Comienza hoy en Chicago el juicio por el naufragio del petrolero 'Amoco Cadiz'

Uno de los más importantes procesos en materia de polución marítima comienza hoy en Chicago (Estados Unidos), donde, cuatro años después de la marea negra producida por el petrolero Amoco Cádiz en las costas del norte de Bretaña, el Estado francés, los municipios siniestrados y muchas compañías americanas y liberianas estarán por primera vez frente a frente en defensa de sus respectivos intereses.

Lo que se ventila en este juicio, cuya duración puede prolongarse durante un año y medio, tiene importantes consecuencias, sobre todo de tipo económico. Las poblaciones locales contaminadas, los profesionales tocados por las 228.000 toneladas de petróleo vertidas en marzo de 1978 por el Amoco Cádiz y el propio Estado francés tienen la intención de hacer pagar muy cara su acción a los contaminadores, a los que reclaman unos 50.000 millones de pesetas en concepto de daños y perjuicios. Además, todas las partes personas en el proceso son conscientes de que el juicio que comienza hoy sobrepasa el estricto ámbito de la catástrofe del Amoco Cádiz, ya que, al ser el primer juicio sobre un tema de esta naturaleza, la resolución judicial que se dicte creará jurisprudencia.Para las víctimas de la marea negra, entre las que ha sido elegida una comisión de 55 miembros para estar presente en el juicio de Chicago, no se trata exclusivamente de obtener una reparación económica para poder pagar los gastos de limpieza de las playas y las primeras indemnizaciones. Otros perjuicios económicos, ecológicos, turísticos y aun morales deben ser, a su juicio, reconocidos en el proceso. Para conseguir este objetivo, el sindicato mixto del litoral noroeste de la Bretaña, que comprende 76 localidades, decidió demandar a seis grandes compañías, entre ellas Amoco International, sociedad americana cuya sede social está en Chicago; Amoco Transport, armador liberiano del petrolero siniestrado, y la Standard Oil of Indiana. La última semana fue retirada otra demanda como consecuencia de un acuerdo amistoso con la compañía American Bureau of Shipping, que, por tanto, no será perseguida judicial mente.

Después de cuatro años, los municipios contaminados no han ahorrado esfuerzos para llevar adelante el proceso, que ya les ha costado 200 millones de pesetas, financiados por diversos préstamos y una contribución anual de siete francos (unas 120 pesetas) por habitante. Al lado del sindicato que agrupa a estas localidades, el Estado francés, que solamente ha demandado a la compañía Amoco International, y otras localidades del departamanto de Finisterre han planteado paralelamente otras acciones judiciales. La multiplicidad de demandas refuerza todavía más la complejidad de un asunto sumamente delicado, aunque sólo sea por las múltiples disposiciones legales que pueden ser aplicadas.

El juez federal de Chicago, Frank McGarr, que ha de resolver el caso, podrá decidirse para resolver cada demanda, bien por el derecho internacional privado americano, bien por el derecho internacional privado francés.

Desde los primeros momentos del juicio, los responsables del petrolero Amoco Cádiz se esforzarán en echar toda la responsabilidad de la catástrofe sobre el Estado francés, al que acusan de no haber sido capaz de "hacer respetar la seguridad del tráfico en sus aguas", y contra el que ellos han planteado una demanda reconvencional. En cuanto a los demandantes particulares franceses, si bien sus abogados guardan silencio, es probable que pondrán énfasis en el estado del petrolero en el momento de los hechos.

En vísperas de la apertura del proceso, al que están citados numerosos testigos, nada permite vaticinar cuál puede ser el resultado del mismo. Los municipios contaminados de Bretaña tienen la esperanza de comenzar en buenas condiciones a principios de 1983, la segunda parte del juicio, en la que se evaluará los daños efectuados a 400 kilómetros de playas a lo largo de Bretaña, desde Portsall a la isla de Brehat.