800 millones destinará el Ayuntamiento de Santa Cruz para reordenar la ciudad

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado en pleno el Plan Especial de Reforma Interior de la ciudad (PERI) después de dos años de discusión sobre el mismo, que ha sido motivo de una fuerte polémica entre las autoridades municipales y un grupo de propietarios de Inmuebles que se consideró afectado. El plan será aplicado durante los próximos ocho años y supondrá al Ayuntamiento una inversión de ochocientos millones de pesetas.

Para el alcalde, Manuel Hermoso, de UCD, la aprobación del PERI representa un gesto progresista, en el que han participado centristas, socialistas, comunistas, independientes y nacionalistas de la Unión del Pueblo Canario (UPC). El único voto en contra ha sido el del portavoz de AP, Julio García Pérez, quien califica de excesivo el número de edificios a proteger y llama la atención sobre las repercusiones sociales y económicas que significará para el ayuntamiento y los propietarios afectados.Sin embargo, el PERI, que fue premiado ' recientemente con un accésit por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en un concurso nacional y mereció elogios en unas jornadas internacionales sobre conservación del patrimonio histórico-artístico celebradas en Barcelona, es considerado un proyecto revolucionario desde el punto de vista urbanístico, y constituye una de las pocas excepciones en todo el país. Es obra de un equipo de urbanistas dirigido por el arquitecto Rafael de Cáceres, con la intervención de Eduardo Silva, jefe de la sección jurídica de Urbanismo del Ayuntamiento. El asesor jurídico ha sido Luciano Parejo, del despacho de García Enterría, cuyo informe será publicado.

Según señaló a este periódico el teniente de alcalde, Adán Martín, presidente de la comisión municipal de Urbanismo y director político del plan, éste viene a fijar nuevos criterios. de edificación, mediante un control sobre el techo adecuado en cada caso, afronta el problema del déficit de abarcamientos, crea nuevas zonas peatonales, desahoga las vías de circulación y aplica normas generales para un desarrollo racional de la ciudad. Junto a esto incluye un catálogo de edificios a proteger, que provocó la citada polémica.

Unos quinientos edificios no podrán ser derruidos, ya que por su interés arquitectónico e histórico merecen ser conservados. En la mayor parte de ellos se deberá respetar la fachada, aunque podrán realizarse obras interiores. El plan fue sometido a información pública más tiempo del normal, casi de forma simultánea a su elaboración.