La economía y el PSOE / 2

La atribución al sector público de muchas actividades está fuera de discusión. Es, por ejemplo, el caso de aquellos servicios esenciales que, por el volumen de las inversiones que precisan u otras razones, son inabordables o no rentables para las empresas privadas. Tal sucede con las infraestructuras del transporte y con casi todos los bienes y servicios públicos tradicionales. Otro caso diferente, pero también admitido por la sensibilidad contemporánea (con la excepción de algunos ultraliberales y conservadores), son los servicios que ofrece el estado de bienestar por un complejo de razones -solidaridad social, humanitarismo, paz laboral, etcétera-, como las prestaciones sociales, la sanidad o la enseñanza gratuita, con los que se pretende además conseguir un efecto redistributivo de la renta. Por el contrario, la controversia es muy fuerte entre intervencionistas y antiestatistas cuando el sector público absorbe o, al menos, el Estado interviene el sistema financiero o la industria. Los que argumentan en contra cargan la mano sobre el coste excesivo que tales operaciones suelen suponer para el ciudadano y, sobre todo, en la ineficacia, cuando no en la corrupción, que, según ellos, son inherentes al sector público. Los razonamientos a favor suelen cubrir dos vertientes: una técnica, de sabor más o menos keynesiano o socialdemócrata, hace referencia a la necesidad de que exista un centro regulador en el sistema económico que controle algunas variables, que suavice las oscilaciones y desequilibrios y que atienda a actividades de promoción y desarrollo no rentables para la iniciativa privada; la otra vertiente, más política, socialista si se quiere, alude a la necesidad de acotar ciertas áreas económicas de naturaleza estratégica, de modo que el poder que en ellas ejercen grupos reducidos en número y sin legitimación democrática sea lo más pequeño posible.Después de lo dicho queda claro que valorar de una forma unitaria o indiscriminada al sector público, sea por la proporción del Producto Interior Bmto (PIB) que absorbe, el empleo que ocupa o cualquier otro parámetro, es poco significativo. En primer lugar, el volumen de los bienes y servicios públicos -sean tradicionales o de los in corporados por el modemo estado social- marca, en cierto modo, el nivel de desarrollo del equipa miento colectivo de una sociedad y de su grado de solidaridad e igualitarismo. Su existencia y desarrollo son inexcusables en una comunidad humana que merezca tal nombre. Ello no obsta para que sea necesario ser realista y atender algunas de las observaciones de los críticos del estado de bienestar. En efecto, la proporción gasto público / gasto privado debe mantenerse en unos límites razonables que garanticen un amplio margen de libertad individuaI; por otra parte, la razón coste / beneficio en la provisión de servicios públicos puede verse afectada fuertemente por ineficacias, deseconomías de escala y parasitismo burocrático, que deben ser corregidos con medidas de racionalización funcional, descentralización y participación de los usuarios. En último pero principal lugar, no debe caer se en la ingenuidad de creer que todo servicio sufragado a cargo del erario público tiene un carácter progresivo, por suponer una transferencia de renta de los grupos más favorecidos a los menos, ya que no siempre es así.

La experiencia española

Sin embargo, en el caso de la intervención pública en el sector financiero, el energético, las industrias de base o los sectores punta, muchas veces uno de los criterios más relevantes para medir su oportunidad es el del grado de control democrático, de la economía que proporciona en especial la posibilidad real de planificación del conjunto de la economía que permite.Por razones históricas, el sector público español, tanto en lo que se refiere a los servicios sociales como a la propiedad o participación en empresas industriales o financieras, es obra de la derecha española.

En cuanto a las empresas públicas industriales, comerciales o finacicieras, sea cual fuere su estatuto jurídico (sociedades mercantiles con capital estatal, organismos autónomos, etcétera), y dependan del INI, de la dirección del Patrimonio o de diferentes ministerios, hay que reconocer que adolecen de múltiples inconvenientes. Sin entrar en la casuística, podrían señalarse varios de tipo general. El más importante de todos, la falta de coordinación de unas con otras y de almeamiento del conjunto con la política económica general. Otro, derivado del anterior, la falta de dcfmicián de los objetivos concretos -¿rentabilidad económica?, ¿promoción del desarrollo?, ¿instrumento político?- de todas y cada una. Igualmente hay que señalar la excesiva politización que afecta a demasiadas empresas públicas. En numerosos puestos directivos, y no sólo en los de naturaleza política -presidentes, por ejemplo-, sino a niveles más técnicos, se producen constantes fichajes de políticos en ascenso o descenso.

