Tensión en la minería de Huelva ante la crisis de las empresas del sector

La provincia de Huelva, auténtica potencia minera, podría verse inmersa, en los próximos meses, en una profunda crisis dentro de esta actividad, casi idéntica a la sufrida hace una década y que derivó en la pérdida de trabajo para 2.000 personas en base a jubilaciones forzosas y traslados de obreros a otros centros de Explosivos Río Tinto establecidos por el resto de la geografía española. Al menos, así lo hace temer la existencia de sendos expedientes de regulación temporal de empleo para cuatro importantes explotaciones y que quieren poner en vigor las empresas del sector. Ante ello, la inquetud y la tensión comienzan a hacerse notar extraordinariamente entre la población minera, que teme una paralización inmediata de la explotación de los abundantes recursos del subsuelo onubense y en la que están ocupados 4.400 trabajadores.

La amenaza de una nueva crisis en el sector de la minería de Huelva aparece centrada en dos cuestiones fundamentales: presentación de un plan de reestructuración en la minería de piritas, a cargo de la Unión de Empresarios Mineros de Huelva, y el anuncio de un expediente de regulación temporal de empleo en Río Tinto Minera, ante el delicado momento que atraviesa la comercialización del cobre a nivel internacional.El reciente plan de reestructuración en el sector de la minería de piritas acaba de ser enviado a la Administración del Estado y, en síntesis, contempla un deseo ferviente de los empresarios onubenses: la necesidad de que el Gobierno central apruebe sendos expedientes de regulación temporal de empleo en cuatro importantes empresas: Río Tinto Minera -con 482 trabajadores afectados-, Compañía Española de Minas Tharsis -con 280-, Minas de la Concepción, SA -35-, y Minas de Herrerías, SA -32. En el centro minero de La Joya se ha suspendido ya la producción y treinta trabajadores han sido ya despedidos.

Regulaciones de empleo

De aprobarse tales proyectos, quedaría sin empleo el 35% de la masa laboral del sector de la minería de piritas, integrada por 2.400 trabajadores. Hasta ahora, el Gobiemo central tan sólo ha contestado en un caso concreto planteado: a través de la Dirección General de Empleo ha acordado denegar el expediente presentado por la Compañía Española de Minas Tharsis para su centro de trabajo ubicado en la aldea de La Zarza.Según los empresarios mineros, la situación de crisis que sufre el sector podría superarse en base a la aprobación o consideración de cuatro importantes capítulos económicos: la puesta en funcionamiento de los citados expedientes de crisis, reducción de plantillas en sus explotaciones, que el Estado sufrague los gastos de mantenimiento (luz, agua, etcétera) de los poblados mineros -actualmente soportados por las empresas- y, por último, la paralización de dos grandes proyectos mineros: uno del INI, con inversión ya aprobada de 9.000 miuones de pesetas; otro, el de San Telmo Minera, con anunciada inversión de seiscientos millones.

Es opinión generalizada del mundo empresarial -reflejada en un informe enviado al Gobierno central- que, de realizarse tales proyectos, se registraria una clara saturación en el mercado de piritas, que pondría en serio peligro la viabilidad económica de los actuales centros mineros.

El criterio empresarial no es compartido desde la esfera sindical y más concretamente desde la UGT, central que califica de optimistas las perspectivas futuras en dicha actividad, ante la ejecución necesaria de los proyectos de Sotiel, San Telmo, Cala y el contrato establecido entre la empresa Fosfórico Español y la Unión Soviética para una importante producción de ácido superfosfórico. Ahora bien, el futuro de la minería de piritas quedaría definitiva y positivamente despejado con la construcción de una planta de aprovechamiento integral de las mismas, cuyo proyecto tiene todas las bendiciones gubernamentales, pero que la parte empresarial no se decide a acometer, a pesar de contar ya con importantes subvenciones estatales.

El caso de Río Tinto

El otro acontecimiento importante que puede provocar la temida crisis en la minería onubense viene precedido por el expediente de regulación temporal de empleo que ha elaborado la empresa Río Tinto Minera y que afectaría a un total de 1.191 trabajadores, dentro de la actividad minera del cobre. Nada más anunciarse los deseos de dicha sociedad, la contestación laboral no se ha hecho esperar y se han registrado con reiterada frecuencia durante los últimos días manifestaciones en cinco municipios mineros y en la capital.Los motivos que aduce la mencionada sociedad han sido hechos públicos recientemente y responden a una cifra elevada de pérdidas económicas en su seno. Según la empresa, Río Tinto Minera ha sufrido unas pérdidas de 1.800 millones de pesetas en 1981, como consecuencia de la caída del precio de los metales a nivel intemacional.

En el primer semestre de 1982, estas pérdidas ascendieron a 2.200 millones de pesetas, lo que suma un total de 4.000 millones en un período de dieciocho meses.

Al analizar el tema de Río Tinto Minera, el antiguo senador y actual secretario provincial de UGT, Antonio García Correa, ha señalado que «estamos ante una situación penosa y lamentable: el despido temporal de trabajadores ha sido un acuerdo adoptado en la mesa de despacho de una empresa multinacional del cobre".

En opinión del parlamentario andaluz García Correa, la oferta es hoy superior a la demanda en el sector del cobre y en lo que va de año. Algunas empresas multinacionales importantes han reducido su producción, al objeto de revaluar el precio del cobre. "No cabe duda", añadió, "que Río Tinto está en la lista negra y que se verá forzada a cerrar parte de sus factorías, ya que así lo ha decidido, en gran parte, la gran sociedad multinacional Río Tinto Zinc -propietaria del 49% de las acciones-, que domina una destacada parcela de la producción mundial del cobre. De esta forma, la cuenca de Río Tinto -auténtica potencia mundial en la producción de cobre, con 42.000 toneladas- no podría ver disminuida drásticamente la misma en los próximos seis meses del primer período de ejecución de su plan de reducción temporal de plantilla".

Según el informe elaborado por UGT, el 50% de las necesidades, en materia de cobre, son cubiertas desde la espectacular explotación minera a cielo abierto de Río Tinto. Pero puede dase el caso de que -ante la decisión de Río Tinto Minera- la Administración española se vea obligada a incrementar las importaciones del mismo, con la consiguiente pérdida de divisas. Igual puede ocurrir con las producciones de plomo, zinc, hierro y ácido sulfúrico, oro y plata -de las que España es deficitaria-, que se verían disminuidas ante el cierre de explotaciones en la provincia de Huelva, y que afectaría a un total de 2.000 trabajadores.