Inmunidad de los funcionarios y silencio sobre la reforma de la Constitución

Alianza Popular oferta, a grandes rasgos, mejorar la racionalidad y sobriedad organizativa de la Administración pública, anulando unidades innecesarias "para contribuir a la disminución del déficit presupuestario y abaratar costos"; y la inmunidad "frente a las sucesivas políticas de los Gobiernos responsables de la acción política, con garantía de continuidad de los órganos, de la gestión y de los funcionarios".Pretende asimismo la homogeneización y homologación de los regímenes jurídicos y de retribuciones del personal de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales, a través de una ley de reforma de la Administración.

En materia autonómica, la elaboración de las leyes de transferencias a las comunidades autónomas y de reforma de la Administración del Estado, y el desarrollo prioritario de las competencias que al Estado atribuye la Constitución, como medio de hacer compatibles los principios de unidad y autonomía, es lo más destacado del apartado del programa de AP dedicado a la política autonómica, en el que no hay ninguna referencia a una posible modificación del título VIII de la Constitución.

Alianza Popular entiende que es fundamental el desarrollo "prioritario y urgente" de las competencias que el apartado primero del artículo 149 de la Constitución atribuye al Estado, "y singularmente", se afirma, "el de aquellas materias en que las competencias del Estado de carácter básico, coordinador o planificador, concurren con competencias de las comunidades autónomas". Esto viene a ser un apoyo al espíritu del título primero de la LOAPA, ante la cual mantuvo AP una postura ambigua en el debate parlamentario.

El principio de unidad, de acuerdo con el programa aliancista, se reforzaría, entre otras medidas, con la potenciación de la figura del delegado del Gobierno.

AP reconoce "el derecho a las autonomías de las distintas regiones de España", propone que las transferencias se establezcan por calendario "con igualdad y homegeneidad", y afirma que garantizará el principio de autonomía financiera de las comunidades.