El Banco de España interrumpe los pagos a Libia

Viene de la primera páginaDe los 14.000 millones de pesetas de deuda que Libia tiene con España, unos 2.700 millones corresponden al consorcio conservero gallego Sainter, que agrupa a unas quince o veinte pequeñas empresas del sector. Estas compañías atraviesan ahora serias dificultades económica.

Los esfuerzos oficiales por acelerar el pago de estas deudas comenzaron a ser constantes a partir de primeros de año cuando, incluso, se decidió suspender las compras de crudo por un mes, con el fin de presionar a Libia a regularizar las cuentas. Los retrasos en los pagos se habían comenzado a notar en la segunda mitad de 1981 y, tras la interrupción de las compras de crudo, una misión española viajó a Trípoli con el fin de negociar la solución del problema. Formaban parte de esta misión funcionarios de los ministerios de Economía y Comercio, Asuntos Exteriores, del Banco de España y los responsables de la política de compras de petróleo.

Esta misión, tras recibir promesas del Gobierno libio de que en el plazo de un mes se restablecería la normalidad en los pagos, llegó a un acuerdo, firmado el 9 de febrero, en el que "se considera útil" que los bancos centrales de los dos países abrieran en las respectivas capitales unas llamadas cuentas de crédito recíproco, que se utilizarían para regularizar los pagos mutuos.

Bajo los términos del citado acuerdo, el Gobierno libio se comprometía, en el plazo de un mes, a hacer frente a unas deudas contraídas con exportadores españoles que, en aquella fecha, se elevaban a 71.500.000 dólares (unos 8.000 millones de pesetas). Por su lado, España adquiriría 30.000 barriles diarios de crudo (20.000 para Hispanoil y 10.000 para Petroliber), cantidad ligeramente inferior a los 55.000 barriles diarios que se compró , como media en 1981 y que había sido la que Libia concedió a España en los difíciles momentos que el mercado de petróleo atravesó en los meses posteriores a la crisis iraní de 1979.

Peregrinaciones a Trípoli

El 22 de febrero, una misión libia llegó a Madrid, presidida por el entonces subsecretario de Economía y ahora ministro de Comercio, Shak Shuki, sin que hasta aquella fecha se hubiese regularizado el pago de las deudas. Los libios reiteraron sus promesas de pago y se procedió, entoces, a abrir las cuentas de crédito que se habían negociado quince días antes en Trípoli. El procedimiento de pago se simplificó al máximo, ya que bastaba que, poco antes de proceder a contabilizar los balances trimestrales, se cursaran las órdenes oportunas con cargo a dichas cuentas.

En la primera quincena de junio, otra misión española acudió a Trípoli con el fin de reiterar la necesidad de cursar la orden de pago. Se buscó una fórmula para que se aceleraran los pagos, pero se encontró una cierta oposición por parte libia, según informan fuentes solventes, que se escudaron, al parecer, en el argumento de que se habían sobredimensionado las órdenes de compras. Indicaron que se habían encargado más de cinco millones de pares de calzado y varias decenas de miles de mantas que no eran necesarias. Reconocieron, incluso, los serios problemas burocráticos que sufre el país, tras la desaparición de la compañía importadora libia, cuyo director general había desaparecido y podría encontrarse en la cárcel.

En medios del sector exportador se menciona incluso los problemas políticos internos libios y el hecho de que, cada misión que negocia, cambien los interlocutores. Algunos mencionan la misteriosa desaparición de documentos y la acumulación, en los puertos libios, de enormes cantidades de productos, algunos perecederos, que se descomponen sin siquiera desembalarlos. Otros señalan, por el contrario, que el problema puede obedecer a que se está celebrando en Libia el mes de Ramadán.

En medios diplomáticos se apunta también la aparente inestabilidad que sufre el régimen libio del coronel Gadafi y los continuos cambios en la administración política que se suceden.

Fuerte desequilibrio comercial

La ausencia de pagos de Libia es más dramática a la luz del fuerte desequilibrio que ofrece, a favor de dicho país, el comercio entre Madrid y Trípoli. En 1981, la tasa de cobertura española en sus relaciones comerciales con Libia era tan sólo del 30%, ya que las exportaciones a dicho país sumaron 40.000 millones de pesetas con unas importaciones (en su mayor parte, crudo y gas) de 122.256 millones.

Este desequilibrio, por el contrario, ofrece la ventaja de la fácil recuperación del dinero que adeuda Libia. Al 30 de junio, cuando se interrumpieron los pagos, la cuenta libia en el Banco de España arrojaba un saldo a su favor de unos 123,3 millones de dólares con operaciones a punto de cerrarse, también a su favor, por importe de 109 millones de dólares. El saldo, pues, superaba los 232 millones de dólares, cantidad más que suficiente para cubrir todas las deudas.

Estas ascendían, por otro lado, a unos 130 millones de dólares, de las que unos cien corresponden a puro comercio y otros treinta a saldos por obras de carácter civil. De los cien que corresponden a comercio, algo más de veinte pertenecen a los conserveros gallegos, en cuyo grupo es donde más se ha aireado el problema, pese que han podido cobrar su deuda por medio de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE).

El problema para éstos es que sólo aseguraron diez millones de dólares, que al cambio de entoces sólo representa una tercera parte de su saldo negativo con el país árabe.

Por otra parte, en las últimas semanas los libios han dado órdenes de pago por un total de 37 millones de dólares, que corresponden a compras recientes, pero se niegan a aceptar la mayor parte de las viejas.

En medios solventes de la Administración se asegura que el problema comercial con Libia tiene una fácil solución y que sólo es cuestión de una corta espera. España abona mensualmente a Libia más de cincuenta millones de dólares en compras de crudo y bastarían, hipotéticamente, menos de tres meses para cubrir la deuda. Peor es el caso de Francia o Italia, a los que los libios adeudan 1.200 y 1.600 millones de dólares, respectivamente.

No obstante, algunos medios ven un cierto riesgo en la eventual cancelación por parte libia de contratos españoles, para construcción civil en dicho país, que totalizan la cifra de 64.000 millones de pesetas. Otro riesgo es la fuerte colonia española que existe en dicho país. La amenaza de sus suspensión de las ventas de crudo sería menos determinante dada la situación favorable del mercado de petróleo.