Ello es perfectamente comprensible si se atiende a las auténticas características del sector público español. En efecto; tras unas declaraciones formales, más o menos retóricas, en torno al tan traído principio de subsidiariedad y a la necesidad de promover el desarrollo en sectores o regiones abandonados por la iniciativa privada, el sector público español, propiciado por la derecha intervencionista, ha servido, salvando importantes excepciones, como hospital de empresas, proveedor de servicios o materias primas baratas a clientes privüegiados del sector privado, refugio de políticos y fuente secundaria de poder para la clase dirigente. Así, los consejos de administración y los puestos directivos de los bancos, industrias y empresas de servicios públicos se han nutrido, aparte de elementos de la burocracia política franquista, antes, y de UCD, ahora, de representantes de la oligarquía financiera e industrial. No deja de ser flustrativa la interpretación que del principio de subsidiariedad ha hecho siempre la derecha española.

No sorprende, pues, que sobre esa base general -sumisión a los intereses del capital privado, parasitismo político-burocrático, descoordinación y falta de orientación política- se produzcan toda clase de ineficacias y deseconomías en cada caso particular. Así, no sólo se ha conseguido un sector público al exclusivo servicio de la derecha, sino que se ha desacreditado profundamente ante la opinión la propia idea de la necesidad de un amtor público potente que permita la planificación y su dirección del sistema económico de forma democrática.

La posición socialista

Con estos antecedentes, por si fueran insuficientes, las dificultades derivadas de la crisis y los recelos provocados por la propaganda derechista, se comprende que la izquierda española sea sumamente prudente en materia de propiedad pública. Ello no significa, naturalmente, rechazar las ideas socialistas -no precisamente, contra lo que falsamente se cree, estatistas-, ni mucho menos, desconocer la necesidad que tiene toda sociedad democrática de conseguir cierto grado de control sobre su propia economía. Lo que sí supone, después de las consecuencias antisocialistas de la estatización en los países mal llamados del socialismo real, la situación de crisis actual y la propia experiencia española, es que hay que ser cautelosos y pragmáticos. Todo proyecto de nacionalización o de intervencionismo debe someterse a un escrupuloso análisis coste / beneficio desde la óptica del bienestar social, y, sobre todo, debe estarse razonablemente seguro que supone un aumento de la democratización real.En la España actual es evidente que, un próximo Gobierno socialista, o simplemente progresista, debiera, en primer término, ocuparse de sanear el sector público existente. Coordinar las empresas, definir sus cometidos políticos, profesionalizar la gestión, clarificar la contabilidad de modo que se sepa exactamente qué parte del déficit se debe a servidumbres político-sociales, cuál a baja rentabilidad económica y cuál a mala gestión. Esta tarea puede muy bien ocupar una legislatura. Naturalmente, cabría también dilatar el sector público en un doble sentido. Por una parte, creando empresas cuyos fines fuesen el desarrollo regional y la generación de empleo o que se dedicasen a sectores punta. Y. por otra, tomando las medidas, nacionalizadoras estrictamente indispensables en los sectores energético y financiero (limitadas a la red de distribución de alta tensión, reestructuración de las cajas y poco más).

En los planos jurídico-institucional y orgánico-funcional serían necesarias también importantes medidas. La primera de ellas, la promulgación del tan esperado Estatuto de la Empresa Pública, en el que deberían establecerse claramente las fórmulas de dependencia de la Administración (contratos-programa, vinculación a los ministerios del Gobiemo nacional o, en su caso, de las comunidades autónomas, etcétera). La segunda, y, en lo posible simultánea con la primera, reestructuración y reorganización de las actuales empresas públicas.