Absuelto de presunto desacato un independentista valenciano

La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al dirigente independentista Josep Guía, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista de Liberación Nacional de los Países Catalanes (PSAN), juzgado recientemente por presunto desacato contra el gobernador civil de Valencia, José María Fernández del Río. Esta es la tercera ocasión en que los tribunales absuelven a Guía en procedimientos iniciados a instancia del gobernador civil.La sentencia absuelve al acusado por considerar que "la intención de lesionar el principio de autoridad, atentando al honor y dignidad de la persona que lo encarna, no aparece en el supuesto de autos, ya que si la frase dirigida a la primera autoridad civil provincial viene a expresar en lenguaje cotidiano el deseo de que dicha autoridad renuncie a su cargo, tanto el resto de las palabras que aparecen en el cartel como la figura central del mismo son expresión de la actitud crítica, desde una posición ideológica legal, frente a determinados acontecimientos de la vida pública".

El proceso de Josep Guía, para quien el fiscal solicitaba tres meses de arresto mayor y multa de 20.000 pesetas, con arresto de veinte días en caso de impago, se refería a su responsabilidad en la colocación de carteles que presentaban la figura del gobernador civil contemplando la plaza del País Valenciano, en cuyo centro se encontraba otra figura con simbología fascista y armada, en el lugar que en la actualidad ocupa la estatua ecuestre de Franco. El citado cartel reproducía las frases "gobernador español, vete a Madrid" y "basta de represión al catalanismo, basta de terrorismo fascista y blavero".

Esta es la tercera vez que los tribunales fallan a favor del dirigente del PSAN y en contra de Fernández del Río.

La primera ocasión fue a raíz de una manifestación nacionalista convocada conjuntamente por el PSAN y Esquerra Unida (EUPV) en octubre de 1980, en la que ajuicio de la autoridad se emitieron gritos anticonstitucionales y se alteró el orden público. Los organizadores fueron absueltos, pese a que el gobernador recurrió posteriormente ante el Tribunal Supremo, que tampoco consideró delito los hechos imputados.