Afectados por el síndrome tóxico están siendo embargados por impago de letras, afirma la OCU

"Los afectados por el síndrome tóxico reciben una pedrea continua de situaciones angustiosas, entre ellas, el embargo por el impago de letras", declaró ayer en Madrid, en una conferencia de Prensa, Ignacio Uriarte, abogado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La OCU se manifestó en contra de que las actuales ayudas económicas a los damnificados sean reembolsables (con cargo a las indemnizaciones que les correspondieran en la resolución del proceso) y denunció la dificultad de cobro de los afectados que no tienen regularizada su situación familiar.

Según el asesor jurídico de la OCU -colectivo que defiende los intereses de 2.300 intoxicados-, el envenenamiento masivo por consumo de aceite de colza desnaturalizado ha provocado en las personas afectadas una ruina fisica y una ruina económica, pues la enfermedad les ha impedido trabajar, cortando, por tanto, la fuente de ingresos. "Estas gentes viven, en su mayoría, a base de letras de cambio", dijo, y señaló la existencia de numerosos casos de embargo por no satisfacer a tiempo el pago de letras. Entre ellos, el de un afectado de Alcorcón, cuyo local ha sido subastado y adquirido, a mitad de precio, por la misma persona que se lo vendió, quien pretende ampliar el embargo con las letras que aún le quedan. "La indefensión de los afectados es enorme, máxime cuando desconocen las leyes, y de esto se aprovechan ciertas personas", añadió Uriarte.El portavoz de la citada organización de consumidores refirió que también viven situaciones "socialmente trágicas" los afectados que no tienen legalizada su situación familiar. Las ayudas económicas están destinadas a los enfermos y a sus familiares. Quienes no puedan acreditar un parentesco o una dependencia no pueden percibir estas ayudas. Un ejemplo de este problema lo constituye un niño madrileño de siete años, hijo de madre soltera, fallecida en julio del año pasado. En aquella fecha, los familiares no resolvieron la tutoría del niño y, por esta razón, no han podido cobrar aún los tres millones de pesetas que le fueron concedidos, "a pesar de dar vueltas por los organismos e instituciones encargados de resolver estos problemas", apuntan en la OCU.

Precisamente por este motivo ha sido creada (por real decreto del 18 de junio de 1982) la Comisión de Servicios Sociales, que tiene por finalidad "estudiar y proponer las soluciones sobre problemas y particularidades que presenten las unidades familiares de afectados por el síndrome tóxico, así como las situaciones personales concretas", según consta en la orden de Presidencia del Gobierno publicada el pasado jueves. La OCU saluda la formación de esta comisión, "como resultado de las medidas acordadas en el último debate parlamentario sobre el tema de la colza", y espera que sus miembros "impidan los abusos de que son objeto los afectados, orientándoles en la gestión de sus asuntos". "La asistencia sanitaria es importante, pero también la jurídica; estos enfermos necesitan abogados", insiste Ignacio Uriarte.

Las ayudas son anticipos

A través de su abogado, la OCU denunció el cambio sustancial en la naturaleza de las ayudas destinadas a los enfermos por el síndrome tóxico, porque las nuevas disposiciones, en contradicción con las anteriores, establecen que los beneficiarios deberán reembolsar las prestaciones económicas que reciban en el momento en que les concedan las indemnizaciones que puedan resultar al término del proceso. "El dinero que ahora reciben los intoxicados son meros anticipos de las cantidades que, de resultas del juicio, les correspondieran, con cargo a la fortuna de los declarados culpables", dijo Uriarte, y puso de manifiesto la nueva lista de trastornos que sufrirían con ello los enfermos, pues "la Administración se convertiría en acreedor".

Existencia de falsificación de documentos

Por otra parte, el representante de la OCU explicó el contenido de la petición de ampliación de la llamada querella de la colza, que presentó esta asociación hace un mes. Las razones de esta petición, rechazada por el Juzgado Central de Instrucción número 3, son la existencia de falsificación de documentos, que posibilitaron la entrada ilegal en España, con destino a Lípidos Ibéricos, SA, de 3.144.257 kilogramos de aceite de colza crudo; la comisión de un delito contra la salud pública, por haber hurtado al producto el correspondiente control sanitario, y una "defraudación colosal", que facilita el hundimiento del mercado del olivar.

Por otra parte, más de cincuenta personas, pertenecientes a las asociaciones de afectados por el síndrome tóxico y de vecinos de la zona sur de Madrid (especialmente dañada por el envenenamiento masivo), se manifestaron ayer ante el despacho del director del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, en protesta por "la política de hechos consumados, que sé sigue con el tema", según declaró un portavoz de los manifestantes.