La Comisión Delegada para Asuntos Económicos estudia hoy el plan de viabilidad de la electrónica de consumo

Un plan de viabilidad para las tres principales industrias nacionales del sector de electrónica de consumo -Vanguard, Bettor y Cosmos- podría ponerse en funcionamiento en muy breve plazo, tras ser discutido hoy por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y, posteriormente, enviado al Consejo de Ministros. El plan prevé la concesión de un crédito estatal de 2.700 millones de pesetas que, avalado por la Generalidad de Cataluña, será utilizado en la creación de una nueva empresa nacional del denominado sector marron, que incluye aparatos de radio, televisión, equipos de alta fidelidad y electrónica de uso doméstico.

La Nueva Empresa Conjunta, SA (NECSA), nacería de la fusión de las industrias catalanas Bettor, Vanguard y Cosmos -todas ellas en situación de suspensión de pagos-, que representan la práctica totalidad del mercado nacional de la electrónica de consumo. Esta nueva sociedad contaría con toda la gama de asistencia técnica de la multinacional japonesa Hitachi, desde los aparatos de televisión hasta los equipos de alta fidelidad, el vídeo y las máquinas calculadoras.Similar salida podría darse desde la Administración a la reestructuración de la industria de la motocicleta, cuya crisis, unida a la del pequeño metal, incide de manera especial en el deterioro del sector metalúrgico en Cataluña. Este sector significó en el último año el más alto número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en Cataluña. La Minoría Catalana, representada en los contactos con los ministerios económicos por su portavoz en el Congreso, Miguel Roca Junyent, viene mostrando especial interés por encontrar una salida a ambos sectores.

Créditos para la 'línea marrón'

Créditos oficiales o subvenciones -si llegaran a decretarse en el último caso reconversiones industriales- habrían formado parte de las negociaciones políticas entre Convergencia i Unió y el Gobierno de Calvo Sotelo.La concesión de un crédito para el sector de la línea marrón podría incluso llegar a recortar los presupuestos de otros planes de reconversión ya en marcha, especialmente el que afecta al sector textil. Más allá del citado plan de viabilidad, un decreto de reconversión sectorial beneficiará, en caso de ser adoptada esta última solución, a la empresa de componentes electrónicos CECSA, cuyo presidente es el alcalde de Barcelona, Enric Massó.

Esta empresa, junto a un pequeño número de industrias de electrónica de consumo, básicamente catalanas, resultarían indirectamente beneficiadas de la reconversión sectorial.

Mil cien trabajadores, de los 2.300 afectados por las regulaciones de empleo de las tres principales industrias del sector, conservarán en la nueva empresa electrónica su puesto de trabajo, percibiendo el resto las correspondientes indemnizaciones pactadas de sus contratos de trabajo por las rescisiones pactadas de sus contratos de trabajo. Con la puesta en práctica del plan se daría fin, por otra parte, a la larga cadena de expedientes parciales de regulación de empleo que, desde abril de 1981, vienen siendo aplicados a los obreros del sector. Con catorce meses ya agotados de subsidio de desempleo y sesenta días sin percibir salario alguno, los trabajadores de Bettor, de Parets del Vallés (Barcelona), permanecen encerrados en el interior de la fábrica desde hace más de ochenta días, a la espera de una solución.

La crisis de las industrias catalanas de la denominada línea marrón culminó en 1981 con la retirada de la multinacional alemana Dual de su participación en Industrias Bettor y la consiguiente suspensión de pagos de esta última empresa, a la que habían precedido Vanguard y Cosmos. Cahue Industrial, SA, fabricante de la marca Vanguard, quien ocupaba 1.700 trabajadores, presentó suspensión de pagos en febrero de 1981 ante el Juzgado de Primera, Instancia de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Su activo declarado ascendía a 5.695 millones de pesetas, y el activo y el pasivo reflejados en el expediente inicial sumé 3.456 millones de pesetas. Sólo dos meses después, en mayo de 1981, seguía el mismo camino Industrias Bettor, con un activo de 1.490 millones de pesetas y un pasivo,de 423 millones.

El principal acreedor inicial de Bettor era la multinacional alemana Dual, recientemente absorbida por su correlativa francesa Thompson. Dual llegó incluso a ejecutar créditos hipotecarios contra Bet tor con la intención de adjudicarse todos los locales de venta de esta última firma. La creación, en octubre de 1981, de una nueva empresa comercial, denominada Comercial Interdi, SA, sirvió a Dual para seguir distribuyendo su marca en España, marginando a Bettor. La operación se efectuó con el beneplácito de Enrique Cerqueda, ac cionista de Bettor y recientemente nombrado síndico de Andorra.

Presión de los trabajadores

Las suspensiones de pagos de Bettor, Vanguard y Cosmos, favorecidas por la competencia de las empresas extranjeras con superior tecnología, significaron la práctica ausencia de productos nacionales de línea marrón en el mercado. El esbozo de un plan de viabilidad para este sector surgió, por ello, como necesidad de dar una solución política a esta situación. A su puesta en práctica han contribuido, sin duda, las presiones de los trabajadores, especialmente la plantilla de Industrias Bettor. Anteriores contactos para la agrupación de las tres firmas suspensas se habían producido con anterioridad a su insolvencia provisional, aunque las fuertes reticencias por parte de la firma Vanguard, quien esperaba capitalizar por sí misma la situación con un convenio de asistencia tecnológica por parte de Hitachi.El plan de viabilidad de la electrónica de consumo ha sido elaborado por el grupo de Consulting Chek, SA, y prevé la conservación de 1.100 puestos de trabajo. Otros 1.300 contratos podrían ser rescindidos con pactos voluntarios equivalentes a una cantidad media de indemnización de 800.000 pesetas por persona. El plan significaría la liquidación de las tres sociedades anónimas a través de acuerdos de reducción y aplazamiento de créditos con sus respectivos acreedores. CECSA absorbería parte del pasivo de sus predecesoras y recibiría un crédito oficial de 2.700 millones de pesetas a lo largo de tres años; su gestión podría estar intervenida por la Generalidad, a través del nombramiento de un gerente, al menos con carácter provisional.

Dificultosas discusiones para dar luz verde oficial al proyecto han significado las renuncias solicitadas por los empresarios a la Hacienda pública y a la Seguridad Social para el cobro de sus respectivos créditos contra las empresas, que ascienden a más de 2.500 millones de pesetas. La nueva empresa catalana de electrónica de consumo facturará en 1983, como intrínseca contrapartida, 9.000 millones de pesetas en aparatos de fabricación propia y 623 millones de pesetas en productos de importación comercializados por ella, según las previsiones del plan. Toda la gama de asistencia tecnológica de Hitachi, desde los aparatos audiovisuales hasta la pequeña electrónica, garantizan, en ultimo término, la competitividad del proyecto.