Preocupación en medios políticos por las previsiones filtradas sobre las sentencias del 23-F

El traslado de diecinueve procesados en la causa del 23-F, dieciocho de ellos a la penitenciaría militar de Alcalá de Henares y el decimonoveno a un cuartel de Madrid a primeras horas de la mañana de ayer, desencadenó una grave preocupación en los medios políticos madrileños, que dedujeron de estos movimientos algunas previsiones sobre la levedad de las sentencias decididas por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Los procesados militares recluidos en las dependencias del Servicio Geográfico del Ejército fueron informados a última hora de la tarde del martes de su traslado inminente, lo que causó perceptibles muestras de desagrado entre los afectados.

El traslado se inició a las 9.30 horas del miércoles, en pequeños grupos de vehículos escoltados por la Policía Militar.En la penitenciaría militar de Alcalá de Henares han ocupado las dependencias especialmente acondicionadas y decoradas por una prestigiosa firma del ramo los siguientes militares: teniente general Jaime Milans del Bosch, general de división Luis Torres Rojas, coronel José Ignacio San Martín, coronel Diego Ibáñez Inglés, coronel Manchado, teniente coronel Tejero, teniente coronel Mas Oliver, comandante Pardo Zancada y los capitanes Dusmet, Alvarez Arenas, Cid Fortea, Pascual Gálvez, Abad, Lázaro Corthay, Muñecas, Pérez de la Lastra, Acera y Bobis. El capitán de navío Camilo Menéndez Vives fue trasladado al acuartelamiento que la Infantería de Marina tiene en la calle de Arturo Soria.

La penitenciaría de Alcalá de Henares es un edificio de nueva planta cuya construcción ha sido concluida recientemente dentro del recinto de la prisión ya existente. Sus instalaciones dependen orgánicamente del jefe de la prisión, coronel Román.

En el Servicio Geográfico del Ejército permanecen el general de división Alfonso Armada, el comandante José Luis Cortina y el capitán Gómez Iglesias, ambos adscritos al CESID, y separados de estos tres, el capitán Batista, ocupante en las horas dramáticas del 23-F de la emisora La Voz de Madrid, y todos los tenientes de la Guardia Civil pendientes de sentencia: Carricondo, Alvarez, Núñez Ruano, Izquierdo Sánchez, Ramos Rueda, Vecino, Boza y Alonso Hernaiz. El Centro de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (CRISDE) pretendía, en una nota hecha pública en la tarde de ayer, que los traslados no tenían relación con las sentencias, aún no conocidas, y justificaba la permanencia en el Servicio Geográfico de los allí confinados por encontrarse pendiente la terminación de las obras en la penitenciaría.

El ministro de Defensa trató ayer de asegurar que las sentencias no han sido aún acordadas, pero la agencia Europa Press, cuya información a lo largo del proceso siempre se ha visto confirmada, adelantaba que el Consejo Supremo de Justicia Militar ha tenido muy en cuenta en su fallo el argumento de obediencia debida. La agencia consideraba que el parecer mayoritario en el seno del Consejo era del siguiente tenor penal:

- De quince a veinte años para el teniente coronel Antonio Tejero Molina.

- Quince años para el teniente general Jaime Milans del Bosch.

- Seis años para los generales Armada y Torres Rojas.

- Cuatro años para los coroneles San Martín, Ibáñez y Manchado, y para el teniente coronel Mas Oliver y los comandantes Pardo Zancada y Cortina.

- Tres años para el unico paisano procesadoJuan García Carrés.

- Un año y un día para los capitanes.

- Los tenientes de la Guardia Civil que participaron en el asalto quedarían todos en libertad.

Según el vigente Código de Justicia Militar, las penas accesorias implicarían la pérdida del empleo -es decir, de la carrera militar- para los condenados a más de doce años, y la separación del servicio, para los condenados a más de tres años. Todo ello sin perjuicio para que continúen devengando los derechos pasivos que les correspondan.

Medios cercanos al Gobierno estiman que, si se confirma la anterior cuantía de las penas, el fiscal recibiría instrucciones para presentar el pertinente recurso ante el Tribunal Supremo. El general togado José María Claver Torrente trabaja ya sobre este supuesto.

Observadores cualificados declararon ayer que tampoco puede minusvalorarse la hipótesis de que las filtraciones encubran la intención de crear una psicosis a la baja para que las sentencias finales, si superan un poco esos topes, encuentren una acogida mejor predispuesta.

La reincorporación de los tenientes de la Guardia Civil a sus destinos dejaría el cuerpo en condiciones de ingobernabilidad absoluta, según estimaron fuentes militares cercanas al Instituto. Si la sentencia deja a los tenientes en libertad, habrá que concluir que se ha otorgado validez al papel que firmaron Tejero y Armada sobre el capó de un Land Rover, bajo la presión de las metralletas que apuntaban al Gobierno y a los diputados. Las aludidas fuentes militares señalaron que el director general de la Guardia Civil fue amenazado por algunos de esos tenientes, y uno de ellos, Rarnos Rueda, obligó a bajar del autobús a punta de pistola a los guardias que habían obedecido al teniente general Aramburu Topete.

La preocupación de los medios políticos no se circunscribe a los augurios de la sentencia e incluyen también las declaraciones formuladas al mensual Reconquista por el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, teniente general Alvaro Lacalle Leloup. En primer lugar, sorprende que laS primeras declaraciones públicas desde su toma de posesión hayan sido destinadas a una revista de veleidades ultras (de la que Pardo Zancada fue redactor-jefe) y abierta reticencia al sistema constitucional de la Monarquía parlamentaria española. Además, ha sorprendido que en medio de continuos cantos a la unidad de las Fuerzas Armadas achaque todos los intentos de división a grupos ajenos, sin la más ligera alusión al estrago causado por los golpistas.