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CARTAS AL DIRECTOR

El juicio del 23-F

Como asiduo lector del periódico que usted dirige, he de comenzar esta carta felicitando la labor de todos los que lo hacen posible; quiero, especialmente, reconocer el trabajo de Martín Prieto por los espléndidos artículos con que obsequia a sus lectores, como preludio de la crónica del juicio sobre los hechos del 23-F. Es sobre este tema acerca del cual quería dirigirle unas líneas.El fiscal militar ha hecho un laborioso trabajo a lo largo de la causa, que ha culmínado con un magnífico informe. Sólo se echa en falta un punto que, en mi modesta opinión, no ha quedado destacado.

El artículo 9 de nuestra Constitución declara la sujeción de todos los poderes públicos a nuestro máxímo texto legal y al ordenamiento jurídico. En el artículo 61 se prescríbe que, al ser proclamado rey ante las Cortes, aquél prestará juramento de (...) guardar y hacer guardar la Constitución. Dejando a salvo la conducta de Su Majestad en los sucesos referidos, digna de un monarca constitucional, hubiera sido conveniente, por no decir necesario, que el fiscal hubiese precisado que la excusa absoltitoria de la obediencia debida no sería válida ni aun en el supuesto hipotético -absolutamente inexistente- de la complicidad de la más alta magistratura del Estado. Es precisamente en el reconocimiento de que la Constitución está por encima de todos los poderes públicos, porque pertenece al pueblo soberano, del que emanan todos los poderes del Estado (artículo 1), donde reside la auténtica esencia del Estado social y democrático de derecho. Así lo reconocen las Reales Ordenanzas Militares cuando eximen de obediencia a los mandatos anticonstitucionales. Lo expuesto no debe ser, pues, un valor entendido solamente; hay ocasiones en que es necesario decirlo, mostrando claramente así quiénes están con la Constítución y quiénes fuera de ella. Cuando, para quitar toda justificación a los acusados, el fiscal alude a que aquéllos no intentaron ni tan siquiera verificar la supuesta autorización real, no sólo se está prestando al juego de la excusa argumental de la defensa, sino que, implícitamente, se está poniendo en duda la propia supremacía de la Constitución sobre todos los poderes públicos./ .

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de mayo de 1982