La CEE decide levantar las sanciones comerciales contra Argentina

La Comunidad Económica Europea (CEE) acordará hoy levantar las sanciones comerciales que impuso a Argentina a raíz de la ocupación de las islas Malvinas. Pese a que el ministro británico de Asuntos Exteriores, Francis Pym, solicitó ayer a sus colegas europeos que las mantuvieran hasta que el Gobierno argentino reconociera formalmente el cese de las hostilidades, los diez, reunidos en Luxemburgo, decidieron ayer levantar las sanciones, aunque contrajeron al mismo tiempo el compromiso de reimplantarlas en el caso de que Buenos Aires realice una "nueva agresión".Las sanciones comerciales contra Argentina fueron aprobadas "por tiempo indefinido" por ocho de los diez países miembros de la CEE -todos salvo Italia e Irlanda-, pero una vez que el Reino Unido ha recuperado el control del archipiélago austral, otros países comunitarios, como la República Federal de Alemania (RFA) o Dinamarca, querían levantarlas tanto para reanudar las relaciones normales con Argentina como para restaftar las heridas que haya podido provocar en América Latina la actitud europea.

Fuentes británicas reconocieron ayer que existían "diferentes puntos de vista" al respecto, y anunciaron que, en todo caso, Londres desea una nueva declaración conjunta de los diez condenando las acciones argentinas.

En relación con la guerra de Líbano, las mismas fuentes británicas afirmaron que la situación es lamentable, pero se negaron a precisar si los diez estudiarán hoy la imposición de sanciones concretas contra Israel. La CEE aprobó un comunicado oficial a raíz de la invasión de Líbano, en el que afirmaba que si Israel no respetaba las resoluciones de la ONU, los diez reexaminarían su postura. Grecia ha solicitado repetidas veces sanciones contra el Gobierno judío, pero los observadores comunitarios estiman que será "muy difícil".

Los ministros de Asuntos Exteriores de los diez discutieron a lo largo de la tarde de ayer a propósito del llamado compromiso de Luxemburgo o regla de la unanimidad, que fue violentada el pasado mes de abril al aprobarse los precios agrícolas, pese al veto británico.

Tres países, el Reino Unido, Grecia y Dinamarca, desean que el compromiso de Luxemburgo se institucionalice y que sea cada país, individualmente, quien decida si una decisión comunitaria afecta o no "sus intereses vitales".

Francia, Italia y la RFA se oponen a tal in stitucionaliz ación y sefialan que el derecho de veto debe ser mantenido, pero sólo para auténticos casos extremos, en los que resulta evidente el perjuicio que sufriría el país en cuestión.