Sainz de Robles insistió en las carencias de la justicia en la apertura del año judicial

El acto de apertura del año judicial, que tuvo lugar ayer, en la sede del Tribunal Supremo, tuvo como tema central un extenso discurso del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles, en el que desglosó con especial contundencia las graves y endémicas carencias de la Administración de justicia.

El fiscal general del Estado, Jose María Gil-Albert, leyó un resumen de la memoria de la Fiscalía, en el que, entre otros extremos, destacó que durante 1981 continuó la línea descendente de la delincuencia en nuestro país, sintomática de "la consolidación del frenazo a la escalada experimentada durante el quinquenio precedente".Sainz de Robles tituló su disertación La hora critica de la justicia. Tras destacar el gesto del ministro de Justicia, Pío Cabanillas, que por primera vez no presidió el acto dé apertura, con lo que subrayaba la independencia de los órganos jurisdiccionales, el presidente del Tribunal Supremo, en presencia de quince presidentes de Cortes o Tribunales. Supremos de otros tantos países iberoamericanos, destacó que la memoria del Consejo del Poder Judicial señalaba ya objetivos urgentes e inaplazables, "sin los cuales, la justicia no puede responder a las demandas de los ciudadanos".

"Estos objetivos", dijo el presidente, "se han expresedo en la memoria, basados en unas estadísticas, quizá las más completas que se hayan tenido nunca sobre la Administración de justicia, y se han completado con unas encuestas sociológicas reveladoras dé qué es lo que el ciudadano echa a faltar y espera de los jueces".

El presidente del Supremo cuantificó esas necesidades al afirmar que es necesario incrementar el capítulo de gastos destinados a la Administración de justicia, en los próximos presupuestos, en 12.166 millones de pesetas, lo que supondría el 1,14% del total del presupuesto de gastos, frente al 0,78% actual.

Añadió que, sin embargo , "ya no se trata de seguir en la línea habitual, con un simple incre mento en el presupuesto, sino de presentar la nueva imajen de la justicia que todos queremos y de cuantificar lo que va a costar".

Información anticonstitucional

En el resumen de la memoria correspondiente a 1981, el fiscal general del Estado, Gil Albert, destacó que "la transgresión del orden jurídico es, en muchas ocasiones, consecuencia del anormal ejercicio de la libertad de expresión reconocida en el artículo 20 del texto constitucional"; por ello, "se propugna por la Fiscalía del Estado, al abordar tan actual problema jurídico-penal, resaltar claramente la configuración de la libertad de expresión en nuestro ordenamiento jurídico y fijar los criterios inspiradores de los límites jurídicos de tal libertad de opinión y de la de recibir o comunicar información, sin eludir", añadió, "la forzosa referencia a otro hecho que plantean muy concretos medios de comunicación, que, situados en sus informaciones en el límite de lo delictivo, apoyan conductas contrarias a principios constitucionales relevanteg, cuando no hacen un tratamiento positivo del terrorismo y de actos de violencia que raya en la apología".En cuanto a las grandes cifras de la delincuencia en nuestro país, señaló Gil Albert que en 1981 aumentó el número de procesos penales en Cuenca, Murcia, Ciudad Real, Baleares, Palencia, León Burgos, Logroño, Santander, Gerona, Tarragona, Lugo y Orensé, mientras que disminuyó apreciablemente en Albacete, Zamora, Teruel, Soria, Granada, Valladolid y Sevilla, todo en cuanto a provincias con nucleos medíos. El fiscal general añadió que Madrid y Barcelona, qúe absorben el 27,77% de los sumarios en el conjunto nacional, "acusan ambas la tendencia a la regresión, en grado distinto, pero muy por encima de la media nacional".