Los empresarios del transporte escolar mantuvieron la huelga en la mayor parte de las provincias

Los empresarios del transporte escolar mantuvieron ayer, primer día oficial del nuevo curso escolar en Madrid y en la mayor parte de las provincias, su negativa a prestar servicio a los centros públicos y privados, dificultando la asistencia a clase de un número indeterminado de alumnos, que puede estimarse alrededor de los 750.000.

Fuentes de las organizaciones nacionales de transportistas informaron que ayer sólo realizaron las rutas escolares los autocares del País Vasco, Cataluña -con excepción de Gerona, donde se mantiene la huelga-, Valencia, Zamora, Oviedo, Córdoba y Sevilla, aunque en esta última provincia sólo funcionó un 10% del servicio habitual.Las mismas fuentes confirmaron que los gobiernos de los territorios autónomos están observando una actitud mucho más flexible que los ministerios de Industria y de Transportes en cuanto a las normas sobre seguridad en el transporte escolar, pero sólo en lo que se relaciona con la facilitación de las inspecciones, que "en ningún momento nos hemos negado a realizar", precisó uno de los portavoces.

Las conversaciones mantenidas durante todo el miércoles pasado entre los directores generales de los departamentos ministeriales competentes en la materia y los re presentantes de las asociaciones nacionales de transportistas, aun que no cristalizaron en acuerdos concretos, concluyeron "con un principio de aproximación", según un portavoz de las citadas asocia ciones, pero éste añadió que la cuestión estaba ahora en la esfera de competencias de los correspon dientes subsecretarios, por lo que, al menos momentáneamente, no se prevé ninguna solución inme díata al conflicto.

Por su parte, la Dirección General de Electrónica e Informática del Ministerio de Industria y Energía se mantiene firme en la postura de defender la necesidad de la revisión técnica de los vehículos más antiguos dedicados al transporte escolar, informa Efe. Según esta Dirección General, el decreto del pasado 30 de abril estableció un calendario de inspecciones que afectaba a la totalidad del parque dedicado al transporte escolar, a tenor del cual, debían de haber pasado ya la revisión los autobuses con más de dieciocho años -unos 2.500- y los que tienen entre dieciséis y dieciocho años, que son unos 1.500.

Para la revisión de estos 4.000 vehículos, siempre según la información de la Administración, se establecieron 33 estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) que hacían posible una revisión diaria de 1.120, pero, según los datos del Ministerio de Industria, "prácticamente ningún vehículo ha pasado esta revisión".

Esta información fue puntualizada por las asociaciones nacionales de transportistas AGAPYMET, ANETRA, FENEBUS y CESINTRA, las cuales niegan rotundamente su pretendida resistencia a las inspecciones técnicas de vehículos. "Todos los vehículos", dicen los transportistas en un comunicado, "vienen haciendo las inspecciones técnicas ordinarias que se contemplan en un decreto de 1980, y que prevé una, dos o tres inspecciones anuales en función de su antigüedad".

El problema surge cuando se exigen las inspecciones extraordinarias que establece el último decreto sobre seguridad en el transporte, que, según afirman los transportistas, "si no se han realizado, ha sido por causas imputables al Ministerio de Industria, que exige el cumplimiento de una orden ministerial del pasado 28 de junio contradictoria con el propio decreto que pretende desarrollar".

"El Ministerio de Industria", siguen diciendo los empresarios del transporte, "no ha clarificado a los directores de las estaciones de ITV la contradicción entre ambos instrumentos legales, por lo cual, cuando un transportista comparecía a realizar la correspondiente inspección extraordinaria, o bien se le exigía algo indebido o no se sabía en muchos casos que inspección había que hacer". Los transportistas dicen también que las estaciones de ITV carecen de capacidad suficiente, ya que las 38 existentes en toda España tienen una capacidad de inspección media anual de 248.000 vehículos pesados frente a unas necesidades reales de 1.700.000 inspecciones.

Los empresarios, por último, se ratifican en su "voluntad de apoyo a cualquier medio que incremente la seguridad, no sólo del transporte escolar sino de todo el transporte público", y reiteran que sus autocares no han pasado la revisión extraordinaria que prescribe el último real decreto pero que sí se han sometido a todas las revisiones ordinarias.

Fuentes empresariales han explicado que "la actitud más comprensiva de los gobiernos autonómicos está en relación precisamente con una interpretación más flexible de los distintos textos legales a que nos venimos refiriendo".