El Gobierno colombiano congela su negociación con la guerrilla para no enfrentarse con el Ejército y los partidos conservadores

Treinta años de violencia política casi ininterrumpida, con una cuota de miles de muertos, han hecho de la paz una aspiración unánime del pueblo colombiano. Así lo reflejan las encuestas de opinión. Por eso los cuatro candidatos que concurren a las elecciones presidenciales el próximo domingo han convertido la pacificación del país en su promesa más insistente. Pero en pleno festival de ofertas preelectorales de paz, el Gobierno ha frustrado hace dos semanas una iniciativa que contaba con la aceptación previa del M-19, el grupo guerrillero más activo. El presidente, Julio César Turbay, prefirió archivar la propuesta para no enfrentar la ira de militares y conservadores.

El M-19 anunció que reactivará la lucha militar para sabotear las elecciones del domingo e impedir que el nuevo presidente electo pueda tomar posesión de su cargo el día 7 de Agosto. Esta es su respuesta al fracaso de las gestiones realizadas por la comisión de paz. La amenaza ha sido dada a conocer a tres periodistas que fueron secuestrados el viernes en Barranquilla y que han permanecido treinta horas en poder del M-19. "Paz para todos o para nadie" ha sido la consigna expresada ante treinta guerrilleros por el comandante general de la organización en la costa atlántica Dos bombas que estallaron el lunes en Bogotá ha sido el prime paso de esta nueva campaña.Los máximos dirigentes de M-19 se habían comprometido, después de arduas negociaciones, que se prolongaron durante mes y medio, a renunciar públicamente a la lucha armada a cambio de unas medidas de gracia, consistentes en el beneficio de la libertad condicional para quienes estuvieron implicados en delitos excluidos de amnistías anteriores: homicidio fuera de combates, secuestro y extorsión

La organización guerrillera rebajaba notablemente el techo de sus condiciones para abandonar las armas. Meses atrás había exigido el levantamiento del estado de sitio, la derogación del estatuto de seguridad y una amnistía total. Para demostrar su propósito de volver a la legalidad, se conformaba ahora con un indulto condicional.

Esta fue la propuesta que presentó al Gobierno, en la primera quincena de mayo, la comisión de paz que encabezaba el ex presidente Carlos Lleras, y de la que formaban parte ex ministros, notables juristas, obispos y militares.

El presidente Turbay sabía ya que la iniciativa garantizaba la paz con el M-19 y, muy posiblemente, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización de tendencia castrista, que pasa por ser la mejor pertrechada.

La oposición del ministro de Defensa, Luis Carlos Camacho, y del ministro de Justicia, Felio Andrade, frustraron el proyecto. Ambos consideraron que no se podía dictar medidas de gracia que sólo contaban con la aceptación de un grupo.

Pero la cuestión de fondo es que tanto los mandos militares como los líderes conservadores consideran que la inclusión de los aquí llamados delitos atroces en un decreto de gracia supone una carta de inmunidad y sería semilla de nuevas violencias. El general Camacho lo ha expresado sin tapujos.

Consciente de su fuerza, el todopoderoso ministro se ha permitido decir en un acto público, ante el presidente Turbay, que el catedrático Carlos Lleras está un tanto desactualizado en materias penales, y le ha acusado indirectamente de querer convertir la comisión de paz en bandera de guerra.

Para dejar bien claro el punto de vista militar, el general Camacho añadió: "Es muy difícil para un jefe militar impartir órdenes a sus subordinados que pueden conducirles al sacrificio y, simultáneamente, apoyar medidas perdonando a los verdugos.

Tras el rechazo de su propuesta, a la comisión de paz no le quedó otra salida que la dimisión, inmediatamente aceptada por el presidente. Terminaban siete meses de gestiones que habían despertado muchas esperanzas. Fue Turbay quien, el pasado mes de octubre, encargó a Carlos Lleras que presidiese una comisión destinada a buscar nuevas fórmulas de pacificación, después del fracaso de la ley de amnistía de marzo de 1981.

El 22 de marzo, era puesto en libertad en la cárcel de Bucaramanga Ramiro Lucio Escobar, un abogado de 37 años que había cumplido una condena de cuarenta meses por pertenecer al M-19. Desde la cárcel había mantenido correspondencia con el ex ministro John Agudelo, que era miembro de la comisión de paz. Escobar convence a su antiguo amigo de que puede actuar como intermediario con el M-19. Agudelo le presenta a Carlos Lleras y desde el primer momento hay una total comprensión entre ellos.

El presidente Turbay y su Gobierno son informados de las gestiones que pretende patrocinar la comisión. El ministro de Justicia da un permiso especial a Escobar para que visite en la cárcel de La Picota a dos de los máximos dirigentes del M-19, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro. Este último era justamente quien años atrás había reclutado a Escobar.

Indulto condicional

Durante más de un mes, Ramiro Lucio Escobar se entrevista casi diariamente con Carlos Lleras en la biblioteca de su casa, a cualquier hora, y en la cárcel de alta seguridad de La Picota, con los dirigentes del M-19. Los argumentos de Lleras hacen mella en la guerrilla: el levantamiento del estado de sitio sólo puede ser una consecuencia de la paz, nunca una exigencia previa; el estatuto de seguridad no puede ser derogado sin más, sino sustituido por un código de policía que permita acciones especiales contra el narcotráfico. Finalmente, en las circunstancias actuales, una amnistía incondicional repugna a amplios sectores del país, y sólo cabe incluir los delitos atroces en un indulto condicional.Uno tras otro, el M- 19 termina por aceptar los argumentos de Carlos Lleras y se dispone a hacer público un documento por el que acata los términos de la paz propuestos por la comisión y renuncia a la lucha armada. Desde ese momento dejaría de tener vigencia su lema: "Con el pueblo, por las armas al poder". Llegados a este punto, Carlos Lleras entiende que debe entrevistarse personalmente con el máximo líder del M-19, Jaime Bateman, no tanto porque no se tenga seguridad en las gestiones del intermediario, sino por formalizar el compromiso al máximo nivel.

A partir de este momento comienzan a surgir las primeras discrepancias serias. La dirección conservadora entiende que es poco decoroso para el Estado que un ex presidente se entreviste con el jefe de una fracción alzada en armas.

Los militares tampoco entienden que a un perseguido por la justicia se le dé un salvoconducto para que pueda moverse por el país con la seguridad de no ser detenido. Aceptan que la entrevista pueda celebrarse fuera de Colombia, en Ecuador o Panamá.

El rechazo por parte del Gobierno de la propuesta de indulto hizo inviable la entrevista entre Carlos Lleras y Jaime Bateman.

El presidente Julio César Turbay se limita a decir que lo ocurrido con la comisión de paz no es un fracaso, sino un tropiezo. Que no por eso han cerrado todos los caminos para alcanzar la paz.