Marruecos indemnizará a los españoles cuyas tierras fueron expropiadas en 1973

El Parlamento marroquí ratificó ayer el acuerdo hispano-marroquí de noviembre de 1979 sobre indemnizaciones a los españoles cuyas tierras fueron expropiadas en Marruecos, en virtud del decreto de nacionalizaciones de marzo de 1973. Unos cien españoles que fueron expropiados en virtud del citado decreto (dahir) de 2 de marzo de 1973 podrán repartirse, cuando el Gobierno marroquí haga efectivo ese importe, unos nueve millones de dirhams (144 millones de pesetas) que importa globalmente la indemnización que deberá satisfacer Marruecos.

El acuerdo de 1978 entre Madrid y Rabat estimaba que la superficie total de tierras españolas de propiedad privada nacionalizadas en Marruecos alcanzaba las 12.000 hectáreas.La hectárea fue valorada en ese acuerdo, cuya discusión se prolongó por cerca de cuatro años, en quinientos dirhams (8.000 pesetas).

Las 12.000 hectáreas en cuestión importan pues seis millones de dirhams (unos 96 millones de pesetas). La diferencia hasta los nueve millones de dirhams (144 millones de pesetas) corresponde a la valoración de los útiles de labranza, y otros elementos propiedad de los expropiados que también fueron objeto de nacionalización.

Largas negociaciones

Marruecos sólo aceptó iniciar negociaciones con España por este motivo de las indemnizaciones a partir de octubre de 1975, después de haber concluido negociaciones con Francia por el mismo tema.La nacionalización había alcanzado a todas las tierras propiedad de extranjeros. La superficie de tierras de ciudadanos franceses privados nacionalizada se elevó a 203.000 hectáreas, que fueron valoradas a 517 dirhams la hectárea. Esta cantidad sirvió de criterio para todas las otras negociaciones posteriores.

En julio de 1978 Marruecos y España firmaron en Madrid un primer acuerdo para la transferencia de los bienes públicos españoles.

El acuerdo no pudo lograrse entonces en lo que a los privados concernía, por la sustancial diferencia de apreciación entre partes.

Inicialmente el Gobierno marroquí había ofrecido pagar cinco millones de dirhams a los privados por las tierras que les habían sido nacionalizadas, pero les reclamaba simultáneamente una deuda fiscal de igual importe.

En realidad la oferta marroquí se limitaba a 860.000 dirhams (13.760.000) en concepto de indemnización por los elementos y equipos de labranza nacionalizados.

De acuerdo con el procedimiento habitual en estos casos, una comisión interministerial española deberá proceder ahora a evaluar la parte que corresponde a cada uno de los; aproximadamente cien españoles con derecho a indemnización.

Evaluación laboriosa

Esta puede ser la parte más laboriosa de la solución definitiva del problema de tierras nacionalizadas.El Gobierno francés, que tardó dos años en concluir con Marruecos las indemnizaciones globales a sus ciudadanos, necesitó sin embargo cinco años antes de poder repartir entre ellos aquellas cantidades.

La indemnización a los ciudadanos españoles, que no podrá ser hecha efectiva hasta después de ocho años de la relativa a los ciudadanos franceses, pero al mismo precio por hectárea, en proporción será sensiblemente inferior a la de éstos por la depreciación del dinero en ese periodo de tiempo.