprobación de una nueva ley orgánica del Poder Judicial, que susti tuyese a la abirragada y contradictoria legislación vigente, constituida por las leyes de 15 de septiembre de 1870, 14 de octubre de 1882, 18 de marzo de 1966 y 16 de noviembre de 1981, y estableciese la estructura de una moderna organización judicial. Sin embargo, este objetivo no ha sido cumplido en esta legislatura, ya que el proyecto del Gobierno en esta materia, remitido al Congreso de los Diputados en abril de 1980, no ha sobrepasado el trámite de ponencia. La demora en la promulgación de esta ley incide muy negativamente en el funcionamiento de la Administración de Justicia y dificulta una cuantificación racional de los medios que le son necesarios. El papel de la oposición En los temas de la justicia, más que en otros, ha existido a lo largo de la legislatura que ha terminado una efectiva coincidencia de objetivos entre la oposición, y más concretamente el grupo parlamentario socialista, y el partido del Gobierno, que ha llevado a numerosos acuerdos y pactos en este terreno. En primer lugar, el consenso siguió funcionando en las leyes orgánicas de desarrollo constitucional relativas a la Justicia, tales la ley orgánica del Consejo General del, Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Pero también aquellas reformas de las leyes penales realizadas bajo la presión de la escalada de la delincuencia fueron asumidas por la oposición, aunque aportando numerosas enmiendas para su mejora técnica y jurídica.

Hay que reconocer que en este terreno los, titulares del Ministerio de Justicia han buscado el entendimiento, antes de la presentación del correspondiente proyecto de ley, con los principales grupos parlamentarios de la oposición. Este entendimiento ha funcionado especialmente en el área de las reformas del derecho de familia, concretamente en la ley de divorcio y ,en la de filiación, patria potestad y régimen económico matrimonial.

En el concreto tema de las cárceles, la Ley General Penitenciaria presentada por UCD consiguió la aprobación unánime del Parlamento, cuyos grupos coincidieron en potenciar la creación de comisiones parlamentarias con el fin de obtener la máxima información sobre la situación de las cárceles. En este terreno puede decirse que la oposición no ha ido más allá que los equipos de UCD que han estado al frente del Ministerio de Justicia a lo largo de esta legislatura.

Quizá la oposición, y más concretamente los socialistas, han sido menos reticentes que el partido del Gobierno respecto de las competencias del Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de la magistratura. Un dato que puede abonar esta supo sición es la comparecencia ante el Parlamento en junio último, a iniciativa del grupo socialista, del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles, para informar sobre la situación de la Administración de Justicia. El acuerdo alcanzado entre centristas y socia listas en septiembre de 1980 para elegir a los ocho miembros de designación parlamentaria en el primer Consejo General del Poder Judicial fue también otro ejemplo de la convergencia de unos y otros en el área de la justicia.