HB acusa al alcalde de Bilbao de percibir dinero por el cobro de multas

La amenaza por parte del Ayuntamiento de Bilbao de embargar hasta 20.000 vehículos propiedad de personas que tienen pendientes de pago multas municipales o el impuesto de circulación ha coincidido con la denuncia por parte de los concejales de Herri Batasuna del cobro por el alcalde y un determinado número de funcionarios de importantes cantidades de dinero en concepto de "incentivos por recaudación".

La posibilidad de cobrar tales incentivos es contemplada en el artículo 256 del Reglamento de Haciendas Locales, de 4 de agosto de 1952, según el cual los agentes recaudadores de las deudas municipales, podrán percibir la mitad del 20% de recargo que la ley autoriza aplicar a los morosos. Por esta vía, según Herri Batasuna, cada uno de los siete miembros de la Comisión de seguimiento y control de la recaudación ejecutiva, que preside el alcalde, el miembro del PNV Jon Castañares, y que se reune una vez al mes, se habría embolsado en los últimos nueve meses cerca de 700.000 pesetas.Anteriormente, la fórmula de reparto de ese porcentaje del recargo se distribuía a razón de un 40% para el jefe del servicio, un 20% para el subjefe y el otro 40% a repartir entre los auxiliares. El año pasado se modificó el sistema en el sentido de establecer topes máximos para cada una de las tres categorías anteriores: 600.000 pesetas anuales para los jefes, 400.000 pesetas para los mandos intermedios y 250.000 pesetas al resto. La reestructuración implicaba también la creación de una comisión de control y seguimiento integrada por seis altos funcionarios del Ayuntamiento y presidida por el presidente de la Comisión de Hacienda, que es el alcalde.

Según Herri Batasuna, desde junio de 1981, hasta marzo de 1982, los siete miembros de la comisión y otros 29 funcionarios han percibido por esta vía un total de 11.868.441 pesetas. El alcalde y los otros seis habrían así percibido unas 70.000 pesetas al mes y unas 20.000 los 29 funcionarios restantes.

La denuncia de los concejales de Herri Batasuna no se refiere tanto a la legalidad de tales percepciones como a la inmoralidad que creen reviste esa práctica. La ley de 1952, en que se apoya este sistema extraordinario de sobresueldos para los funcionarios, estaba pensada para pequeños municipios.