Casi mil años de prisión para 170 guerrilleros colombianos

El proceso más largo de la historia colombiana, iniciado hace dos años y medio contra más de doscientos militantes del grupo guerrillero M-19, finalizó el lunes con la lectura de la sentencia, que condena a 170 de los encausados a un total de 866 años de prisión. El máximo líder de la organización, Jaime Bateman, que es hoy el hombre más buscado por el Ejército de su país, fue juzgado en ausencia y sentenciado a treinta años por delitos de homicidio y secuestro.

Las penas máximas han correspondido a los dirigentes: Israel Santamaría, veintiocho años; Carlos Toledo Plata, veintiséis; Alvaro Fayad, veinticinco, y Andrés Almarales, ocho. Rosemberg Pavón fue condenado a dos años y ocho meses, que ya ha cumplido desde su detención, pero no podrá abandonar por ahora la cárcel de La Picota, ya que debe afrontar otro juicio por el asalto a la Embajada de la República Dominicana, que él dirigió bajo el sobrenombre de Comandante Uno.La mayoría de los militantes de base quedarán en libertad al haber completado, en muchos casos con creces, sus respectivas condenas.

La tipificación de los delitos de homicidio y secuestro en el caso de los dirigentes guerrilleros les excluye automáticamente de la última amnistía parcial concedida el pasado mes de febrero por el presidente Julio César Turbay, a propuesta de la Comisión de Paz.

Por esta razón, el M-19 rechazó la amnistía, aunque en la práctica mantiene una tregua tácita, primero por las negociaciones directas que entabló con la comisión pacificadora y luego por la esperanza de una amnistía más amplia que el presidente electo, Belisario Betancur, ha dejado entrever.

Los abogados defensores han anunciado que recurrirán las sentencias porque durante el proceso se violaron las garantías individuales y se hizo caso omiso de un artículo de la Constitución que prohíbe el juicio de civiles por tribunales castrenses. Este argumento tiene escasas posibilidades de prosperar, ya que la Constitución está parcialmente suspendida en virtud del estado de sitio, que durante treinta años se ha mantenido casi permanentemente en vigor.

Julio César Turbay ha prometido ya que el próximo 19 de junio levantará el estado de sitio, porque han desaparecido las circunstancias de desorden público que aconsejaron su implantación.

Varios presidentes hicieron lo mismo al término de su mandato, pero sus sucesores reimplantaron a los pocos meses el estado de sitio, entre otras razones, porque ello les permite legislar múltiples materias por decreto. Esto puede ser imprescindible para un presidente conservador como Belisario Betancur, que se encontrará con unas cámaras mayoritariamente liberales.