Más de 6 años han tardado los militaires argentinos en legalizar los partidos

La promulgación ayer, por el presidente de Argentina, general Reynaldo Bignone, del Estatuto de los Partidos Políticos constituye la primera medida adoptada por los militares para reinstaurar la democracia y devolver el poder a los civiles. En su mensaje radiotelevisado, el general Bignone confirmó la "firme decisión de las fuerzas armadas de institucionalizar constitucionalmente el país, a más tardar, en marzo de 1984" El militar aseguró que su Gobierno no busca el poder absoluto, pero advirtió que actuará con el poder necesario para cumplir la misión democratizadora.

Bignone aludió a los graves problemas económicos con que se enfrenta Argentina y reconoció que la situación "es particularmente dura para los sectores sociales de menores recursos".Ante la posibilidad de que la Confederación General de Trabajadores (CGT) opte por llevar a cabo la anunciada huelga general de veinticuatro horas, Bignone afirmó que su Gobierno "hará todo lo que esté en nuestras manos para evitar las medidas de fuerza y los conflictos". Ahora, si se producen, "tendremos ante ellos una actitud ecuánime y,serena, pero firme", añadió.

La apertura de una nueva era política en Argentina es considerada en Buenos Aires como "un hecho positivo y prometedor" en medio de los insistentes rumores de golpe de Estado y de las amenazas de los sindicatos. El texto del documento, cuya redacción se retrasó debido a la guerra de las Malvinas, fue. publicado por los principales diarios antes de que el presidente se dirigiera a la nación.

El documento fundamental del régimen. militar instaurado en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, titulado Bases políticas de las fuerzas armadas para el proceso de reorganización nacional, ya proveía la publicación de este estatuto, pero han tenido que transcurrir más de seis años para que viera la luz. De hecho, el texto se inspira fuertemente en el aprobado en 1965, durante, el Gobierno radical de Arturo Illia, que posteriormente fue ligeramente modificado por la presidenta Isabel Perón.

Restricciones

Las nuevas normas son doblemente restrictivas. Por un lado, quedarán prohibidos aquellos partidos que se autoproclamen marxista-leninistas; por otra se reduce el abanico político a tres o cuatro formaciones importantes. Asimismo, se declararán ilegales aquellas organizaciones políticas que exijan una investigación sobre la actitud de las fuerzas armadas durante los años de lucha contra la subversión.Las limitaciones de naturaleza ideológica han quedado finalmente abandonadas, aunque el artículo 22 del nuevo estatuto se presta a una amplia interpretación: "No serán autorizados los partidos que, en su doctrina y modo de actuar, en su funcionamiento interno o en su actividad externa, intenten sustituir el sistema democrático recurriendo al empleo ¡legal o sistemático de la fuerza y favorezcan la concentración personal del poder".

Asimismo, los militares han renunciado a limitar el número de los partidos, prefiriendo basarse para ello en el número de sus militantes. Bastará con disponer de 35.000 afiliados -el 2 por 1.000 de la población, aproximadamente- para poder figurar en el registro.

Cuatro partidos podrán acogerse sin problemas al nuevo estatuto: el Justicialista (peronista), el Radical, el Intransigente y el Movimiento Desarrollo e Integración. Existen asimismo muchas posibilidades de que el Federalista, el Democristiano y el Liberal también puedan acogerse a la nueva normativa. Los socialistas y diversos movimientos de izquierda podrían también presentarse a los comicios si conforman una octava fuerza electoral.