Nuevo intento para negociar la financiación del déficit en los transportes municipales
El próximo jueves se reunirán en Madrid los alcaldes de ciudades afectadas por el déficit de transporte urbano, atendiendo a una convocatoria del Ayuntamiento madrileño, según informa Europa Press. El objetivo de este encuentro es promover la reanudación de las negociaciones con la Administración para arbitrar una solución a este problema.
La financiación de dicho déficit forma parte de los acuerdos autonómicos y locales suscritos por el Gobierno y el PSOE el 31 de julio de 1981, compromiso incumplido hasta ahora. La interrupción de las negociaciones Gobierno-PSOE desde hace más de un mes sobre dicho tema, ha situado en una precaria situación a varios de los ayuntamientos implicados, que se hallan en dificultades para pagar las nóminas de sus empresas de transporte.Las ciudades con mayor déficit urbano son Barcelona (7.000 millones), Las Palmas (414), Madrid (3.450) Valencia (950), Sevilla (850), Córdoba (272), Málaga (23 l), Huelva (217), Palma de Mallorca (85), Burgos (65), Santander (62), Gijón (60), Almería (50) y Mieres (21).
Las desavenencias Gobierno-PSOE sobre dicho tema se iniciaron ante la no inclusión en los presupuestos del Estado por el Ejecutivo de los 14.000 millones de pesetas prometidos para la financiación de parte del déficit del transporte urbano correspondiente a 1980 y 1981. La respuesta del PSOE fue rechazar la figura del "impuesto sobre el inquilinato", destinado a enjugar dicho déficit, dentro de la ley de financiación del transporte, la cual se vio irremisiblemente apareada.
Para superar dicho punto muerto, el Gobierno y el PSOE encargaron en el pasado mes de abril a un comité de expertos la elaboración de un informe para dar solución al problema. En el informe que éstos presentaron, proponían un préstamo del Estado para los déficits de los años 1980, 81 y 82 con intereses a cargo del Estado, financiación conjunta Estado- Ayuntamiento de 1983 a 1985, con mayor participación progresiva de la hacienda local y, a partir de 1985, asunción total por el Ayuntamiento de la financiación del transporte, previéndose, en caso de necesidad, el incremento de determinados impuestos. Así, los citados expertos proponían el aumento de cinco impuestos en el caso de Barcelona y Sevilla, cuatro en el de Madrid, y en las demás ciudades afectadas habría un menor incremento fiscalizador.
Pese a que ni el Gobierno ni el PSOE presentaron serias objeciones al informe, las negociaciones quedaron paralizadas por las elecciones andaluzas. Fuentes socialistas vinculadas con el tema, señalan como causa del posterior retraso en la negociación los problemas internos del Gobierno.
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