Presiones militares contra Calvo Sotelo

El gobernador militar de una provincia expresó con claridad a un ministro, el pasado fin de semana, que un sector del Ejército se encuentra muy irritado con el presidente Leopoldo Calvo Sotelo, por sus declaraciones tras hacerse público el fallo de las sentencias del 23-F el jueves día 3. En círculos parlamentarios se asegura que el malestar en los aludidos sectores militares se habría plasmado en un escrito el domingo día 6 que pretendían hacer llegar al Rey, aunque finalmente desistieron de hacerlo.

Medios cercanos al Ministerio de Defensa reconocieron hace días que los estados de opinión recogidos en las unidades y cursados al mando, registran un profundo desagrado por las críticas públicas que la sentencia mereció de los líderes políticos y especialmente del propio presidente del Gobierno, a cuyas palabras se atribuye una dosis adicional de agresividad por la inmediatez con que fueron emitidas por Radio Nacional de España.Un alto funcionario del Gobierno reconoció ayer a EL PAIS que resultó desafortunada la expresión del presidente al reconocer que no había leído la sentencia, pese a lo cual se aventuró a emitir una opinión categórica, sin acogerse a la reserva que le permitía la convocatoria del Consejo de Ministros para el día siguiente.

Trascienden detalles que apuntan hacia manifestaciones de incompatibilidad con el jefe del Ejecutivo, que ciertos observadores estiman análogas a las advertidas en los últimos meses de la presidencia de Suárez inmediatamente antes de su dimisión, en enero de 1980. Finalmente, el líder del partido socialista, Felipe González, en su última conferencia de Prensa, el pasado 4 de junio, se sintió obligado a pronunciarse enérgicamente contra cualquier intento de Gobierno de gestión, en favor del cual vuelven a dejarse sentir presiones.

Estas friccíones se ven potenciadas por la tendencia visible de sectores del mando militar a enlazar directamente con el Rey, invocando su condición de mando supremo de las Fuerzas Armadas, sin aceptar la intermediación del Gobierno, a quien corresponde constitucionalmente dirigir la Administración civil y militar, la defensa nacional y la conducción de la guerra.

Políticos y juristas coinciden unánimes en que el mando supremo de las Fuerzas Armadas, atribuido al Rey, tiene análogo carácter a otras afirmaciones constitucionales, según las cuales la justicia se administra en nombre del Rey y, es el Rey quien sanciona las leyes o quien declara la guerra o hace la paz.

Frente a los estrictos supuestos constitucionales, en algún sector de las Fuerzas Armadas, ha cobrado arraigo la pretensión de situar en el Rey el mando supremo efectivo de las Fuerzas Armadas, saltándose la acción y los poderes reales del Gobierno. Los seguidores de esa línea propugnan además una amplia autonomía institucional para la familia militar y una situación de autogobierno, sin que al poder ejecutivo le reste otra misión que aportar los recursos financieros requeridos.