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Sentencia por la rebelión militar del 23-F

Los principales juicios militares durante los años de la transición democrática

Durante la transición democrática española se han producido una serie de procesos contra militares, de los que cabría resaltar, por su proyección política, el celebrado contra los miembros de la Unión Militar Democrática y el que siguió a la conspiración conocida con el nombre de Operación Galaxia, cuyas sentencias desataron en su momento una intensa polémica. El juicio a los integrantes de la UMD marcó, sin duda alguna, un hito en la historia política española.

A penas de prisión entre dos años y seis meses y ocho años fueron condenados un comandante y ocho capitanes que integraron la extinguida Unión Militar Democrática (UNID), como autores de un delito de conspiración para la rebelión militar, en un consejo de guerra celebrado en marzo de 1976 en medio de una inusitada atención de los medios informativos. Las sentencias fueron las siguientes: ocho años de prisión para el comandante Luis Otero, siete años y seis meses para el capitán Fermín Ibarra, cinco años para los capitanes Restituto Valero y Manuel Fernández Lago, cuatro años y seis meses para el capitán Jesús Martín Consuegra, cuatro años para los capitanes José Fortes y Fernando Reinlein, tres años para el capitán Antonio García Márquez y dos años y seis meses para el capitán Abel Jesús Cillero En la sentencia se argumentó la afiliación de los procesados a la UMD, organización subversiva, entre cuyos fines estaba el cambio violento de las instituciones de la nación. Excepto los capitanes Antonio García Márquez y Jesús Ruiz Cillero, los procesados fueron condenados también con las penas accesorias de separación del servicio y suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena.

Los capitanes García Márquez y Ruiz Cillero fueron puestos en libertad provisional y los demás condenados se vieron beneficiados de la amnistía decretada por el Gobierno a finales de agosto, que no incluyó su regreso al Ejército.

El capitán de Aviación José Ignacio Dominguez fué el único de los oficiales de la UNID que no estuvo en prisión, por encontrarse exiliado en el extranjero. Procesado en rebeldía, regresó a España tras la concesión de la aministía.

Absolución por insulto a un superior

En mayo de 1979 tuvo lugar el consejo de guerra contra el general de la Guardia Civil Juan Atarés Peña, acusado de un presunto delito de insulto a un superior, previsto en el artículo 325 del Código de Justicia Militar. El general Atarés fué procesado en noviembre de 1978 trás increpar al entonces ministro de Defensa, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, en una reunión militar en Cartagena.

La sentencia absolvió al general Atarés, si bien se hizo una llamada de atención a la autoridad judicial castrense para que determinara si se había producido una falta leve o grave de desacato a la autoridad, en cuyo caso la absolución se resolvería por vía disciplinaria. El fallo fue ratificado por el entonces capitán general de la región, Jaime Milans del Bosch.

'Operación Galaxia'

Como autores de un delito de conspiración y proposición para la rebelión, hecho que fue conocido como Operación Galaxia, fueron condenados el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el entonces capitán de Infantería Ricardo Sáenz de Ynestrillas en el consejo de guerra celebrado en Madrid en mayo de 1980. La pena impuesta fue de siete meses de prisión para el teniente coronel Tejero y de seis meses y un día para el capitán Sáenz de Ynestrillas.

Los resultandos de la sentencia establecieron que ambos militares mantuvieron diversos contactos, entre finales de octubre y mediados de noviembre de 1978, con el fin de preparar un golpe de mano, destinado a ocupar el palacio de la Moncloa en el momento que estuviese reunido en él el Consejo de Ministros, para, posteriormente, someter la nueva situación al Rey.

Contra las sentencias mínimas interpuso recurso el entonces capitán general de Madrid, teniente general Guillermo Quintana; el Consejo Supremo de Justicia Militar ratificó las penas impuestas. Ambos jefes continuaron perteneciendo a las Fuerzas Armadas.

El caso del 'bolígrafo-pistola'

Otro consejo de guerra que tuvo trascendencia notable fue el celebrado en abril de 1981, en el que fue protagonista principal el teniente coronel de Ingenieros Alejandro Molinero, procesado por la fabricación de bolígrafos-pistola en una unidad del Ejército de Tierra. El hecho fue descubierto a principios de 1979, como consecuencia de unas investigaciones policiales que pusieron al descubierto una red de acción de ultraderechistas, en la que se vieron mezclados el dirigente de los guerrilleros de Cristo Rey, Mariano Sánchez Covisa.

Sometido a juicio, el teniente coronel Molinero fue condenado a seis años de prisión y separación del servicio. El consejo de guerra al fijar la sentencia, anunció que se había dirigido al Gobierno para re bajar la pena a un año, ya que la consideraba desproporcionada con la "escasa gravedad de los hechos perseguidos y las circunstancias favorables que concurren en el procesado".

'Caso Lockheed'

Seis años y un día de inhabilitación especial y multa de 200.000 pesetas, con el efecto especial militar de separación del servicio, fue la condena impuesta al coronel del Ejército del Aire Carlos Grandal por su implicación en el caso Lockheed. La sentencia del consejo de guerra estableció que el coronel Grandal, que percibió entre dieciséis y dieciocho millones de pesetas de la compañía fabricante de aeronaves Lockheed, informó a Aviónica, representante en España de los intereses de la compañía norteamericana, sobre cuestiones que conocía por su destino en el Estado Mayor del Aire.

Alvaro Graíño y Juan Milans del Bosch

Los últimos acontecimientos conflictivos relacionados con la esfera militar tuvieron por protagonistas al capitán Juan Milans del Bosch, hijo del teniente general del mismo apellido, y al coronel Graíño.

El capitán Juan Milans del Bosch fue condenado en consejo de guerra celebrado el pasado 27 de enero a la pena de dos meses y un día de arresto mayor, como autor de un delito de injurias leves al Jefe del Estado, con la accesoria de suspensión de todo cargo público, profesión y derecho de sufragio durante el tiempo de condena, y efecto militar de suspensión de empleo y pérdida de tiempo para el servicio. Este capitán fue denunciado por injuriar al Jefe del Estado en el Club de Campo, de Madrid, extremo que confirmó ante el tribunal militar que le juzgaba, al reconocer que había llamado "cerdo e inútil" al Rey.

El coronel de Infantería Alvaro Graíño fue absuelto, en el mismo consejo de guerra, de un delito de injurias al Ejército, causa de su procesamiento, aunque se le condenó como autor de una falta grave a las autoridades militares, con la sanción de dos meses y un día de arresto militar. Este coronel fue procesado por publicar una carta en Diario 16, en la que aludía a ciertas tendencias ultraderechistas dentro de la institución militar. Este consejo de guerra fue el segundo celebrado. El primero tuvo lugar el 28 de octubre del pasado año y las sentencias (la misma para el coronel Graíño y un mes menos para el capitán Milans), fueron anuladas por la autoridad judicial militar, lo que dio lugar a un nuevo juicio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de junio de 1982