Un riesgo para los empresarios

LA CAMPAÑA electoral para el Parlamento andaluz se está desarrollando en un crispado clima en el que las agresiones verbales predominan sobre la confrontación de los programas y las ideas. Las críticas ante ese panorama no carecen de fundamento pero tampoco hay que rasgarse ninguna túnica. Las turbulencias y el juego sucio son moneda corriente en las campañas electorales de las democracias consolidadas, las peticiones de guante blanco, aunque puedan invocar los peligros de desestabilización de nuestro incipiente sistema constitucional, no se justifican apelando a los usos de otros países avanzados. Los partidos, además se inclinan a favor de que una determinada pugna electoral se libre a cara de perro o como una batalla de flores en función de sus propias conveniencias. En este sentido, a nadie se le escapa que la moderación y el buen tono favorecen, por ahora, al PSOE, que nada podría ganar en una pelea en la que los contendientes se tiraran al cuello de sus adversarios. Pero los socialistas harían mal en convertir sus necesidades en Virtudes y mostrarían una ingenuidad innecesaria si se consideraran apuñalados por la espalda -como ocurrió con la última alocución televisiva de Adolfo Suárez en 1979- cuando la estrategia rival es diferente de la suya.Un factor que explica la pobreza del contenido programático de la campaña es el hecho de que la propia convocatoria del 23 de mayo constituye más un ensayo de las futuras elecciones legislativas que unos comicios para designar disutados al parlamento andaluz. Pese a las desmesuradas expectativas creadas en torno al proceso autonómico, las instituciones de autogobierno carecen de las competencias y los recursos necesarios para resolver los problemas del desempleo, la emigración, los transportes, la falta de tierras y la escasez de industrias en Andalucía. En cambio, estos comicios van a condicionar el inmecliato futuro de la política española. Con esta torcida, pero al mismo tiempo ya irremediable, óptica se celebran las primeras elecciones autonómicas andaluzas.

La irrupción de la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios (CEOE) en la campafia, para descargar sti capacidad de fuego propagandístico contra el PSOE, ha contribuido a cargar el ambiente. El contenido de los mensajes de la organización empresarial apunta a seritenciar unjuicio de intenciones contra los socialistas y a demostrar la doblez o hipocresía de su moderada oferta electoral, destinada, según esa versión, a conquistar sufragios centristas ocultando los verdaderos propósitos -revolucionarios, estatalistas y destructores de la iniciativa privada- subyacentes. El precedente de que el PSOE se ha aliado con el PCE para administrar ayuntamientos, diputaciones y el Principado de Asturias corroboraría, según el argumento de la patronal, la voluntad de engaño socialista, ya que su anunciado propósito de gobernar Andalucía en solitario escondería el proyecto de un frente con los comunistas. La apocalíptica descripción de la CEOE acerca del destino que aguarda a la sociedad española en caso de un triunfo socialista en las elecciones para el parlamento andaluz y las Cortes Generales encierra una profecía difícil de compartir por cualquier mentalidad sencillamente moderna, y estamos por asegurar que por cualquier mentalidad sencillamente mental. Si la llegada del PSOE al poder, eventualidad nada descartable, fuera ese caos y ese desastre que la CEOE pronostica, lo más congruente sería que los directivos de la organización empresarial se personaran de inmediato en el juicio de Campamento para ovacionar a los procesados y ganarse sus simpatías. La Monarquía parlamentaria tiene sus mas sólidos cimientos precisamente en la capacidad de una alternativa de poder, que en nuestro país y con el actual mapa electoral sólo pueden ofrecer los socialistas. Suponer que un país es democrático porque existe una oposición, sin aceptar la eventualidad de que la oposición sea poder, es simplemente encuadrarse en el más burdo tejerismo.

La decisión de la Junta Electoral Provincial de Sevilla de ordenar a la CEOE que se abstenga de realizar propaganda electoral, basándose en- que el artículo 37 del decreto de 18 de marzo de 1977 no incluye a los grupo de presión entre los agentes electorales, concede una nueva y espectacular dimensión al problema. Con independencia de la discutible fundamentación jurídica de la medida, la participación directa en una campaña electoral de una organización empresarial para descalificar al segundo partido político del país resulta anómala, pero no nos parece ilegítima. Lo que nos parece es simplemente torpe, fundamentalmente porque atenta contra los verdaderos intereses empresariales que la CEOE dice representar. En un sistema democrático nadie debe negar a los grupos sociales su derecho a defender los intereses que articula y a tratar de influir en el proceso de elaboración de las decisiones políticas para obtener resoluciones favorables. Ni sé puede poner en duda su libertad para financiar a determinados partidos o favorecerles con donaciones o asesoramiento, siempre y cuando la transparencia presida esas actuaciones y la corrupción no las descalifique. Sin embargo, la competición abierta en las campañas electorales y la gestión directa del poder político son áreas tradicionalmente reservadas a los partidos en los regímenes de vieja raíz parlamentaria. La irrupción en la arena electoral, por parte de la CEOE, es la de un caballo en una cacharrería: si sufren los cacharros, más daño se hará a la postre el equino. Y es por eso, antes que nada y sobre todo, un flaco servicio a los empresarios españoles.

Los grupos de presión tienden a mantener una cierta equidistancia respecto a los partidos políticos, sin perjuicio de sus relaciones de parentesco o clientelismo con los más afines, en función de que su misión básica es la defensa, ante cualquier gobierno, de los intereses específicos que agrupan y amparan. La frontal ofensiva de la CEOE contra el PSOE, cuyas posibilidades de acceder al poder primero en Andalucía y luego en Madrid son ciertas, amenaza con deteriorar de tal forma las relaciones entre la organización empresarial y un eventual Gobierno socialista, que la sociedad española en su conjunto pagará los platos rotos de esas fricciones y desencuentros. La decisión de Ferrer Salat de echar el resto contra el PSOE representa no sólo un riesgo de futuro para los intereses que la organización patronal defiende sino que significa un preocupante desplazamiento de la CEOE hacia el campo de las posiciones estrictamente políticas. De ahí al aventurerismo solo hay un paso.