La crisis de Euroflot se debe a irregularidades de gestión, según el comité de empresa

La naviera Euroflot, ligada al grupo del mismo nombre -al frente del cual se encuentra el argentino Roberto J. Slinin-, presentó el pasado 10 de agosto, ante la Dirección Provincial de Trabajo de Santander, expediente de regulación temporal de empleo, decisión a la que se ha opuesto el comité de empresa. Según un Informe elaborado por éste y presentado ante las autoridades laborales, la crisis de Euroflot, SA, vendría determinada por la comisión de irregularidades, destacando la manipulación de la contabilidad de la naviera, la utilización supuestamente fraudulenta de fondos públicos y la posible evasión de capitales.

La naviera Euroflot, que presentó suspensión de pagos ante un juzgado de Madrid el mes de mayo pasado, ha decidido ahora proceder a una regulación temporal de los 240 trabajadores que componen la plantilla y al amarre de los buques que integran su flota. La solicitud, elevada al delegado provincial de Trabajo de Santander el pasado 10 de agosto, fue rechazada en el plazo preceptivo por el comité de empresa, que discrepa de los datos ofrecidos por la dirección de la naviera. No obstante, ésta ha procedido al cierre de algunos de los centros de trabajo, como es el caso de los buques Galia, amarrado en Santander desde el 20 de agosto; Alejandros, Patricia Adilana y Termancia, que llegó a Santander el pasado día 5 y cuya tripulación se encuentra en huelga, en tanto que las del resto han cesado en su actividad laboral.Otro buque, el Karens, se encuentra descargando en Calcuta con orden de regresar en lastre a Santander, en tanto que el Sonias se halla embargado en el puerto británico de Felixtowe desde el pasado 1 de julio por un empresa alquiladora de contenedores, a la que, según fuentes del comité de empresa, se la adeudan contratos desde hace un año y medio.

El agravamiento de la situación económica de la naviera, de la cual los trabajadores afirman no haber recibido datos fiables, sólo podría ser superada, según éstos, y en el caso hipotético de que la Dirección Provincial de Trabajo aceptase el expediente de regulación temporal de empleo, mediante la asunción de la empresa por el Banco de Crédito Industrial (BCI) o por otra empresa. A la entidad de crédito oficial se le adeudan importantes cantidades, dado que la financiación para la construcción y compra de esos buques se realizó mediante la obtención de créditos a largo plazo y bajo interés del Banco de Crédito a la Construcción (BCC), ahora BCI.

Dichos créditos, que cubren el 80% del presupuesto del buque, supusieron en realidad algo más en algunos casos del 110% del valor final, ya que, según se recoge en el informe citado, se dio una presumible inflación del presupuesto.

Además de trabajarse con materiales de peor calidad y menor precio que los presupuestados, cuatro de los seis barcos así construidos y financiados fueron encargados a Astilleros del Atlántico de Santander y Astilleros y Construcciones (Ascon) de Vigo, ambos integrados en el llamado Grupo Euroflot, empresas todas ellas en las que el accionista mayoritario es Slinin.

Transporte de contenedores

Con estas medidas, Euroflot sólo pretendía dar trabajo a los dos astilleros del grupo, pero la imposibilidad de vender dichos buques, dado su elevado precio y baja calidad, le obliga a tener que gestionarlos ella misma, convirtiéndose en naviera, principalmente centrada en el transporte de contenedores entre los puertos del norte de Europa, España, Francia e Italia a la costa suramericana (Argentina, en primer lugar, y después Brasil y Chile). La gestión de la naviera es calificada por fuentes sindicales de catastrófica, al tiempo que denuncian la contratación de servicíos de otras navieras, como Alvarez, Tramar o Cru, sin que medie ningún tipo de convenio comercial, lo que consideran ilegal.Asimismo el personal no administrativo de Euroflot, alrededor de 210 personas, "han estado trabajando indistintamente durante estos últimos cuatro años tanto en buques de la empresa como en los pertenecientes a las otras navieras", se señala en el informe del comité de empresa, según el cual ello contradice el contenido del Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 43 prohíbe la contratación o cesión temporal de los trabajadores a otros empresarios.

El agravamiento de la situación financiera de la empresa, debido, según ésta, a la caída del mercado de fletes y a las consecuencias derivadas de la guerra de las Malvinas y de la fuerte baja del peso argentino en relación con el dólar, serían razones suficientes para la regulación temporal de empleo solicitada. Para los trabajadores, sin embargo, la situación, aunque grave, está determinada únicamente por la intención de la empresa de deshacerse del muerto que supone la naviera, al tiempo que Astilleros del Atlántico de Santander, que cuenta con una plantilla de quinientos trabajadores, cierra paulatinamente sus puertas y los astilleros de Ascon, en Vigo, reducen 450 puestos de trabajo, decisiones adoptadas el pasado mes de mayo.

El informe elevado por el comité termina deduciendo algunas conclusiones, entre las que destacan "indicios suficientes para afirmar la manipulación de forma presuntamente ilegal de la contabilidad de la naviera", la utilización "presuntamente de forma fraudulenta de fondos públicos para beneficio de particulares" y la negligencia en el cobro a una empresa filial -Arcongves-, establecida en Chile, que podría ser interpretada como una evasión de capitales". Finalmente, el informe rechaza la pretensión de la empresa de proceder a la regulación temporal de empleo y pide de la Administración y del ministerio fiscal que "promuevan una investigación para sacar a la luz todo lo que de oscuro haya en este asunto y exigiendo las responsabilidades a que haya lugar".