El aborto, una ley necesaria

En esta semana se debatirá en el Pleno del Congreso de los Diputados la proposición de ley presentada por el Partido Comunista de España sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. La autora expone aquí el análisis que sobre la situación actual ha realizado su partido y las razones que le han impulsado a proponer esta ley.

Con el ánimo de dar solución al problema que se les presenta anualmente a cientos de miles de mujeres españolas, que se ven obligadas a abortar de forma clandestina, con grave riesgo para su salud física y mental, el PCE presenta en las Cortes una proposición de ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Entendemos que en torno a la discusión de este proyecto de ley es necesario abrir un debate que amplíe la esfera de participación.Este debate no puede limitarse a los grandes hechos políticos y sociales, sino que es necesario abordar, asimismo, los temas de las relaciones interpersonales y de la vida afectiva de los individuos; de todos los hechos privados que, en la medida que implican a amplias masas de personas y son portadores de contenidos ideologicos y morales, se convierten nuevamente en grandes hechos "políticos y sociales; se extienden a las conciencias de las mujeres y los hombres, introduciendo en esta esfera nuevos elementos de análisis social a partir del respeto hacia los demás, a la autonomía de cada persona y a las relaciones interpersonales, aportando nuevos ideales y contenidos morales. ¿Por qué una ley de interrupción voluntaria del embarazo? Ante la realidad objetiva de hasta 300.000 abortos clandestinos anuales, según la memoria del fiscal del Tribual Supremo de 1974, el PCE se plantea la urgencia de una ley que satisfaga a la vez las aspiraciones de las mujeres y las necesidades de la sociedad en esta materia. El fin prioritario es, sin ningún género de duda, la defensa del ejercicio de la maternidad en las mejores condiciones para la madre y para la vida del futuro hijo/a. Dentro de este marco, el objetivo fundamental es la lucha contra el aborto clandestino y la propuesta y adopción de medidas tendentes a evitar dichos abortos clandestinos.

Porque paradójicamente nos encontramos en un país cuyo Gobierno, supuestamente antiabortista, no pone ningún medio para evitar los abortos clandestinos, salvo su penalización (que, por otro lado, la realidad nos demuestra que es una medida ineficaz para su erradicación), favoreciendo, por el contrario, su práctica habitual. Esto es así porque en España son prácticamente inexistentes medidas eficaces que regulen la prevención del aborto en materia de administración e información sobre anticonceptivos, así como otro tipo de leyes de protección a la maternidad, al igual que las existentes en otros países donde incluso el aborto está legalizado o despenalizado.

Respeto a las conciencias

En este punto conviene hacerse una pregunta: ¿cuántas personas, en nuestra sociedad, estarían de acuerdo en que se dictasen normas sobre regulación del embarazo que permitiesen erradicar el aborto clandestino? Seguramente una mayoría. Al margen, por supuesto, de que haya un amplio número de personas cuyas conciencias, por motivos religiosos o de otra índole, que es necesario respetar, no les permitiese a ellas personalmente poner en práctica la interrupción del embarazo. Precisamente porque hay que respetar en una sociedad democrática las opiniones y la voz de las conciencias de todos, ningún sector puede imponer coactivamente a los demás sus propios puntos de vista.

Históricamente ha sido la Iglesia católica, aunque su opinión haya variado según las épocas, la que de una forma más clara ha manifestado su oposición. Y es en los países con tradición católica y escasa tradición democrática donde ha sido más difícil regularizar la interrupción voluntaria del embarazo. En Europa sólo quedan por hacerlo Irlanda, Portugal y España. A partir de la aprobación por una inmensa mayoría de españoles de la Constitución, España se manifiesta como un Estado no confesional. No se puede, por tanto, como se está pretendiendo, imponer una legislación sobre el tema a partir del confesionalismo.

Es necesario, por el contrario, un esfuerzo por parte de todos para encontrar una solución razonable que respete al máximo las conciencias individuales. El enfoque más correcto puede ser considerar el aborto, por su magnitud, un problema de Estado, al cual dicho Estado debe dar solución. Este adoptará las medidas necesarias y legislará en consecuencia, optando necesariamente por algún tipo de regularización, despenalización o legislación de la interrupción voluntaria del embarazo. Así, el problema se traslada de la conciencia personal al Estado, que asume con realismo dicho problema. Las medidas que proponga el Estado en esta materia no son de obligado cumplimiento, sino optativas para que se acojan a ellas los distintos sectores, según sus conciencias personales y religiosas.

Cualquier enfoque diferente sobre la interrupción voluntaria, del embarazo conlleva necesariamente una manipulación e instrumentalización política. Y las mujeres que desgraciadamente se encuentran con la necesidad de abortar huyen de estos planteamientos. No nos debemos olvidar que en España, lo mismo que en otros países, abortan por necesidad mujeres de todas las ideologías y confesiones religiosas.