Sofisticado material sanitario permanece embalado en pasillos de la residencia de Las Palmas

La Consejería de Sanidad de la Junta de Canarias, ante la deficiente situación sanitaria, se limita a organizar durante el verano campañas de limpieza de playas con grandes alardes publicitarios se está produciendo un continuo deterioro de los hospitales públicos para dar paso a un rápido proceso de privatización de la medicina en toda la provincia de Gran Canarias, una de las que presenta mayor índice de analfabetismo del país y con un alto porcentaje de parados. Sin embargo, esta operación de un grupo reducido de médicos para hacerse cargo del control sanitario dejó de ser un tema de pasillos en los hospitales para ser conocida ampliamente por la opinión pública canaria tras las denuncias de la Asociación Pro Hospitales Públicos de Las Palmas, la Coordinadora de la Salud Pública y el grupo de Salud del Partido Socialista Canario (PSOE).Veinticinco médicos fueron represaliados por su actitud y el Insalud decidió abrir expediente disciplinario al doctor Alguacil, jefe del servicio de anatomía patológica de la residencia sanitaria, por defender los intereses públicos.

Después de un período de renovación durante los años 1978 y 1979, en donde se producen mejoras en el seno de la residencia (servicios de radiología modernos nuevos profesionales, métodos más racionales) que chocan con la mentalidad de algunos médicos que querían conservar estructuras arcaicas y caciquiles. El detonante de esta situación se produjo en 1980, cuando el entonces funcionario-director de la residencia decide transferir la citología del departamento de Tocoginecología al de anatomía patológica, según la ley de especialidades de 1978 y tras un informe técnico favorable de los servicios centrales del Insalud. El doctor Rueda, jefe del mencionado departamento y delegado provincial del partido Fuerza Nueva en Las Palmas, consideró esta decisión técnica como una ofensa: sería el detonante final para defenestrar al director y el inicio de la operación encaminada controlar el Insalud local. Meses después, el funcionario-director pidió traslado, tras fuertes presiones, a otro hospital de la Península.

Juicio de faltas

Posteriormente fue nombrado director de la residencia el doctor Luis Martel, anestesista de la clínica privada San Roque, de Las Palmas, y relacionado con otras iniciativas sanitarias de carácter privado, como Sanitas. Los tres candidatos fueron propuestos tras una tumultuosa junta facultativa, donde el doctor Diego Falcón, miembro del comité de empresa, fue, al parecer, agredido físicamente por el doctor Rueda. Este incidente provocó un juicio de faltas contra el doctor Rueda por iniciativa de Diego Falcón que precisamente se ha celebrado esta semana y está pendiente de sentencia.

Meses más tarde es nombrado director del hospital maternoinfantil, que entrará en funcionamiento próximamente, el citado doctor Rueda, que, además de ser el jefe del departamento de Tocoginecología de la residencia de la Seguridad Social, es propietario de un centro médico privado y accionista de la clínica Cajal.

Diputados de la izquierda canaria han realizado preguntas al ministro de Trabajo y Seguridad Social en relación a las irregularidades en la compra de material -por valor de muchos millones- para el nuevo centro, que lleva, personalmente, el director.

Por último, es nombrado, en julio del pasado año, como director provincial del Insalud, el doctor García Talavera, jefe del servicio de Hematología de la residencia sanitaria y, hasta entonces, copropietario de unos laboratorios privados a menos de cincuenta metros de este centro hospitalario. Semanas antes de este nombramiento, veinticinco médicos expresaron públicamente el deseo de desvincular la sanidad pública de los intereses privados y denunciaban que "el doctor García Talavera está claramente alineado en sus posturas con un importante grupo de médicos de la residencia que tiene muy importantes intereses mercantiles en la medicina privada". Tres meses más tarde, los veinticinco médicos firmantes, tras ser interrogados individualmente, serían sancionados con amonestación, con constancia en el expediente.

Paralelamente, nace la Asociación Pro Hospitales Públicos, que denuncia supuestas irregularidades de todo tipo en la residencia, desde incumplimiento de horarios a concursos públicos, pasando por la utilización del centro para cuestiones privadas. Como medida, al presidente de la asociación, el doctor Antonio Alguacil, se le abre expediente disciplinario. Como juez instructor se nombró al inspector José Oriol Sevilla Vallejo, miembro de Fuerza Nueva de Madrid, quien propuso tres años de suspensión de empleo y sueldo. Esta propuesta mereció un informe por parte del Colegio de médicos de Las Palmas, favorable al doctor Alguacil, rechazando todos los cargos, entre otras razones, porque "se aprecia en la tramitación del expediente la existencia de una cierta animosidad y predeterminación contra el doctor Alguacil". En la actualidad, la propuesta de sanción sigue pendiente de resolución definitiva por parte del subsecretario de Sanidad.

Suspendida una investigación

Como consecuencia de estas irregularidades, continuamente denunciadas, el Grupo Socialista del Congreso solicitó una auditoría en la residencia sanitaria Nuestra Señora del Pino y el Hospital materno-infantil que abarcara los aspectos administrativos, sanitarios y económicos. Con tal motivo, el pasado mes de abril se desplaza a Las Palmas un grupo de inspectores del Insalud para realizar la investigación, y durante unos diez días se dedican a recabar datos Sin embargo, cuando iban a pasar a la fase de las investigaciones, es suspendida la auditoría y los inspectores que participaron fueron destinados a diversos puntos del país por orden del Insalud. El comité de empresa de la residencia Nuestra Señora del Pino aún no ha recibido una explicación sobre la decisión. de suspender bruscamente el informe solicitado por el Congreso.

"Sabemos únicamente dos cosas: que se logró confirmar que mientras la residencia se ha ido deteriorando progresivamente, los conciertos con clínicas y gabinetes privados realizados por la dirección provincial ascendieron de 1.500 a 2.000 millones de pesetas en el último año, y, en segundo lugar, que algunos de los inspectores que vinieron a realizar la auditoría han sido represaliados", manifestó un miembro del comité de empresa a este periódico.

Entre los temas que los inspectores enviados de Madrid por el Insalud habían investigado figuraba la utilización de la residencia y de sus trabajadores como consultorio privado de un amplio grupo de médicos; la utilización de sus laboratorios para realizar análisis particulares; la salida de material quirúrgico de traumatología para ser utilizado en clínicas privadas, y la infrautilización de abundante material de radiodiagnóstico, por valor de unos cien millones de pesetas, que permanece almacenado, mientras se incrementan los conciertos con clínicas, laboratorios y gabinetes radiológicos relacionados con médicos que ocupan altos cargos jerárquicos en los servicios y gestión de la residencia.

Todas estas anomalías hace unos tres años que vienen siendo denunciadas constantemente ante los organismos locales y nacionales del Insalud, así como ante la opinión pública canaria. Sin embargo, la ausencia de medidas es total, lo que ha provocado el éxodo de profesionales de la residencia hacia diversos hospitales de la Península.

Para combatir esta situación ha sido creada la Asociación pro Hospitales Públicos, de la que es presidente Antonio Alguacil, jefe del servicio de Anatomía Patológica de la residencia Nuestra Señora del Pino de Las Palmas. Alguacil afirma que su asociación pretende recatar el concepto de hospital público y propugna la dedicación exclusiva de los médicos.